Para evitar que queden vacíos interpretativos, el organismo fija los criterios para garantizar imparcialidad y equidad en la contienda.
Por Rosa Maria Rodriguez Quintanilla
El Consejo General del INE resolvió ejercer su facultad de atracción en la elección de diputaciones locales a celebrarse el 2 de junio de este año en Tamaulipas y fijar los criterios para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir a evitar acciones que generen presión en el electorado.
En base al acuerdo INE/CG124/2019, el organismo también resolvió ejercer esta facultad para las elecciones locales de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y el proceso electoral extraordinario de Puebla
En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió ejercer su facultad de atracción y fijar dichos criterios «para evitar que queden vacíos interpretativos» sobre normas reglamentarias para la difusión de propaganda gubernamental, la imparcialidad en el uso de recursos públicos y programas sociales durante los procesos electorales de este año
El pasado 20 de marzo, el Consejo General del INE admitió una solicitud para ejercer la facultad de atracción que presentaron el Consejero Presidente del INE Lorenzo Córdova, la y los consejeros Pamela Sanmartin, Marco Antonio Baños y Benito Nacif a efecto de emitir reglas y criterios de interpretación para garantizar los principios de imparcialidad y equidad en dichos procesos electorales.
Este día el Consejo determinó que la solicitud cumple los requisitos de forma y procedimiento así como los presupuestos procesales previstos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El acuerdo cumple con los requisitos cualitativos, estableció el organismo, ya que se estima pertinente precisar criterios en el ámbito estrictamente administrativo para reglamentar en materia de propaganda gubernamental, uso de recursos públicos e informes de labores.
La importancia de dichos criterios estriba en la necesidad de dar certeza y claridad al actuar de las autoridades electorales, tomando como base los criterios y pronunciamientos que el INE ha emitido en procesos electorales pasados sobre normas reglamentarias para la difusión de propaganda gubernamental, la imparcialidad en el uso de recursos públicos y programas sociales así como aquellos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido, señala la resolución del Consejo.
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