Foto: César Martínez López
CIUDAD DE MÉXICO | ONU Mujeres y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México recordaron que los poderes judiciales, a nivel federal y local, son responsables de garantizar los derechos de acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y a las garantías de no repetición de la periodista y defensora de Derechos Humanos, Lydia Cacho Ribeiro.
Después de conocer que el 15 de julio el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo otorgó un amparo al empresario José Kamel Nacif Borge, liberándolo de la responsabilidad por la tortura en contra de la periodista, ocurrida en diciembre de 2005, las entidades de la ONU emitieron un comunicado para recordar la obligación de las instituciones del Estado mexicano de garantizar una investigación efectiva en este caso.
En la comunicación, difundida este 29 de julio, ONU Mujeres y la ONU-DH expusieron que todas las autoridades, incluidas las judiciales, deben atender de manera efectiva denuncias de esta naturaleza. “La confianza que las víctimas de las violaciones de Derechos Humanos y de los abusos de poder, así como la sociedad en su conjunto, depositan en las operadoras y los operadores judiciales, les requiere asumir su tarea con responsabilidad, compromiso y sensibilidad para hacer efectivos los Derechos Humanos”, expusieron.
El 27 de julio Lydia Cacho y sus abogados de la organización Artículo 19 informaron en conferencia de prensa que las magistradas Selina Ahidé Avante Juárez, Graciela Bonilla González y Jorge Mercado Mejía (quien votó en contra) otorgaron a Nacif un amparo en revisión (bajo el número 143/2021) para dejar sin efectos la orden de aprehensión en su contra, al considerar que no hay pruebas de que el empresario ordenó torturar a la periodista.
Cabe recordar que el pasado 14 de mayo autoridades de Líbano detuvieron a Kamel Nacif por el delito de tortura y le retiraron sus pasaportes libanés y mexicano para que no pudiera salir del país. Sin embargo, él estaba siguiendo su proceso en libertad, bajo fianza. La periodista mexicana ha señalado que después de esta resolución el proceso en el Líbano continuará, pero sin el respaldo de la Fiscalía General de la República.
Al respecto, ambos organismos destacaron que la investigación de la tortura a Cacho Ribero, consecuencia de la publicación de su libro “Los Demonios del Edén”, donde destapó una red de trata de personas y pornografia infantil, debe incorporar plenamente la perspectiva de género y tender a determinar no sólo los autores materiales de los hechos sino también los autores intelectuales de los mismos, para evitar que permanezcan en la impunidad.
ONU Mujeres y la ONU-DH también recordaron la obligación de todas las instituciones del Estado mexicano es cumplir con el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, emitido en 2018, donde se determinó que el Estado mexicano violó el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión.
De acuerdo con conversaciones telefónicas reveladas en 2016, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y Kamel Nacif, acordaron la detención y tortura de la periodista, pues en su libro nombró a políticos involucrados en pornografía infantil. Es por esto que en la resolución del Comité de la ONU consideró que, “la detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino más bien una medida de carácter punitivo y, en consecuencia, arbitraria”.
Además, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la ONU (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha establecido que los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial pueden impedir el acceso a la justicia y comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes.
Ante esto, los organismos de Naciones Unidas expusieron la obligación de las autoridades de garantizar un ambiente propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender los Derechos Humanos en México; y la obligación de investigar y sancionar los actos que pretendan coartar estos derechos. Aseguraron que la actividad de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos es esencial en una sociedad democrática.
“El propio trabajo de la señora Cacho ha demostrado la importancia del periodismo para dar a conocer los abusos cometidos desde diferentes ámbitos de poder. La impunidad en el caso de Lydia Cacho no sólo afecta a la periodista y a sus familiares y favorece la repetición de los delitos y las violaciones a Derechos Humanos e impacta negativamente a todas las mujeres en México que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos”, expusieron.
Niegan amparo a Mario Marín
El 27 de julio la organización Artículo 19 también informó que se notificaron dos sentencias emitidas por el Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo. En una de estas resoluciones se negó el amparo al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, contra el auto de formal prisión que le fue dictado el 10 de febrero de 2021, por su probable responsabilidad en el delito de tortura contra Lydia Cacho.
También se le negó al exgobernador de Puebla el amparo contra la solicitud que realizó para llevar su proceso bajo libertad. Sin embargo, la defensa legal de la periodista informó que Marín puede impugnar esta decisión tomando como referente la resolución del Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo, en donde se dice que hay no pruebas de que Marín y Nacif ordenaron cometer un crimen contra Lydia Cacho.
Además, este 28 de julio la periodista informó en sus redes sociales que le fue notificado que el ex director de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam Beltrán, solicitó la suspensión de la ejecución de la orden de aprehensión en su contra. Esto, aprovechando la sentencia a favor de Kamel Nacif, ya que desde 2019 existe una orden de aprehensión en su contra, por ser otro de los autores intelectuales de tortura.
