Con este Pacto, el TEPJF, el INAI, autoridades judiciales y de transparencia con organismos de la sociedad civil, buscan impulsar el acceso a la información judicial en condiciones de igualdad.
CIUDAD DE MÉXICO | Con la finalidad de impulsar acciones que garanticen el derecho de acceso a la información judicial en condiciones de igualdad y no discriminación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) junto con más de 50 órganos jurisdiccionales estatales e instituciones de transparencia, así como organizaciones de la sociedad civil, firmaron el Pacto Nacional por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género, convocado por la organización EQUIS: Justicia para las Mujeres.
El Pacto fue signado por el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón; el comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez; el magistrado Armando Maitret, por parte de la AMIJ; las codirectoras de EQUIS: Justicia para las Mujeres, Fátima Gamboa Estrella e Isabel Erreguerena Citeri, y en calidad de testigo de honor, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso.
Durante el evento, en el que participaron los magistrados de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, también firmaron magistradas y magistrados de poderes judiciales estatales y, por videoconferencia, representantes de instituciones de transparencia. El Pacto contempla diferentes líneas estratégicas, como la generación de información estadística útil y accesible; adopción de mecanismos de participación ciudadana; capacitación judicial con indicadores de evaluación de impacto; políticas de transparencia proactiva; publicación de sentencias judiciales; así como justicia digital y prácticas innovadoras.
Al asegurar que las juezas y los jueces deben ser conscientes de la realidad y adoptar estrategias para mejorarla, acercándose a la ciudadanía para responder a sus exigencias, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, indicó que con la firma del Pacto se busca que los tribunales actúen horizontalmente con las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil para construir la transparencia de la labor jurisdiccional y visibilizar los obstáculos que enfrentan las mujeres al ejercer sus derechos, en particular los político-electorales.
Con este Pacto, refirió, también se busca una mayor participación de la sociedad civil en mejorar la impartición de justicia con una perspectiva de género y la colaboración para que sea la ciudadanía quien monitoree a los tribunales y esté en mayor contacto con su labor. Con este esfuerzo, añadió, se sigue el camino que marcan los principios de transparencia proactiva, de colaboración y de participación ciudadana.
Por su parte, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, indicó que los poderes judiciales deben guiarse por los principios de equidad, no discriminación y perspectiva de género, como instancias encargadas de materializar el derecho constitucional de acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la inclusión, así como la eliminación de toda violencia y desigualdad social.
Sostuvo que la adopción del modelo de justicia abierta, plasmado en este Pacto, posibilita que los tribunales generen información útil y accesible que le permita a las personas comprender la forma en la que se toman las decisiones, además de transparentar su actuación y detonar procesos de rendición de cuentas más efectivos que fortalezcan el Estado de derecho.
En su participación, la magistrada del TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso, aseveró que el Pacto ofrece oportunidades para que, en alianza, se aplique una justicia electoral más abierta, cercana a las y los ciudadanos con perspectiva de género, pero, sobre todo, acorde con los altos estándares de respeto a los derechos humanos de las mujeres, para reconocer la deuda histórica con las mujeres indígenas, con discapacidad, afromexicanas o de grupos LGBTTTIQ+.
La magistrada dijo que es necesaria una mejor y eficiente conexión entre las instituciones y la sociedad civil para erradicar el mito de que las mujeres no pueden trabajar juntas y para ello, dijo, es indispensable que la ciudadanía sea crítica y tengan una lupa en las acciones que realizan las autoridades judiciales e instituciones públicas.
En su oportunidad, a través de videoconferencia, la ministra de la SCJN, Margarita Ríos Farjat, refirió que el lenguaje es parte fundamental de la Justicia Abierta, por lo que debe ser utilizado de manera adecuada para no generar un mensaje discriminador, excluyente o de estereotipos.
Luego de comentar que la justicia es una construcción social y por ello es indispensable la participación ciudadana, consideró necesario que las sentencias de los tribunales sean claras y entendibles, de lo contrario, difícilmente la ciudadanía comprenderá los méritos de los tribunales.
Durante su intervención, el magistrado Armando Maitret, por parte de la AMIJ, resaltó que el TEPJF es guardián y baluarte de la democracia, la cual no es viable sin mujeres, sin el ejercicio pleno de sus derechos y sin la garantía, por parte de las instituciones del Estado, de la realización de sus proyectos de vida en un plano de igualdad sustantiva.
Por ello, aseveró que la firma del Pacto es significativa porque visibilizará la impartición de justicia para las mujeres a través de las sentencias de los tribunales con el objeto de ser evaluados por la sociedad, lo que traerá mejores condiciones del servicio de la justicia.
En su mensaje, Fátima Gamboa Estrella, codirectora de EQUIS: Justicia para las Mujeres, destacó la importancia de que diferentes poderes judiciales de las entidades del país, el TEPJF y el INAI se sumen al llamado por parte de la sociedad civil para impulsar acciones para mejorar el acceso a las resoluciones judiciales y hacer frente a la violencia contra las mujeres.
Acompañada por la también codirectora de dicha organización, Isabel Erreguerena Citeri, agregó que el Pacto permitirá que cada tribunal, en coordinación con la ciudadanía, construya un modelo de justicia abierta y dé a conocer las acciones implementadas en materia de máxima publicidad de sentencias, colaboración con la sociedad civil, justicia digital, entre otras.
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