CIUDAD DE MEXICO I La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) anunció esta noche que abrió carpeta de investigación contra el priísta Adrián de la Garza, y el emecista Samuel García y sus familiares por presuntos delitos electorales.
Adrián de la Garza es candidato de la coalición PRI-PRD y Samuel García de Movimiento Ciudadano, ambos contienden por la gubernatura de Nuevo León.
En su cuenta de twitter la Fiscalía General de la Republica detalló que en el asunto de Adrián de la Garza, candidato de la alianza priísta a gobernador de Nuevo León, se le investiga por solicitar el voto femenino a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa” con la que las mujeres que participen pueden obtener dinero, una vez que el aspirante gane las elecciones del próximo 6 de junio, «lo que significa la compra y coacción del voto”.
“Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente”, explicó.
“La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente”.
Por otra parte se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Samuel García, aspirante a gobernar Nuevo León; a su esposa Mariana Rodríguez y el padre de esta, Jorge Rodríguez, por financiamiento ilícito de campañas.
Por ello, también inició carpeta de investigación en contra de los tres y otras personas morales.
“Se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”, precisó la fiscalía.
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