México
A un año del feminicidio de Victoria Salazar, sin justicia ni reparación del daño
Dilaciones en el proceso penal, falta de perspectiva de género y de cumplimiento de la Recomendación de la CNDH, algunos de los obstáculos que enfrenta la familia de Victoria para acceder a la justicia.
CIUDAD DE MÉXICO | A un año del feminicidio de Victoria Salazar, mujer salvadoreña reconocida como refugiada en México desde 2018, las autoridades del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, siguen dilatando la celebración de la audiencia del caso, al suspenderla sin previo aviso a quienes representan legalmente a la familia, mientras que la investigación carece de perspectiva de género y exhaustividad, dando lugar a la impunidad y a la falta de acceso a la justicia para la familia de Victoria.
El 27 de marzo de 2021, Victoria fue asesinada a la luz del día y en la vía pública por cuatro elementos de la policía local de Tulum. Aunque el gobierno de México y de El Salvador se comprometieron, desde el más alto nivel, a dar seguimiento al caso y garantizar acceso a la justicia, a un año de los hechos, ésta no ha llegado para la madre e hijas de Victoria.
La representación legal del caso está en manos de la Fundación para la Justicia (FJEDD), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), Asylum Access México (AAMX) y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a la familia y documentado las inconsistencias en el proceso penal de Victoria y de su hija, como la demora de las autoridades por más de siete meses para el reconocimiento de la representación legal de la adolescente, la suspensión de las audiencias intermedias y la falta de perspectiva de género en ambos casos. Incluso, en algún momento del proceso las autoridades quisieron eliminar el caso como feminicidio.
A siete meses de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 34/2021, el 24 de agosto de 2021, la cual señala entre otras cosas, una disculpa pública 30 días después de la aceptación de la recomendación; atención médica, psicológica y tanatológica, para la familia de Victoria; la reparación del daño; y su reconocimiento como víctimas indirectas, tanto de las hijas de Victoria como de su madre y sus dos hermanos, ha sido ignorada por las autoridades. El Ayuntamiento de Tulum ha justificado el incumplimiento diciendo que no solo es su responsabilidad, sino también de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Tulum, pese a que en 2021 aceptaron lo establecido en el documento emitido por la CNDH.
Para las representantes legales, “aunque la Recomendación no contempla la opinión de las víctimas indirectas, no tiene una perspectiva de género ni transnacionalidad, no establece los mecanismos para el cumplimiento de esta, no contempla los tiempos del proceso legal en la disculpa pública, y no hace hincapié en la necesidad de una investigación exhaustiva, después de siete meses de emitida no se observa el mínimo esfuerzo de las autoridades por cumplirla”.
La búsqueda de justicia no se limita al caso de Victoria, sino que es un proceso que busca ser la voz de miles de mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, a las que el Estado mexicano no les garantiza la protección y el acceso a la justicia, por el contrario, las violenta reiteradamente al invisibilizarlas, discriminarlas y perpetua la violencia institucional, por lo que a un año del feminicidio de Victoria Salazar hacemos un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales en México a dejar la simulación, la omisión y brindar una reparación integral del daño, acceso a la justicia y a la verdad, a garantizar la no repetición y coordinarse con las autoridades salvadoreñas para el acompañamiento y atención de necesidades transnacionales de la familia en el proceso de justicia, porque Victoria no murió, a Victoria la mataron autoridades del Estado públicamente con la ciudadanía como testigo.
México
Luisa María Alcalde combatirá noticias falsas sobre el Gobierno
Ciudad de México.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, puso en marcha el programa semanal “Derecho de Réplica”, un nuevo espacio de comunicación impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de responder y desmentir información que considere falsa o engañosa sobre la administración federal.
La primera emisión se realizó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y será transmitida de manera semanal a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Según explicó Alcalde, el propósito no es confrontar a periodistas o medios de comunicación, sino contrastar versiones difundidas en medios y redes sociales con información oficial y datos verificables.
Durante la presentación del programa, la funcionaria señaló que en los últimos años se han intensificado campañas de desinformación y difusión de noticias falsas, por lo que consideró necesario abrir un espacio institucional para ejercer el derecho de réplica y proporcionar a la ciudadanía elementos que permitan verificar la información.
Alcalde adelantó que en futuras emisiones podrán participar titulares de dependencias federales para aclarar información relacionada con sus respectivas áreas, además de analizar la forma en que determinadas narrativas se difunden y amplifican en redes sociales.
La creación de “Derecho de Réplica” fue anunciada previamente por la presidenta Sheinbaum como parte de una estrategia para responder a lo que su gobierno considera campañas de desinformación impulsadas por sectores opositores nacionales y extranjeros. El nuevo espacio complementará otros mecanismos gubernamentales de verificación informativa, como Infodemia.
En su primera emisión, el programa abordó publicaciones difundidas por diversos medios de comunicación y comunicadores críticos del gobierno federal, cuyos contenidos fueron refutados por la funcionaria con información proporcionada por dependencias oficiales.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca fortalecer su estrategia de comunicación pública y ofrecer una respuesta institucional inmediata ante información que considere inexacta, en medio de un escenario político marcado por la confrontación entre el oficialismo y sus críticos.
México
Canasta básica se mantiene en 910 pesos: Sheinbaum
La presidenta y 32 empresas firman el compromiso de no incrementar el precio de los 24 productos de la canasta básica en seis meses en beneficio de las familias mexicanas
CIUDAD DE MÉXICO |La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó con 32 empresas proveedoras y tiendas de autoservicio, la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica para el bienestar de las familias mexicanas.
“El día de hoy celebro, de verdad celebro, este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio. Muchas felicidades y muchas gracias de verdad a todas y a todos”, resaltó desde el Patio Central de Palacio Nacional.
Señaló que el PACIC es ejemplo para muchos países, ya que es una medida importante para evitar que la inflación incremente por el contexto internacional y que esto afecte a la economía de las familias mexicanas.
Asimismo, reconoció y agradeció al sector gasolinero por el acuerdo para mantener el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos y del diésel en 27 pesos, a través de diferentes incentivos al IEPS.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, puntualizó que la firma del PACIC renueva el compromiso del sector público y el privado con las familias mexicanas, además de que con ello, México demuestra que la relación entre ambos sectores tiene resultados positivos.
Agregó que México es una economía responsable con finanzas públicas sólidas y con capacidad para construir soluciones mediante el diálogo entre el sector público y privado.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, señaló que este acuerdo voluntario es inédito y vela por las familias que menos tienen. Además, puntualizó que el PACIC es considerado como una práctica exitosa en otros países.
El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Diego Cosio Barto, reafirmó el compromiso de todos los miembros de esta asociación para continuar con el bienestar de las familias mexicanas. También agradeció las mesas de trabajo con las diferentes dependencias del Gobierno de México.
El presidente de Grupo SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón, resaltó que el PACIC es una medida que habla del liderazgo de la presidenta de México y de su compromiso para proteger la economía de las familias mexicanas.
En la firma de la renovación del PACIC, la jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado. Así como por las y los representantes de las 32 empresas signatarias, proveedoras y tiendas de autoservicio que refrendaron su compromiso por la defensa del poder adquisitivo y la estabilidad de los precios de 24 productos de consumo básico: carne de pollo, res, cerdo y pescado, huevo, leche, pan, harina de maíz para producir tortilla, frutas y vegetales, así como azúcar, pastas, aceite vegetal, granos y artículos de limpieza personal.
México
Pide licencia el senador Enrique Inzunza; evita acoso mediático
Ciudad de México. – El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, solicitó licencia temporal a su cargo en medio de la polémica generada por los señalamientos realizados en su contra por autoridades de Estados Unidos, que lo vinculan presuntamente con el narcotráfico.
La petición fue presentada este jueves ante el Senado de la República, con el argumento de evitar que la controversia política y mediática afecte el desarrollo de los trabajos legislativos del periodo extraordinario. En su lugar acudirá su suplente, Omar López Campos, quien participará en las sesiones programadas para esta semana. (Grupo Animal)
Inzunza había rechazado inicialmente separarse del cargo y sostuvo durante semanas que enfrentaría las acusaciones “sin miedo” y desde su posición como senador. Sin embargo, tras comparecer ante la Fiscalía General de la República y luego de mantenerse alejado de las sesiones legislativas, finalmente optó por pedir licencia temporal. (La Jornada)
El legislador sinaloense enfrenta una fuerte presión política desde que autoridades estadounidenses lo incluyeron entre varios funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y con facciones del Cártel de Sinaloa. Las acusaciones también alcanzaron al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros integrantes de su administración. (Wikipedia)
Aunque Morena ha respaldado públicamente al senador y ha denunciado una “embestida mediática” y política contra sus representantes, la oposición ha utilizado el caso para exigir investigaciones más profundas e incluso promover solicitudes de desafuero contra funcionarios sinaloenses.
La licencia de Inzunza ocurre en un momento clave para el Senado, donde Morena y sus aliados requieren mantener la mayoría calificada para sacar adelante reformas constitucionales impulsadas por el gobierno federal.
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