Por Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY I Inconforme con la omisión realizada por el área de informática del Congreso Local, la cual derivó a una denuncia ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) para quitarle la candidatura a la reelección, la diputada de Morena, Mariela Saldívar Villalobos presentó una denuncia ante la Contraloría del Poder Legislativo.
La morenista señaló que el Partido Acción Nacional aprovechó esta situación para acudir ante el Tribunal Electoral para impugnar su candidatura para la reelección por el Distrito ocho.
De acuerdo con la diputada, señaló que el PAN denunció que en la página del Congreso aparecía su imagen dentro del apartado de Movimiento Ciudadano cuando ya estaba en Morena, y por este motivo no podía ir por la reelección.
Saldívar Villalobos argumentó que esta área es responsabilidad de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) que preside el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente.
Cuestionó el hecho de que a los demás diputados que realizaron algún cambio de bancada en marzo o que entraron de suplentes, si se hizo el cambio de manera inmediata
Saldívar fue la única que no fue removida del apartado de Movimiento Ciudadano y Morena.
“Nosotros pensamos que era una situación de bullying legislativo que no la cambiaran de apartado, el hecho de que a todos los diputados que se han cambiado de bancada, inclusive las suplencias que han ingresado al Congreso, en cuestión de un par de días se han reflejado en la página del Congreso, sin embargo, en mi caso después de mes y medio no habían hecho el cambio”. “Yo pensé que era una situación de broma, como un bullying legislativo, pero tenía un trasfondo más profundo que era utilizar eso como una prueba en un juicio del Tribunal Estatal Electoral para impugnar la candidatura a Diputada local por el distrito 8 por Morena, querían demostrar que yo todavía seguía perteneciendo a Movimiento Ciudadano y no podía estar contendiendo por Morena”, indicó.
De acuerdo con el Tribunal Estatal Electoral, la impugnación de Saldívar fue presentada el 26 de marzo.
En este momento el expediente, lo tienen los magistrados en análisis en la segunda instancia. “Desde mi punto de vista es un uso faccioso del Congreso para afectar los derechos políticos electorales de las minorías como utiliza el Congreso para una cuestión de índole electoral”, agregó.
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