LOS HECHOS
Por José Inés Figueroa Vitela
Revelo de pruebas
“Infundados, inoperantes e ineficaces”, fue la conclusión de los Magistrados Electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre la impugnación hecha por el PAN a la elección del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.
Se trató de afirmaciones vagas, abstractas y ambiguas, las que hicieron, cuestionando la vulneración de la cadena de custodia, del traslado de los paquetes electorales y al impedimento a los representantes panistas a participar al momento que llegaron los paquetes a las bodegas electorales de cada distrito.
No hubo evidencias, porque no se cometieron, nosotros sabemos, ni impedimento en la representatividad, ni en el ejercicio del voto en ninguno de los distritos -14-, que fue donde el cómputo definió el triunfo morenista y los panistas impugnaron.
Ayer, la última instancia electoral, resolvió los 11 recursos correspondientes a sendos distritos que faltaban, luego que la semana pasada desahogó en los mismos términos los tres primeros.
Aunque el escenario fue igual para todos, resaltará el distrito 13, donde se encuentran, entre otros 6, los 5 municipios donde tiene alguna presencia la Columna Cívica Pedro J. Méndez.
A esos pequeños municipios rurales –poblacionalmente hablando-, es a los que el PAN quiere remitir el motivo de la última impugnación que queda por resolver, de corte estatal, hablando de “violencia generalizada” e “intervención de grupos delincuenciales”.
Como solo tiene los audiovisuales que mandó hacer y publicar en medios propios o “de a tanto la línea” (primero involucrando a los CARMONA en actos delictivos, sobre los que nunca se le enjuicio en vida y menos sentenció), han pedido el “relevo de pruebas”.
Cándidamente han confesado que no tiene más pruebas que dichos e “investigaciones periodísticas” –igual sin fuentes y de inserción pagada- y, aludiendo a criterios surgidos en escenarios de la guerrilla sudamericana, pidieron el “relevo de la carga procesal”.
Confesión de parte, ergo, relevo de pruebas, en las primicias jurídicas internacionales, pero en su contra, es el contenido mismo de la última impugnación electoral, ratificada por partida doble.
Así como imprimieron en autos, anda promoviendo el jefe del panismo tamaulipeco y declararon ayer, los “presuntos interesados”, en cuanto supieron la sentencia del TRIFE, las acusaciones se vuelven en su contra.
Porque si SERGIO CARMONA y la Columna Pedro J. Méndez, son influencias delincuenciales que amenazan el futuro de Tamaulipas, la primera pregunta que surge es, cómo es que el PAN los usó en sus campañas y en su gobierno, desde el origen.
Si presuponen que esas dos figuras –una muerta y la otra encarcelada- significan la llegada de un estado delincuencial a Tamaulipas, estarán confesando que, con ellos, tal condición ya se había impuesto desde hace seis años.
Esa no es una suposición… los otros son hechos consumados.
Así, las denuncias de hace seis años del PRI; las votaciones que en esas y las posteriores elecciones –hasta el año pasado- se hicieron en los municipios de supuesta influencia de la Columna; las fotos, boletines y discursos de los actores panistas con sus ahora desconocidos, abundan por doquier.
Y de CARMONA, son públicos los contratos millonarios que el PAN-gobierno le concedió, difundidos con pelos y señales en medios nacionales reconocidos, no en páginas y periódicos “patito” de confección panista.
Así los conoció MORENA, como actores públicos relacionados con el Gobierno estatal y con el PAN.
Si algún delito cometió, como lo afirman los azules, sería de su muy particular conocimiento y complicidad, evidentemente, como para aplicar la máxima aquella: a confesión de parte, relevo de pruebas.
“No somos lo mismo”, ha dicho el presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, secundado por el gobernador electo, AMÉRICO VILLARREAL GUERRA.
En lo electoral, no hay el menor indicio de que se haya dado la violencia el día de la elección, de que MORENA o su candidato, hayan inhibido o alentado el voto de manera ilegal, o que proceda cualquier causal para anular la elección.
Ya si en el PAN-Gobierno quieren seguir justificando el gasto de los recursos públicos, en pagos al abogado BAÑOS, como lo han hecho para los exsenadores sanguijuelas del calderonato y sus parientes, es muy su gusto y problema, por el que más temprano que tarde deberán responder ante las instancias jurisdiccionales.
Conforme se acerca el fin del sexenio –en tres semanas más-, siguen aumentado los casos de corrupción por los que deberán responder de FRANCISCO JAVIER “N” para abajo, una lista interminable de cómplices.
Si la “compra-venta” del “depa” de Santa Fe ya significaba un mar de complicidades y delitos, que un juez encontró procedentes para dictar la primera orden de aprehensión, en espera del fin de fuero, lo demás es una avalancha de implicaciones.
Una columna chilanga ayer hablaba de cinco empresas, cercanas a la familia en el poder estatal en fuga, que no solo recibieron contratos millonarios injustificados, sino que además captaban de otros “proveedores” los llamados diezmos multiplicados.
Desde las vísperas, otros trascendidos dan pelos y señales, nombres de empresas, cómplices, sumas y contratos que han significado un daño al patrimonio estatal, desvíos y complicidades que cada una por separado, dan larga estancia a la sombra a los responsables.
Entre los trascendidos de los corrillos palaciego se dice que, no es que se están cerrando dependencias o se esté cambiando de titulares en los últimos días del sexenio, sino que los cómplices de la corrupción mayor ya tienen semanas poniendo tierra de por medio, al relevo sexenal y la persecución de las autoridades.
Cada día aparece al menos una nueva dependencia sin titular.
En las vísperas de su primer informe de gobierno municipal, el alcalde capitalino, LALO GATTÁS, da cuenta del despegue en la inversión pública, que, en menos de un año, casi alcanza a todo lo que se reportó en ese rubro en el trienio pasado.
Los panistas en los tres años anteriores gastaron 199 millones de pesos en inversión pública –al menos eso fue lo que reportaron-; ésta, en 11 meses y días llevan ya 158 millones de pesos, esos sí, muy visibles.
Con esa tendencia al alza –auguró el munícipe-, en tres años se triplicará la inversión pública municipal, contra lo que dijo aplicar la administración pasada.
Ello, sin referir a las grandes gestiones que se hacen con el gobernador electo en la federación, como la segunda línea del acueducto, que de suyo significa una derrama multianual, cercana a los mil 500 millones de pesos.
Más aun, las obras municipales las estén haciendo empresas locales, respondiendo a una vieja demanda de los empresarios locales, como un respiro para la economía local, reprimida desde que el PAN llegó al poder, desplazando las proveedurías locales.
Cuando se quiere, se puede.
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