INTRÍNGULIS
Por Juan Carlos López Aceves
CV-UIFE-AVA
La Vigésima Cuarta cláusula del Convenio de Coordinación, suscrito el 28 de febrero de 2013, entre el mandatario EGIDIO TORRE CANTÚ, apoyado por el secretario general de Gobierno, HERMINIO GARZA PALACIOS, y JAIME GUILLERMO LÓPEZ ARANDA TREWARTHA, titular del Centro Nacional de Información del Gobierno Federal, estableció el compromiso de los estados, de combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Para lo cual, el Gobierno de Tamaulipas “constituiría” o en caso de ya contar con ella, “fortalecería su Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica o equivalente”, conforme al modelo que, para tal efecto, fuera propuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, en coordinación con la Procuraduría General de la República.
No tengo información de que, EGIDIO TORRE CANTÚ haya constituido dicha Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica durante su mandato.
El antecedente inmediato se remonta al 25 de septiembre de 2017, cuando el Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, en cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, expide el “Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas”.
Publicado el 17 de octubre de 2017, dicho Reglamento señaló que, “en virtud de los objetivos y las atribuciones de la Secretaría de Finanzas, se estima necesaria la creación de nuevas unidades administrativas, con el propósito de eficientar el desarrollo de aquellos, que permitirá que el aparato gubernamental tenga mayor solidez y como consecuencia, el saneamiento y mejora de las finanzas públicas” (Considerando Cuarto).
Citando el convenio suscrito el 28 de febrero de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de ese mismo año, GARCÍA CABEZA DE VACA, determinó “conveniente incorporar en la estructura orgánica de la Secretaría de Finanzas, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, cuyo objeto será el generar, analizar y consolidar información fiscal, financiera y patrimonial para la investigación, persecución, procesamiento y sanción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Hasta aquí, queda claro que, conforme al modelo dictado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, según el Convenio firmado en febrero de 2013, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA decidió crear la UIFE de Tamaulipas.
Tomando en cuenta los objetivos a cumplir por la nueva Unidad, CABEZA DE VACA consideró que la Secretaría de Finanzas era la dependencia indicada para alcanzarlos y a ella quedó adscrita.
De acuerdo a lo informado por su titular, el 6 de julio de 2020, los resultados de la Unidad de Inteligencia Financiare y Económica, estaban a la altura de las expectativas que generó su creación.
“La UIFE lleva más de 24 meses realizando trabajos de investigación sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del total de 100 investigadas al momento”, dijo RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.
Agregó que, el Ministerio Público había generado 29 órdenes de aprehensión, de las cuales 4 estaban ejecutadas, “relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios”.
En julio de 2020, la UIFE había logrado abrir 23 carpetas de investigación en contra de servidores públicos, había solicitado una ficha roja a la INTERPOL, se tenían aseguradas 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles y estaban en curso 58 auditorías fiscales, por la omisión de impuestos federales que involucraban recursos por 1,413 millones de pesos.
Incluso, RAMÍREZ CASTAÑEDA mencionó que los tres servidores públicos del sexenio pasado, implicados en la facturación de 1,600 millones de pesos, sin encontrar evidencias de los servicios prestados, eran CRISTOBAL “N”, JORGE SILVESTRE “N” y JORGE “N”.
Si la UIFE dio resultados en su adscripción original, de acuerdo a su titular RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, ¿por qué motivos y razones jurídicas, decidió el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, trasladarla de la Secretaría de Finanzas a la fiscalía general de Justicia?
Una pregunta me asalta después de leer los argumentos de la iniciativa que cambia de adscripción a la Unidad de Inteligencia Financiera, aprobada el 30 de junio con el voto del PAN y la bancada del PRI, y publicada en el Periódico Oficial del Estado, el primer día de julio del año en curso.
Si la UIFE nace al expedirse el Reglamento de la Secretaría de Finanzas, el 25 de septiembre de 2017, ¿por qué razón, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, no incrustó a la Unidad de Inteligencia dentro de la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia; que dio vida a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción?
Porque, para cuando se publicó el Reglamento de marras, las reformas que dieron paso a la Fiscalía Especializada, ya estaban promulgadas: 20 de abril de 2017 la constitucional y el 2 de junio de 2017 la legal.
La única razón que encuentro es de índole político: evitar que AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, tenga el control del combate a la corrupción emanada del sexenio que concluye.
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