Perla Reséndez
CIUDAD VICTORIA, Tam | La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 44VG/2021 a la FGR, Secretaría de Seguridad Federal, el INM, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, al gobernador de Tamaulipas y al Fiscal del Estado, por la privación de la libertad de aproximadamente 95 migrantes que transitaban por esa entidad, ocurridas en 2019.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, documentó los casos de personas en contexto de movilidad internacional que fueron secuestradas mientras viajaban en autobuses por Tamaulipas, el 19, 20 y 27 de febrero, así como 7 y 12 de marzo de ese año.
“La CNDH contó con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad ciudadana, de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad, así como al principio del interés superior de la niñez y adolescencia, por dilación e irregular integración de las carpetas de investigación”.
Advirtieron que las instancias de seguridad pública federal y de Tamaulipas, no garantizaron el derecho a la seguridad ciudadana de las víctimas y tampoco implementaron estrategias y políticas públicas que garantizaran el respeto a sus derechos humanos.
Además que “omitieron aplicar los procedimientos e instrumentos jurídicos relacionados con la búsqueda de personas y rechazaron brindar información a esta Comisión Nacional”.
La Comisión de Derechos Humanos solicitó a las autoridades involucradas, celebrar un convenio interinstitucional para identificar las zonas en las que se presenta la privación ilegal de la libertad de pasajeros de autobús y las rutas de tránsito de personas en contexto de migración internacional en ese estado.
Ello, con la finalidad de implementar operativos en materia de seguridad que incluyan todas las zonas de alto riesgo para el secuestro de personas migrantes y se eviten hechos similares.
A la FGR le solicitó que, a partir de la identificación de las víctimas directas y, en su caso, indirectas de estos hechos, se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas y se les otorgue la atención médica y psicológica que requieran, además de una compensación y/o indemnización justa, a efecto de que accedan a la reparación integral que proceda conforme a lo previsto en la Ley General de Víctimas.
“Al Instituto Nacional de Migración se recomendó capacitar en materia de derechos humanos a su personal adscrito y/o comisionado en Tamaulipas y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas continuar, junto con la FGR, con la localización de las aproximadamente 95 personas relacionadas con el trámite de las indagatorias”.
Finalmente, a la Fiscalía Estatal se le solicitó ubicar las carpetas de investigación que existen por secuestro y/o privación de la libertad de personas migrantes en la entidad, y una vez identificadas, realizar un análisis de las mismas y diseñar un diagnóstico sobre la situación de incidencia delictiva en esa entidad federativa, así como identificación de grupos criminales.
Las dependencias señaladas deberán colaborar en el trámite y seguimiento de las quejas que se presenten ante los Órganos Internos de Control en contra de las autoridades responsables, por las omisiones expuestas y se impartan cursos de capacitación integral sobre derechos humanos que se relacionen con la aplicación de los protocolos referidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y con la privación de libertad de personas en contexto de migración, entre otros temas.
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