CIUDAD VICTORIA, Tam. | El Grupo parlamentario de Morena presentó en el pleno del Congreso del Estado, las primeras iniciativas para endurecer las penas contra actos de violencia contra menores, reclasificación de homicidios de mujeres como feminicidios, así como la ley de austeridad republicana y salarios para funcionarios.
Correspondió al diputado Humberto Prieto Herrera quien presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en materia de delitos por hechos de corrupción.
Explicó que, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo en 2019, cerca de 300 mil ciudadanos del Estado, fueron víctimas al menos de un acto de corrupción.
“La situación ha alcanzado niveles tan delicados, que Tamaulipas tiene a cinco exgobernadores acusados de delitos relacionados con hechos de corrupción. Sin abundar en detalles, y si bien en el año 2020 se imputaron delitos a 103 servidores públicos, ello no refleja la grave realidad de la corrupción en el Estado”, señaló.
El legislador señaló que es necesario declarar imprescriptibles algunos supuestos previsto en la ley actual, ya que, constituye un obstáculo para el ejercicio de la acción penal pública, para el enjuiciamiento, y la eventual condena y que pueden derivar en impunidad.
“Esto resulta también fundamental toda vez que la impunidad, que es la consecuencia final y el efecto inmediato de la aplicación de la prescripción en esta materia, constituye en sí, otra violación más”, señaló.
Pero además, se propone imponer penas más severas de las sanciones respecto de diversos delitos del Código Penal para el Estado; en el caso de cohecho, la pena de prisión prevista de 2 a 6 años, pasaría a 4 a 6 años de prisión, incrementándose conforme a la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación solicitada por el funcionario público y que podrá alcanzar hasta los 20 años de prisión.
Para el delito de peculado, que prevé penas de prisión de hasta 14 años de cárcel, se proponen en la iniciativa hasta los 20 años de prisión, mientras que en el delito de concusión, la pena de prisión podría alcanzar también hasta los 20 años de prisión como máximo, mientras que actualmente se prevén 14 años de cárcel.
En cuanto al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, las penas propuestas como máximo van de 10 a 20 años de prisión y el mismo tiempo para poder ejercer cualquier otro cargo público.
Al responsable del delito de ejercicio abusivo de funciones, se prevén penas de cuatro a diez años de prisión y de 10 a 20 años de prisión para el delito de enriquecimiento ilícito.
La iniciativa se reservó, hasta en tanto sean constituidas las comisiones para su turno correspondiente.
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