MONTERREY | El Coordinador de la Bancada Naranja, Eduardo Gaona, presentará una iniciativa para modificar la Ley de la Movilidad estatal para considerar como delito la imposición, modificación o aumento de las tarifas de camiones urbanos sin la previa autorización de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal.
Y a quienes cometan este tipo de delito, con la iniciativa se contempla una sanción penal de tres a nueve años de prisión, indicó el Diputado.
En días recientes, un grupo de concesionarios del transporte elevaron de forma ilegal la tarifa en efectivo en diferentes rutas de camiones, y ante esta situación, Gaona explicó que, por vulnerar el derecho humano a la movilidad, para futuros casos se busca que los empresarios ya no puedan obtener una nueva concesión para prestar los servicios.
«Las personas físicas o jurídicas que deseen prestar el servicio público de transporte colectivo de pasajeros requerirán de una concesión, cuyo otorgamiento y condiciones son de utilidad pública y de interés general», dijo Gaona.
Asimismo, en caso de una nueva tarifa, el Diputado detalló que los empresarios estarán obligados a difundirla de forma pública y permanente para el conocimiento de los usuarios.
«Los concesionarios del servicio público de transporte tienen la obligación de informar al usuario las nuevas tarifas mediante su exhibición pública permanente, en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases de rutas», comentó el Coordinador.
Cabe destacar que, según la Ley, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad estatal cuenta con las facultades para aplicar las debidas sanciones.
Y con la iniciativa que proyecta Gaona, quedaría establecida la afectación directa en el derecho humano a la movilidad en caso de una modificación a las tarifas sin previa autorización de la Junta de Gobierno.
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