INTRÍNGULIS
Por Juan Carlos López Aceves
Democracia directa
¿Entonces la demanda de una ampliación de la democracia representativa y de la institución de la democracia directa es insensata?
NORBERTO BOBBIO (1984) planteó esta interrogante al analizar el futuro de la democracia, en un libro publicado por primera vez hace 37 años.
Consideró que no (p.50), respondió el politólogo italiano, quien constató una exigencia creciente para que la democracia representativa fuera acompañada e incluso sustituida por la democracia directa (p.49).
México no fue la excepción a la regla: el creciente malestar de la ciudadanía con su representación política en las decisiones públicas (sobre todo con el PAN, PRI y PRD), dio paso a reformas constitucionales que incorporaron a la Carta Magna, figuras jurídicas de la democracia directa.
Los partidos políticos tradicionales, dejaron en letra muerta lo señalado por el artículo 39 de la Carta Magna:
La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Insatisfacción creciente con la democracia representativa y los partidos que gobernaron en México, sobre todo a partir de 2000 (FOX, CALDERÓN y PEÑA), que dio paso al surgimiento de nuevas organizaciones políticas (MORENA en 2014) y empodera al fenómeno populista a partir de 2018.
LATINOBARÓMETRO, una encuesta anual aplicada en 18 países, entre los cuales se incluye a México, retrató en su edición de 2018 el malestar que las y los mexicanos tenían con los resultados de la democracia representativa.
Únicamente el 18% de la ciudadanía dijo estar satisfecha con la democracia, situando a México en el lugar 5 entre los menos satisfechos. Mientras que el 88% sostuvo que la representación política gobernaba para beneficio de los grupos poderosos del país (élite política-económica), colocando a México en la segunda posición entre los porcentajes más altos.
Otro dato que arroja el LATINOBARÓMETRO es contundente y que también explica en buena medida el discurso del presidente LÓPEZ OBRADOR:
Solo el 9% de la ciudadanía mexicana, sostiene que se gobierna para el bien de todo el pueblo, colocando a México con el segundo porcentaje más bajo entre los 18 países evaluados.
Finalmente, para el 61% de las y los mexicanos, el presidente de la República y sus funcionarios están involucrados en actos de corrupción, ocupando en este rubro el tercer lugar del ranking latinoamericano.
Malestar de la ciudadanía que también detonó la aprobación de reformas a la Carta Magna, para incorporar mecanismos de democracia directa, como es el caso de la Consulta Popular publicada el 9 de agosto de 2012.
AMÉRICO VILLARREAL ANAYA tiene razón, cuando dice que la soberanía radica en el pueblo y que la Consulta Popular impulsada por el presidente LÓPEZ OBRADOR, es la oportunidad para que el pueblo se exprese a través del voto y su resultado sea vinculante para la autoridad.
Recordemos que ya en 2014, el PAN, PRI, PRD y MORENA, intentaron hacer efectiva la fracción VIIII del artículo 35 constitucional, sin tener éxito porque no superaron la revisión constitucional a cargo de la SCJN.
En esta ocasión la consulta impulsada por el presidente LÓPEZ OBRADOR, ya tiene el aval del Poder Judicial y del Congreso de la Unión, pero enfrenta ahora un desafío relacionado con su eficacia.
Para que este instrumento de la democracia directa ponga en movimiento al entramado institucional y legal, se requiere la participación en la consulta de por lo menos el 40% de la ciudadanía inscrita en el Listado Nominal.
Hablamos de al menos 37’198,096 votos, depositados en las 57,138 Mesas Receptoras que se instalarán en todo el país, el próximo domingo primero de agosto, de las cuales 1,651 estarán en Tamaulipas.
Un desafío que demanda el apoyo nacional de los liderazgos de Morena, para que los votos de la consulta impulsada por el presidente LÓPEZ OBRADOR, tengan un mandato obligatorio para la autoridad.
Como en Tamaulipas lo está haciendo el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, promoviendo la participación de la ciudadanía y fijando una meta de por lo menos 1’650,000 votos, es decir, 1,000 por cada Mesa Receptora.
Meta que representa una aportación del 4.4% al umbral mínimo (37’198,096 votos), exigido por los artículos 35 de la Carta Magna y 64 de la Ley Federal de Consulta Popular.
Por lo pronto la Consulta Popular ya tiene un voto asegurado: responderé a la pregunta binaria (si o no) y seré observador acreditado por el INE, una vez que tome el curso de capacitación sobre este ejercicio de democracia directa.
El primero que se organiza formalmente en México, para que la ciudadanía decida enjuiciar o no, el desempeño de la élite política tradicional (PAN, PRI y PRD) al frente de la representación popular.
Cuando hablamos de democracia directa significa que la ciudadanía participa en primera persona, en las deliberaciones que le atañen, señala NORBERTO BOBBIO (Op. cit., p.59).
Comment here