LOS HECHOS
Por José Inés Figueroa Vitela
Todo personal
“Llegado el momento, no podrán invocar que estaban obedeciendo al gobernador Cabeza de Vaca y a su candidato, el Truko Verástegui”, dijo AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, en un apartado, que pudo pasar desapercibido.
En el amplio posicionamiento que, el candidato de la alianza Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, hizo en el Senado de la República, hubo de todo, como en Botica.
Particularmente escandalosa, la referencia a las detenciones extrajudiciales para intentar extorsión y poder construir causas indebidas y sin justificación contra los actores del morenismo tamaulipeco.
“Los detienen para que firmen declaraciones que ellos ya llevan redactadas, y así poder proceder contra los demás. Los que actúan así, son responsables”, advirtió el candidato de MORENA-PT-PVEM, seguido de aquella expresión.
La sentencia, que ahora pesa contra los fiscales, policías, jueces y demás funcionarios que han endosado la Constitución y leyes reglamentarias, para delinquir en contra del pueblo, al servicio de la clase gobernante en turno, es apenas la punta de la madeja.
“De nuestra parte no hay intención de hacer persecuciones políticas justas o inventadas. Solo que prevalezca la ley en el sentido estricto”, había complementado allá el Presidente del Senado y coordinador de la bancada mayoritaria morenista RICARDO MONREAL ÁVILA.
El hecho es que, como en el caso del Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el mandamás del panismo tamaulipeco se ha embarcado en amagar, ofender, desprestigiar y mandar perseguir a la descendencia de su virtual relevo.
Este rompió hasta los límites de los demás delincuentes, entre cuyos más elementales cánones históricos prevaleció la primicia, “con la familia no te metes”.
Atacar a los hijos vuelve personal cualquier diferendo.
Por eso se hace puntual y premonitoria la sentencia aquella: llegado el momento, no podrán invocar que estaban obedeciendo al gobernador Cabeza de Vaca y a su candidato, el Truko Verástegui.
Una premisa coyuntural con ramificaciones insospechadas, en tiempo, espacio y protagonistas, como más adelante comentaré.
El nuevo modelo para la seguridad y la paz, propuesto por AMÉRICO a la luz de las conclusiones de los foros temáticos presentadas el fin de semana, va mucho más allá y atiende a la principal demanda que persiste en nuestra sociedad.
Que la justicia no sea más un bien de consumo al alcance de quien la pueda comprar, sino de aplicación general, para todos.
Dejar de lado la confrontación característica del actual gobierno estatal panista, para dar paso a una coordinación efectiva con el Gobierno Federal, con más inteligencia y más cooperación con agencias internacionales y estados vecinos.
La Guardia Estatal de Tamaulipas y su apartado de género, parámetros éticos elevados y competencias operativas suficientes; equipo moderno, unidad de control interno y formación en derechos humanos para mandos, elementos y personal de apoyo.
Modernizar la Fiscalía General del Estado, con instancia de prevención, para atender los múltiples factores de riesgo que generan la violencia y la delincuencia, resulta complementario.
Claro, sin michoacanazos, sujetos al escrutinio público, así como evaluaciones periódicas, objetivas y transparentes.
AMÉRICO, anunció, estará al frente del Gabinete de Seguridad, trabajando estrechamente con las representaciones de la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, así como psicólogos, antropólogos, sociólogos y trabajadores sociales, como orientadores en la causa-efecto de las variadas expresiones del delito.
Sacar a Tamaulipas de ser segundo en la lista de los Estados con más desapariciones forzadas y garantizar la atención integral a víctimas, fue otro de los compromisos manifiestos.
Construir nuevos estadios de convivencia y desarrollo social, decíamos antes, no precisará un borrón y cuenta nueva ante el cúmulo de agravios, no solo hacia la nueva clase política que se avecina.
Las víctimas del sexenio abundan y reclaman justicia, mientras los que ya se van, pretenden dejar sembrados cotos de impunidad, con reformas a modo de que los cómplices que no han fiscalizado, no han procurado y menos han administrado la justicia, blanden nombramientos transexenales.
Los que mataron, los que despojaron, los que robaron, los que acosaron y persiguieron, desde las instituciones públicas, a simples ciudadanos, igual quienes lo hicieron respecto de los adversarios políticos, tienen una cita con la justicia, en la aspiración de sus víctimas.
Habrá a quienes, como en los casos de temporada, no valga la excluyente de que solo cumplían órdenes superiores.
Y aunque hace un par de años, la diputación panista en el Congreso Local, desechó la iniciativa de Ley de Amnistía propuesta por la bancada de MORENA, de alguna manera la Ley para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, podría dar luz a la reconstrucción del tejido público.
Se tendrán que encontrar las instancias para que quienes fueron obligados a delinquir desde el Estado, en contra de la sociedad civil, reuniendo determinados elementos, puedan ser testigos en el enjuiciamiento de los responsables de esta era de terror que nos ha tocado vivir a los tamaulipecos.
Para liberar a las víctimas del régimen que están en la cárcel y darles paz a los deudos de sus víctimas mortales, tienen que ser sentados en el banquillo de los acusados el fiscal y los magistrados, quien los puso y mandó ejecutar tales crímenes.
Ellos, como bien dijo el doctor, no podrán alegar que solo obedecían ordenes.
Acaso si alcancen tal condición, algunos de los últimos en la cadena de mando, quienes no tenían más opción que obedecer, lo hicieron contra su voluntad y están tan dolidos como las víctimas.
Por ellos, para ellos y los otros, es que impera la integración de una comisión de la verdad y la justicia, así como un Instituto para la Recuperación al Pueblo de la Robado, que recién retomó en una conferencia de prensa el inminente gobernador.
Ante tanta barbarie, lo menos que queda, es hablar de borrón y cuenta nueva.
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