México
Aumenta desaparición forzada de mujeres en sexenio de EPN
Cimacnoticias | Ciudad de México.- A partir del año 2012 -de la administración de Enrique Peña Nieto- se incrementó el número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en las entidades de Jalisco, Estado de México y Veracruz, informaron Colectivos de familiares de personas desaparecidas y la organización I(dh)eas, “Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC” al Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés).
Las organizaciones entregaron el pasado15 de mayo un reporte al Comité de la ONU con el objetivo de brindar un panorama certero sobre la situación de desaparición forzada en el país y para que el órgano internacional tenga la oportunidad de contrastarlo con las respuestas que le entregó el Estado mexicano en cumplimiento a las recomendaciones que emitió el mecanismo en 2015.
En éste destacan que de las más de 35 mil desapariciones reportadas por la RNPED un 61 por cierto (21 mil 602 desapariciones) ocurrieron en el sexenio de Peña Nieto, (680 del fuero federal y 20 mil 922 del fuero común).
Hasta el 31 de enero de 2018 existen en México 35 mil 410 personas víctimas de desaparición, de las cuales, 8 mil 982 son mujeres y 3 mil 675 niñas y adolescentes.
Las organizaciones sostienen en su informe que el Estado mexicano minimiza la situación sobre la desaparición y para demostrarlo, recabaron declaraciones públicas de diversos funcionarios (gobernadores, fiscales de justicia, alcaldes.) en los que se visibilizan las prácticas de estigmatización y el recurrente discurso que utilizan para minimizar las desapariciones de mujeres y desestimar la lucha de madres en búsqueda de sus hijos e hijas.
Por ejemplo el alcalde del municipio de Ecatepec en el Estado de México, Indalecio Ríos, dijo en julio de 2017 que las desapariciones de mujeres son ausencias voluntarias “por descomposición familiar, o porque “se van con el novio y no avisan”. O bien, están los dichos del Procurador de Justicia de San Luis Potosí, quien dijo en mayo de 2017 sobre la desaparición y posterior asesinato de cuatro mujeres que no se podían calificar como casos de feminicidio porque “podrían ser consecuencias derivadas del propio comportamiento de las víctimas”.
Otras declaraciones, incluyen las que dio en 2015 el hoy candidato a la presidencia Jaime Rodríguez Calderón sobre las denuncias de madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos en el estado de Nuevo León: “Yo entiendo eso, mujeres que lloran todos los días por sus hijos, también hay que decirles la verdad […] las mamás nunca dicen que su hijo anda mal y entonces la mejor excusa es culpar al gobierno”.
La organización I(dh)eas y los colectivos de familias recalcaron que el Estado mantiene un discurso en el que responsabiliza a los grupos del crimen organizado de los casos de desaparición forzada, “evadiendo su responsabilidad frente al fenómeno” y la “participación directa de funcionarios públicos en los hechos y omisión de los agentes en investigar los hechos”, manifestaron.
Denunciaron además que las autoridades del sistema de procuración de justicia siguen indagando las desapariciones sin tener en cuenta el “entorno social, político u otras causas que favorecen a graves violaciones de Derechos Humanos como la tortura, desaparición forzada o las ejecuciones a manos de las fuerzas del Estado”.
I(dh)eas ejemplificó que en dos casos que han acompañado de desapariciones han aportado elementos a la Fiscalía de Búsqueda de la Procuraduría General de la República sobre la participación de policías en el delito, y al indagar en varios casos del fuero local, documentaron –sin precisar el número o género de las víctimas- de la existencia de “otras investigaciones donde se señala la participación de policía municipal en la desaparición de personas”.
Los colectivos civiles indicaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha reparado el daño por violaciones a los Derechos Humanos por parte de autoridades federales a 101 mujeres, sin embargo, no se sabe cuántos por desapariciones forzadas.
La consecuencia de la falta de rendición de cuentas por la desaparición forzada es el fomento a la impunidad que alimenta la repetición de este delito, agregaron las agrupaciones, quienes informaron que de acuerdo con información que les proporcionó el Poder Judicial Federal, de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2017, solo se emitieron 14 sentencias por desaparición forzada y 12 de ellas son condenatorias.
FAMILIAS SIN REPARACIÓN DEL DAÑO
Entre otras situaciones los colectivos de familias vislumbraron en el informe que hasta la fecha no existe información pública de las compensaciones económicas que ha hecho la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por la reparación del daño a víctimas directas o indirectas de desaparición forzada.
Se conoce, indica el reporte, que hasta el 31 de diciembre de 2017 el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de CEAV utilizó únicamente 18 por cierto de los ingresos que obtuvo para reparar el daño a víctimas.
Señalan que en 2017 el Fondo registraba un saldo total de mil 259.7 millones de pesos, resultados de ingresos por mil 683 millones de pesos y de egresos por 423.3 millones de pesos.
De los egresos un 70 por ciento (296.4 millones) fueron destinados para el pago de compensaciones por reparación integral del daño en beneficio de 608 víctimas directas o indirectas, la mayoría mujeres, 321 en total. Es decir, se ejerció solo un18 por ciento del total de ingresos para los fines por los que fue creada la CEAV.
Las organizaciones agregan que de las 608 víctimas que recibieron la compensación como parte de la reparación integral del daño, 184 fueron víctimas de “violaciones a Derechos Humanos cometidos por autoridades federales”, de ellas, 101 mujeres.
La primera vez que México se sometió al escrutinio del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada fue en 2015 donde recibió observaciones y recomendaciones de las que este año comenzó a rendir cuentas. Este Comité tiene el propósito de evaluar el alcance de las medidas adoptadas por México en cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, que ratificó el país en 2008.
CIMACFoto: César Martínez López
México
Luisa María Alcalde combatirá noticias falsas sobre el Gobierno
Ciudad de México.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, puso en marcha el programa semanal “Derecho de Réplica”, un nuevo espacio de comunicación impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de responder y desmentir información que considere falsa o engañosa sobre la administración federal.
La primera emisión se realizó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y será transmitida de manera semanal a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Según explicó Alcalde, el propósito no es confrontar a periodistas o medios de comunicación, sino contrastar versiones difundidas en medios y redes sociales con información oficial y datos verificables.
Durante la presentación del programa, la funcionaria señaló que en los últimos años se han intensificado campañas de desinformación y difusión de noticias falsas, por lo que consideró necesario abrir un espacio institucional para ejercer el derecho de réplica y proporcionar a la ciudadanía elementos que permitan verificar la información.
Alcalde adelantó que en futuras emisiones podrán participar titulares de dependencias federales para aclarar información relacionada con sus respectivas áreas, además de analizar la forma en que determinadas narrativas se difunden y amplifican en redes sociales.
La creación de “Derecho de Réplica” fue anunciada previamente por la presidenta Sheinbaum como parte de una estrategia para responder a lo que su gobierno considera campañas de desinformación impulsadas por sectores opositores nacionales y extranjeros. El nuevo espacio complementará otros mecanismos gubernamentales de verificación informativa, como Infodemia.
En su primera emisión, el programa abordó publicaciones difundidas por diversos medios de comunicación y comunicadores críticos del gobierno federal, cuyos contenidos fueron refutados por la funcionaria con información proporcionada por dependencias oficiales.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca fortalecer su estrategia de comunicación pública y ofrecer una respuesta institucional inmediata ante información que considere inexacta, en medio de un escenario político marcado por la confrontación entre el oficialismo y sus críticos.
México
Canasta básica se mantiene en 910 pesos: Sheinbaum
La presidenta y 32 empresas firman el compromiso de no incrementar el precio de los 24 productos de la canasta básica en seis meses en beneficio de las familias mexicanas
CIUDAD DE MÉXICO |La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó con 32 empresas proveedoras y tiendas de autoservicio, la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica para el bienestar de las familias mexicanas.
“El día de hoy celebro, de verdad celebro, este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio. Muchas felicidades y muchas gracias de verdad a todas y a todos”, resaltó desde el Patio Central de Palacio Nacional.
Señaló que el PACIC es ejemplo para muchos países, ya que es una medida importante para evitar que la inflación incremente por el contexto internacional y que esto afecte a la economía de las familias mexicanas.
Asimismo, reconoció y agradeció al sector gasolinero por el acuerdo para mantener el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos y del diésel en 27 pesos, a través de diferentes incentivos al IEPS.
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, puntualizó que la firma del PACIC renueva el compromiso del sector público y el privado con las familias mexicanas, además de que con ello, México demuestra que la relación entre ambos sectores tiene resultados positivos.
Agregó que México es una economía responsable con finanzas públicas sólidas y con capacidad para construir soluciones mediante el diálogo entre el sector público y privado.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, señaló que este acuerdo voluntario es inédito y vela por las familias que menos tienen. Además, puntualizó que el PACIC es considerado como una práctica exitosa en otros países.
El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Diego Cosio Barto, reafirmó el compromiso de todos los miembros de esta asociación para continuar con el bienestar de las familias mexicanas. También agradeció las mesas de trabajo con las diferentes dependencias del Gobierno de México.
El presidente de Grupo SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón, resaltó que el PACIC es una medida que habla del liderazgo de la presidenta de México y de su compromiso para proteger la economía de las familias mexicanas.
En la firma de la renovación del PACIC, la jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado. Así como por las y los representantes de las 32 empresas signatarias, proveedoras y tiendas de autoservicio que refrendaron su compromiso por la defensa del poder adquisitivo y la estabilidad de los precios de 24 productos de consumo básico: carne de pollo, res, cerdo y pescado, huevo, leche, pan, harina de maíz para producir tortilla, frutas y vegetales, así como azúcar, pastas, aceite vegetal, granos y artículos de limpieza personal.
México
Pide licencia el senador Enrique Inzunza; evita acoso mediático
Ciudad de México. – El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, solicitó licencia temporal a su cargo en medio de la polémica generada por los señalamientos realizados en su contra por autoridades de Estados Unidos, que lo vinculan presuntamente con el narcotráfico.
La petición fue presentada este jueves ante el Senado de la República, con el argumento de evitar que la controversia política y mediática afecte el desarrollo de los trabajos legislativos del periodo extraordinario. En su lugar acudirá su suplente, Omar López Campos, quien participará en las sesiones programadas para esta semana. (Grupo Animal)
Inzunza había rechazado inicialmente separarse del cargo y sostuvo durante semanas que enfrentaría las acusaciones “sin miedo” y desde su posición como senador. Sin embargo, tras comparecer ante la Fiscalía General de la República y luego de mantenerse alejado de las sesiones legislativas, finalmente optó por pedir licencia temporal. (La Jornada)
El legislador sinaloense enfrenta una fuerte presión política desde que autoridades estadounidenses lo incluyeron entre varios funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y con facciones del Cártel de Sinaloa. Las acusaciones también alcanzaron al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros integrantes de su administración. (Wikipedia)
Aunque Morena ha respaldado públicamente al senador y ha denunciado una “embestida mediática” y política contra sus representantes, la oposición ha utilizado el caso para exigir investigaciones más profundas e incluso promover solicitudes de desafuero contra funcionarios sinaloenses.
La licencia de Inzunza ocurre en un momento clave para el Senado, donde Morena y sus aliados requieren mantener la mayoría calificada para sacar adelante reformas constitucionales impulsadas por el gobierno federal.
