Por Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY | Al considerar que se vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes e infringen la rectoría de los Estados sobre los contenidos educativos, este jueves, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado respetuoso y enérgico al Congreso de Nuevo León a no aprobar el Pin Parental y a proteger la Constitución.
A través de un comunicado, la dependencia federal señala que las reformas a la Ley de Educación que el Poder Legislativo pretende votar el día de hoy, posibilitan la pérdida de la rectoría de los Estados sobre los contenidos educativos al trasladar a las madres y padres de familia a un amplio veto sobre estos.
«Las reformas contravienen el interés Superior de la Niñez y el derecho a la educación bajo los principios rectores constitucionales e infringen la competencia federal sobre la materia», señala el documento.
Por tal motivo, la Secretaría de Gobernación hizo un llamado al Congreso Local para que vele por los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Cabe destacar que la reforma a la Constitución de Nuevo León prevé una modificación al artículo 3 en su párrafo noveno «para permitir a madres y padres tener un derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos».
La iniciativa de reforma a la Ley de Educación estatal sobre el ‘pin parental’ establece que los padres, madres y tutores tendrán derecho a dar su consentimiento previo sobre el contenido de las clases y actividades, talleres y charlas, “que se impartan en los centros educativos que sean contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas”.
Las reformas, de aprobarse, podrían ser declaradas inconstitucionales al violar los principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos al restringir el derecho a la educación bajo los ejes rectores que prevé la Constitución y los tratados de los que México es parte.
En ese contexto, considera la Segob, que las reformas extralimitan la competencia del Congreso de Nuevo León para legislar en materia educativa al referirse a los contenidos de planes y programas de estudio.
«La federación, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene competencia exclusiva sobre la definición de estos contenidos».
Esto ha generado polémica y una división de bancadas al estar algunas en acuerdo y otras en desacuerdo con la modificación.
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