Por Jorge Maldonado

MONTERREY, NL. El Congreso de Nuevo León aprobó reformas al Código Civil del estado para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de la violencia feminicida, al establecer la suspensión de la patria potestad cuando exista un auto de vinculación a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio cometido contra su madre.

La medida fue impulsada por la bancada de Movimiento Ciudadano y modifica el artículo 447 del Código Civil, incorporando una nueva causal para suspender temporalmente la patria potestad de quienes enfrenten un proceso penal por estos delitos.

La diputada Melisa Peña Villagómez, promotora de la reforma, explicó que el objetivo es garantizar medidas de protección inmediatas para las y los menores que enfrentan contextos de violencia extrema, privilegiando en todo momento su seguridad, integridad y bienestar.

De acuerdo con la legisladora, la disposición busca evitar que niñas, niños y adolescentes permanezcan en condiciones de vulnerabilidad tras sufrir las consecuencias de la violencia feminicida.

“Las niñas, niños y adolescentes no pueden quedar en situación de vulnerabilidad después de perder a su madre a causa de la violencia feminicida. Esta reforma coloca en el centro su protección y bienestar”, señaló.

La reforma establece que la suspensión procederá cuando una persona sea vinculada a proceso por el delito de feminicidio o su tentativa en contra de la madre de las y los menores sujetos a patria potestad, con el propósito de brindar una respuesta institucional inmediata mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

Peña Villagómez destacó que la aprobación representa un avance en la protección de los derechos de la niñez y en el fortalecimiento de las acciones legales para atender las consecuencias de la violencia de género.

“Estamos fortaleciendo nuestro marco jurídico para responder con sensibilidad y responsabilidad ante una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres, priorizando siempre el interés superior de la niñez”, expresó.

Con esta modificación, el Congreso local busca reforzar las herramientas legales de protección para niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia feminicida, colocando el interés superior de la niñez como eje central de la actuación del Estado.

• Las propuestas fortalecen la salud, la educación, la protección de las mujeres y el bienestar de las nuevas generaciones.

CIUDAD DE MÉXICO | Con el objetivo de fortalecer el bienestar, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres embarazadas, la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sede en el Senado de la República, dos iniciativas de reforma que buscan ampliar la protección de derechos fundamentales mediante acciones concretas en materia educativa, deportiva y de corresponsabilidad familiar.

La primera propone reformar la Ley General de Educación y la Ley General de Cultura Física y Deporte para fortalecer el deporte escolar, la educación física integral, la detección de talento en temprana edad y el desarrollo deportivo estudiantil.

La legisladora destacó que el deporte constituye una herramienta estratégica para mejorar la salud pública, prevenir enfermedades asociadas al sedentarismo, fomentar hábitos saludables y fortalecer la formación integral de las nuevas generaciones, en concordancia con las acciones impulsadas por el Gobierno de México para construir una sociedad más saludable y con mayores oportunidades para la juventud.

Las escuelas son el espacio ideal para consolidar una cultura física sólida que permita a niñas, niños y jóvenes desarrollarse plenamente, fortalecer su salud y construir proyectos de vida más exitosos, señaló.

La senadora explicó que esta reforma contribuye a enfrentar desafíos como el sobrepeso, la obesidad infantil y el sedentarismo, al tiempo que promueve valores como la disciplina, la perseverancia, el trabajo en equipo y la sana convivencia, fortaleciendo el tejido social desde las aulas.

Asimismo, Olga Sosa presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de pensión alimenticia prenatal, con el propósito de garantizar protección jurídica y apoyo económico a las mujeres embarazadas desde la etapa de gestación.

La propuesta reconoce expresamente el derecho de las mujeres embarazadas a solicitar alimentos provisionales desde el momento en que el embarazo sea acreditado mediante constancia médica.

La protección de la vida y del desarrollo humano comienza desde la gestación. Esta iniciativa busca garantizar que las mujeres no enfrenten solas las cargas económicas del embarazo y que exista una verdadera corresponsabilidad parental desde el inicio, afirmó.

Entre los puntos más relevantes de la iniciativa destacan reconocer legalmente el derecho a recibir alimentos durante el embarazo; permitir que la mujer embarazada solicite judicialmente una pensión alimenticia provisional a cargo del presunto progenitor; y facultar a la autoridad judicial para dictar medidas cautelares que garanticen el cumplimiento oportuno de la obligación alimentaria.

La legisladora señaló que la propuesta fortalece la protección de la maternidad, el derecho a la salud y el interés superior de la niñez desde la etapa prenatal, alineándose con estándares internacionales de protección a las mujeres y al desarrollo infantil.

Olga Sosa afirmó que ambas iniciativas se inscriben en la visión humanista de la Cuarta Transformación y en el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de colocar a las personas, especialmente a las niñas, niños, jóvenes y mujeres, en el centro de las políticas públicas.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de seguir construyendo un país más justo, saludable e incluyente, donde las oportunidades de desarrollo comiencen desde la infancia y donde las mujeres cuenten con mayores garantías para ejercer plenamente sus derechos durante el embarazo, concluyó.

“Cada vez más jóvenes aprovechan las oportunidades de intercambio para enriquecer su formación mediante estancias nacionales y extranjeras”, expresó Dámaso Anaya Alvarado.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, destacó el crecimiento en la participación estudiantil dentro de los programas de movilidad e intercambio académico.

Señaló que en los últimos dos años la UAT pasó de registrar alrededor de 80 jóvenes a más de 600 estudiantes que aprovechan estas plataformas, lo que refleja el impacto de las acciones para ampliar su visión, permitirles conocer otras culturas, fortalecer competencias y acceder a diferentes modelos de enseñanza.

El rector Dámaso Anaya subrayó que la institución cuenta con diversas alternativas para este propósito; entre ellas destaca el Programa Institucional de Estancias de Investigación (Delfín), en el que participan 354 alumnos, además de otras modalidades vinculadas a proyectos científicos e intercambios semestrales.

Asimismo, resaltó casos como el Disney Cultural Exchange Program 2026, donde se seleccionó a diez estudiantes de la UAT para realizar una estancia en Orlando, Florida, fortaleciendo sus competencias laborales y el dominio del idioma inglés.

El rector consideró que el creciente interés de los universitarios se debe al entusiasmo que transmiten quienes ya han vivido estas experiencias, lo que motiva a más alumnos a sumarse a los esquemas de movilidad.

Finalmente, indicó que este crecimiento va acompañado de la expansión de la oferta educativa y el crecimiento de la matrícula universitaria que, actualmente, supera los 42

000 estudiantes y se estima que podría rebasar los 43 000 alumnos en el próximo ciclo escolar, reflejando la confianza que cada vez más jóvenes depositan en la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

escolar, reflejando la confianza que cada vez más jóvenes depositan en la máxima casa de estudios de Tamaulipas.