LOS HECHOS
Por José Inés Figueroa Vitela
Cabeza afiebrada
En el centro del país, donde a conveniencia, algún apartado de la clase pública y política nacional ve y pierde de vista lo que le conviene e incomoda, van del asombro al escándalo con “las noticias” y otras cosas que de acá les mandan.
El siniestro “plata o plomo”, que antes les parecía una vacilada, preguntándose ¿a quien le dan pan que llore?, se dice hoy, tiene –a otros- agobiados, al negarse a vender lo invendible, seguros que no pueden obligarles a ello.
Ciertamente, las cantidades industriales de numérico, de dudoso origen, contado en millones, que de Tamaulipas salen, para comprar conciencias en la capital del país, son de tentar a muchos.
Lo que nunca esperaron allá, es que de la oferta se pasara al imperativo, a la amenaza, a la extorsión, a la sentencia, al atentado, más allá del individuo, hasta el entorno cercano, el más cercano y querido.
La campaña de corrupción y violencia, que antes se les dijo, secuestró los años recientes a la sociedad tamaulipeca, nunca pensaron los capitalinos que les llegara a ellos, hasta intentar hacerlos sus víctimas.
La primera reacción ha sido la denuncia y tomar las previsiones, para acotar ese despliegue que busca apoderarse del sistema nacional, para hacer de orden generalizado el imperio del terror, como instrumento del poder público.
Aunque hay quienes sospechan que, en el orden institucional central existen personajes proclives a dejar pasar las cosas, para ver hasta dónde llegan, el caso particular, dicen los más, ha rebasado todo límite.
“Empapelar” –abrir carpetas de investigación-, secuestrar –mandar a los siniestros GOPES a “levantar”-, publicar en redes sociales que “perteneces a X cartel”, allanar los domicilios particulares y causar destrozos, hacer llamadas de amenaza y extorsión a funcionarios electorales y sus familias, no funcionará allá.
Claro, no es lo mismo delinquir en provincia e ir a echar mentiras a México capital para evadir la justicia, que escalar las primicias del delito, como formas de acceso al poder público, en las esferas nacionales.
Llegó el momento de hacer cuentas y pasar facturas.
De los tres recursos que interpuso el PAN contra la elección del gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, no hay uno que se sostenga, o represente mayor cosa, frente a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Dos de ellos atacan la decisión de las autoridades locales, por anular la validez en la votación de unas cuantas casillas en los distritos 12 de Matamoros y 14 de Victoria, que ninguna mella tienen en el universo del saldo de la jornada comicial.
Una tercera impugnación se referiría a la afirmación de que “hubo violencia generalizada” el día de la elección, lo que choca con los reportes de las autoridades electorales, gubernamentales, policiacas y militares.
Todos, hablando siempre de una jornada tranquila y participativa, como quedó registrado en actas, reportes, memorándums, declaraciones y como de hecho lo fue y todos los tamaulipecos fuimos testigos.
Hasta la presión a la Magistrada Presidenta, para que llevara las contras a los demás integrantes del pleno local, que por unanimidad desecharon, con amplios y sólidos argumentos el endeble reclamo panista, parece evidente.
Los juicios, que ahora tiene el PAN en la última instancia jurisdiccional, siguen bordando fuera del marco legal, en fantasmagóricos sucesos que nadie vio, acaso soportados por el peso de la corrupción, la presión y la amenaza.
Los tres casos promovidos por el PAN, como los ocho de cuño morenista, se repartieron en las cuentas de los distintos magistrados, que componen el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación.
Entre los Juicios Electorales promovidos por MORENA, se encuentran el que ataca la exoneración, por parte de las autoridades locales, del aun gobernador FRANCISCO GARCÍA y su jefe de prensa del mismo nombre, por promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
De MORENA son cinco juicios electorales y dos recursos de apelación, los que registra la págica pública del Tribunal central y del PAN tres jucicios de revisión constitucional, presentados el 17 de los corrientes, todos.
De Tamaulipas, en su próxima sesión convocada para el miercoles 24, la Sala Superior del TRIFE incluye en la agenda los casos de los magistrados del Tribunal local, EDGAR IVÁN ARROYO VILLARREAL y RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RUELAS.
Todavía andan dirimiento las secuelas de cuando el gobierno local los quiso desconocer, empatando con su designación, una reforma que reducía en ambas plazas la composición del órgano jurisdiccional.
Lo que son las cosas, aduciendo argumentos de austeridad, el PAN-gobierno tamaulipeco quiso reducir el número de magistrados del Tribunal Local, pero ahora que en la reforma electoral impulsada por MORENA se propone desaparecer de plano esas instancias, ponen el grito en el cielo.
Y tiene razón la propuesta que el mes entrante se dirimirá en la Cámara federal: si como quiera, todos los casos que se presentan a nivel local, terminan resolviéndose en la instancia federal, qué caso tiene que haya instancias estatales electorales.
Si 14 mil millones de pesos que anda pidiendo el INE para gastar el año entrante siguen siendo un mundo de dinero, imagínese cuánto costarán sumadas a las estructuras estatales que, la reforma propuesta considera ahorros por 24 mil millones de pesos anuales.
El gobernador electo, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA continuaba, desde la semana pasada, con agenda en la capital del país, donde igual anda ocupado en promover inversiones, que en enderezar las maltrechas instituciones que heredará su gobierno, de quienes ya se van.
En ese objetivo fue significativa la reunión de trabajo que sostuvo con el Auditor Superior de la Federación, DAVID COLMENARES, acompañado del extitular de la Unidad de Intelifencia Financiera del país, SANTIAGO NIETO CASTILLO.
En lo último que nos quedamos fue en que el desgobierno que ya se va, tenía observados más de 15 mil millones de pesos, de inversión federal, sobre los que no había quedado claro su destino por parte del gobierno estatal a que se les confió.
Y de la UIF de don CHAGO, aunque las imputaciones que en su tiempo le hizo al “gobernador CABEZA”, fueron suficientes para sacarle la orden de aprehensión, que está en pausa, no suspendida, de aquí a las 24:00 horas del día 30 del mes entrante, no uno, ni tres, seran los requerimientos judiciales acumulados con tantas denuncias en el ambiente.
Tampoco uno, ni diez, parece seran los destinatarios.
Veremos.
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