Los 10 Gobernadores que integran la Alianza Federalista urgieron a la Suprema Corte de Justicia que resuelva la controversia sobre el desafuero del Gobernador de Tamaulipas.
En una carta publica, los mandatarios de Aguascalientes, Colima, Coahuila, Guanajuato, Durango, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas pidieron a la Corte pronunciarse sobre el conflicto constitucional entre la Federación y las entidades federativas en relación con la interpretación del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Federal.
Señalaron que, la definición sobre la competencia de los órganos federales y locales en el procedimiento de desafuero es fundamental para el futuro del pacto federal y no puede ser una cuestión exclusiva de la decisión de una cámara legislativa, sino que es un proceso colaborativo entre la Federación y las entidades federativas en el que debe delimitarse la participación de cada uno de los ámbitos de gobierno que intervienen.
Agregaron que, si bien hay una parte de la decisión de la Cámara Federal que es soberana e inatacable, constitucionalmente las entidades federativas participan teniendo la última palabra en lo que se refiere al retiro del fuero con el que cuentan los servidores públicos locales.
En este sentido, los poderes federales, Ejecutivo y Legislativo, han solicitado que la Suprema Corte, como máximo intérprete de la Constitución, se pronuncie sobre el tema, ya que resulta trascendental para definir las relaciones entre la Federación y las entidades federativas respecto a los procedimientos de responsabilidad.
Los mandatarios estatales afirman que, “Habíamos desterrado el uso faccioso de los procedimientos constitucionales como herramientas para la subordinación de las entidades federativas a la Federación. No debe permitirse que se configure un nuevo instrumento que pueda utilizarse para esta finalidad”.
Coinciden que, el único órgano que es responsable de delimitar las facultades de los ámbitos de competencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instamos a que se haga responsable de su función en el ordenamiento jurídico mexicano para abonar al fortalecimiento del federalismo, de la división de poderes y alcanzar el objetivo de consolidar el Estado de Derecho que todos buscamos.
La carta publica, fue firmada por los Gobernadores de 10 entidades: Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, José Ignacio Peralta Sánchez de Colima, Miguel Ángel Riquelme Solis de Coahuila, Javier Corral Jurado de Chihuahua, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato, José Rosas Aispuro Torres de Durango, Enrique Alfaro Ramirez de Jalisco, Silvano Aureoles Conejo de Michoacan, Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León y Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.
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