México
Califica HRW de ‘aberrante’ reactivación del programa “Quédate en México”
WASHINGTON | La ONG Human Rights Watch (HRW) calificó este jueves de “aberración” la reactivación del programa para migrantes “Quédate en México” –‘Remain in Mexico’– en la frontera con Estados Unidos, que expondrá “nuevamente” a los solicitantes de asilo a riesgos de “secuestro, extorsión, violaciones y otros abusos”.
HRW consideró que, si bien el programa ha sido modificado por la Administración de Joe Biden, “hay pocas razones para creer que las agencias gubernamentales responsables de implementar el plan puedan hacerlo de un modo que respete los Derechos Humanos.
“Las agencias fronterizas, a ambos lados de esta, han estado implicados en un número de abusos que son intrínsecos al programa y siguen actuando con casi absoluta impunidad”, indicó la ONG.
La investigadora de fronteras en HRW Ari Sawyer subrayó que, en el marco del programa, las autoridades mexicanas y estadunidenses “han adoptado medidas a sabiendas de que ponían en riesgo la vida de miles de solicitantes de asilo”. “No hay forma de que un programa diseñado para postergar el derecho a solicitar asilo obligando a las personas a esperar en sitios peligrosos pueda operar de un modo que respete sus derechos”, agregó.
Los gobiernos de Estados Unidos y de México anunciaron que, a partir del 6 de diciembre, empezarían a inscribir a solicitantes de asilo en “Quédate en México”, incluyendo a personas que no hablan español, como haitianos, brasileños y personas indígenas, y los enviarían a siete ciudades en la frontera mexicana para que esperaran allí el resultado de sus solicitudes.
El programa no tiene en cuenta que “muchos de aquellos enviados a México como parte de la iniciativa han sido blancos sistemáticos de violencia por organizaciones delictivas y, a veces, por policías y agentes migratorios mexicanos”, lamentó HRW.
Si bien Washington afirma que mejorará el proceso de identificar solicitantes con vulnerabilidades para evitar que sean enviados a México, esto seguirá dependiendo de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los remitan a una entrevista con un funcionario de asilo.
HRW concluyó que, tanto en el contexto de “Quédate en México” como fuera de él, los agentes generalmente no realizan las remisiones que exige la ley. El programa ha agudizado las falencias que ya tenía el sistema de tribunales de migración estadunidense, incluyendo la falta de acceso a asesoramiento jurídico, obstáculos a la representación legal, falta de transparencia y garantías legales limitadas.
Además, según la ONG, el programa seguirá enviando a solicitantes de asilo a dos ciudades en el estado de Tamaulipas, un lugar “particularmente peligroso”. Allí, organizaciones delictivas y policías del estado han perpetrado ejecuciones masivas de migrantes, denuncia HRW, que insiste en que tanto las autoridades estadunidenses como mexicanas reconocen que los secuestros son frecuentes en la zona de Tamaulipas cercana a la frontera estadunidense.
El Departamento de Estado estadunidense emitió una alerta de no viajar para el estado, en la cual indica que “miembros fuertemente armados de organizaciones delictivas suelen patrullar zonas del estado y actúan con impunidad, sobre todo a lo largo de la región de la frontera”. HRW y otros actores han instado reiteradamente al gobierno de Estados Unidos a que no envíe solicitantes de asilo a Tamaulipas.
Presuntas mejoras
La Administración Biden señaló que se ve obligada a reanudar el programa debido a una decisión del Tribunal Supremo, pero que lo hará con “mejoras de carácter humanitario”. Estas incluyen resolver la mayoría de los casos de asilo en un plazo de seis meses, asegurar que los solicitantes de asilo tengan acceso a asesoría legal y verificar que las “personas particularmente vulnerables” no sean inscritas en el programa.
También prometió que aquellos enviados a México tendrán acceso a albergues y medios de transporte seguros y podrán obtener permisos de trabajo y acceder a centros de salud y otros servicios en México.
“Tanto Estados Unidos como México prometieron muchas de estas presuntas mejoras durante la primera instancia del programa, pero nunca se concretaron”, lamentó HRW, que también remarcó que el gobierno de estadunidense expuso a solicitantes de asilo al riesgo de ser torturados en México, pese a reconocer desde el inicio del programa su obligación de asegurar que esto no sucediera conforme a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Estados Unidos también se comprometió previamente a no enviar a solicitantes de asilo de grupos vulnerables a México, pero HRW comprobó que los agentes fronterizos no evaluaban si las personas tenían vulnerabilidades o bien, a sabiendas, enviaban a México a solicitantes de asilo particularmente vulnerables, incluyendo personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas y mujeres embarazadas.
El gobierno mexicano tampoco identificó a personas con discapacidad o condiciones de salud crónicas que Estados Unidos había enviado a México en el marco del programa. “Los gobiernos de Estados Unidos y de México deberían dar marcha atrás de inmediato”, remarcó Sawyer.
*Con información de “Europa Press”.
Ciudad de México.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, puso en marcha el programa semanal “Derecho de Réplica”, un nuevo espacio de comunicación impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de responder y desmentir información que considere falsa o engañosa sobre la administración federal.
La primera emisión se realizó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y será transmitida de manera semanal a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Según explicó Alcalde, el propósito no es confrontar a periodistas o medios de comunicación, sino contrastar versiones difundidas en medios y redes sociales con información oficial y datos verificables.
Durante la presentación del programa, la funcionaria señaló que en los últimos años se han intensificado campañas de desinformación y difusión de noticias falsas, por lo que consideró necesario abrir un espacio institucional para ejercer el derecho de réplica y proporcionar a la ciudadanía elementos que permitan verificar la información.
Alcalde adelantó que en futuras emisiones podrán participar titulares de dependencias federales para aclarar información relacionada con sus respectivas áreas, además de analizar la forma en que determinadas narrativas se difunden y amplifican en redes sociales.
La creación de “Derecho de Réplica” fue anunciada previamente por la presidenta Sheinbaum como parte de una estrategia para responder a lo que su gobierno considera campañas de desinformación impulsadas por sectores opositores nacionales y extranjeros. El nuevo espacio complementará otros mecanismos gubernamentales de verificación informativa, como Infodemia.
En su primera emisión, el programa abordó publicaciones difundidas por diversos medios de comunicación y comunicadores críticos del gobierno federal, cuyos contenidos fueron refutados por la funcionaria con información proporcionada por dependencias oficiales.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca fortalecer su estrategia de comunicación pública y ofrecer una respuesta institucional inmediata ante información que considere inexacta, en medio de un escenario político marcado por la confrontación entre el oficialismo y sus críticos.
La presidenta y 32 empresas firman el compromiso de no incrementar el precio de los 24 productos de la canasta básica en seis meses en beneficio de las familias mexicanas
CIUDAD DE MÉXICO |La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó con 32 empresas proveedoras y tiendas de autoservicio, la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica para el bienestar de las familias mexicanas.
“El día de hoy celebro, de verdad celebro, este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio. Muchas felicidades y muchas gracias de verdad a todas y a todos”, resaltó desde el Patio Central de Palacio Nacional.
Señaló que el PACIC es ejemplo para muchos países, ya que es una medida importante para evitar que la inflación incremente por el contexto internacional y que esto afecte a la economía de las familias mexicanas.
Asimismo, reconoció y agradeció al sector gasolinero por el acuerdo para mantener el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos y del diésel en 27 pesos, a través de diferentes incentivos al IEPS.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, puntualizó que la firma del PACIC renueva el compromiso del sector público y el privado con las familias mexicanas, además de que con ello, México demuestra que la relación entre ambos sectores tiene resultados positivos.
Agregó que México es una economía responsable con finanzas públicas sólidas y con capacidad para construir soluciones mediante el diálogo entre el sector público y privado.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, señaló que este acuerdo voluntario es inédito y vela por las familias que menos tienen. Además, puntualizó que el PACIC es considerado como una práctica exitosa en otros países.
El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Diego Cosio Barto, reafirmó el compromiso de todos los miembros de esta asociación para continuar con el bienestar de las familias mexicanas. También agradeció las mesas de trabajo con las diferentes dependencias del Gobierno de México.
El presidente de Grupo SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón, resaltó que el PACIC es una medida que habla del liderazgo de la presidenta de México y de su compromiso para proteger la economía de las familias mexicanas.
En la firma de la renovación del PACIC, la jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado. Así como por las y los representantes de las 32 empresas signatarias, proveedoras y tiendas de autoservicio que refrendaron su compromiso por la defensa del poder adquisitivo y la estabilidad de los precios de 24 productos de consumo básico: carne de pollo, res, cerdo y pescado, huevo, leche, pan, harina de maíz para producir tortilla, frutas y vegetales, así como azúcar, pastas, aceite vegetal, granos y artículos de limpieza personal.
Ciudad de México. – El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, solicitó licencia temporal a su cargo en medio de la polémica generada por los señalamientos realizados en su contra por autoridades de Estados Unidos, que lo vinculan presuntamente con el narcotráfico.
La petición fue presentada este jueves ante el Senado de la República, con el argumento de evitar que la controversia política y mediática afecte el desarrollo de los trabajos legislativos del periodo extraordinario. En su lugar acudirá su suplente, Omar López Campos, quien participará en las sesiones programadas para esta semana. (Grupo Animal)
Inzunza había rechazado inicialmente separarse del cargo y sostuvo durante semanas que enfrentaría las acusaciones “sin miedo” y desde su posición como senador. Sin embargo, tras comparecer ante la Fiscalía General de la República y luego de mantenerse alejado de las sesiones legislativas, finalmente optó por pedir licencia temporal. (La Jornada)
El legislador sinaloense enfrenta una fuerte presión política desde que autoridades estadounidenses lo incluyeron entre varios funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y con facciones del Cártel de Sinaloa. Las acusaciones también alcanzaron al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros integrantes de su administración. (Wikipedia)
Aunque Morena ha respaldado públicamente al senador y ha denunciado una “embestida mediática” y política contra sus representantes, la oposición ha utilizado el caso para exigir investigaciones más profundas e incluso promover solicitudes de desafuero contra funcionarios sinaloenses.
La licencia de Inzunza ocurre en un momento clave para el Senado, donde Morena y sus aliados requieren mantener la mayoría calificada para sacar adelante reformas constitucionales impulsadas por el gobierno federal.
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