México

Multa la Comisión Reguladora de Energía a Iberdrola con 9 mil 145 mdp

CIUDAD DE MÉXICO | La filial en Monterrey de la multinacional española Iberdrola fue multada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con 9.145 millones de pesos (467 millones de dólares) por haber vendido energía a otras empresas al amparo de un permiso que sólo le permitía generar para autoabastecimiento.

En una resolución, la CRE dijo que Iberdrola Energía Monterrey entregó la energía a sus socios a cambio de una contraprestación económica, lo que constituye una venta, lo que no está permitido bajo la figura de autoabasto por la que se le otorgó el permiso.

La resolución precisa que la subsidiaria violó el artículo 36, fracción l, inciso a de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), donde se precisa que no se puede vender energía eléctrica a terceras personas que no sean socios cuando se apruebe el proyecto original.

El documento especifica que “los titulares de los permisos NO cuentan con la atribución para vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica”.

“La conducta descrita es antijurídica, toda vez que deviene en una afectación a los bienes jurídicos tutelados por las normas que imponen la obligación a la Permisionaria de no vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energi´a ele´ctrica”, señaló el documento.

Las pruebas que la CRE utilizó para fundamentar la falta consisten en la presentación de facturas sobre la venta de energía emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La resolución consideró que Iberdrola Energía Monterrey comercializó la energía eléctrica del 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, de acuerdo con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que proporciona el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Iberdrola podrá impugnar la decisión de la CRE mediante un juicio de amparo, según indica la propia resolución del regulador, un escenario muy previsible según especialistas del sector.

Para el gobierno mexicano, el abuso de los contratos de autoabasto se ha tornado “fraudulento”, aunque ha ofrecido negociar con las empresas que habrían incurrido en estas faltas para evitar pleitos judiciales.

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