MONTERREY | Brenda Sánchez, Diputada de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal local para tipificar como delito la cobranza extrajudicial ilegal; es decir, la cobranza mediante departamentos internos o externos con prácticas de hostigamiento e intimidación sin restricción alguna de las autoridades competentes.
Con la iniciativa de la Bancada Naranja, indicó la Diputada, se busca una sanción de 1 a 4 años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien realice la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.
Si los responsables de cometer la cobranza extrajudicial ilegal usan documentos o sellos falsos para intimidar a los deudores, la multa económica se incrementará en un 50 por ciento.
«Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia física, moral o psicológica; la intimidación ilícita, ya sea personalmente o a través de cualquier medio», dijo Sánchez.
«Su propósito es generar hostigamiento a través de amenazas, insultos, difamaciones, lo que provoca muchas veces afectaciones a la salud emocional de los deudores».
Sánchez explicó que tras la crisis sanitaria por el Covid-19 muchos ciudadanos perdieron sus empleos, o sufrieron alguna rebaja en sus salarios, impactando negativamente en sus ingresos.
Y ante esta situación se vieron afectados al momento de cumplir con sus obligaciones crediticias.
Los acreedores comenzaron con la práctica de la cobranza extrajudicial ilegal amenazando a sus deudores con prisión, embargos y chantajes, vulnerando la paz de los ciudadanos.
«Muchos ciudadanos perdieron sus empleos formales, a algunos otros se les rebajó el salario o tuvieron que realizar actividades económicas informales para sacar adelante a sus familias», comentó la legisladora.
«Esta situación particular provocó que muchos ciudadanos no pudieran hacer frente a sus obligaciones crediticias con instituciones financieras, casas comerciales, instituciones bancarias, etcétera».
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