Por Rosa María Rodríguez Quintanilla
El Senador de Nuevo León, Waldo Fernández González, presentó una iniciativa para reformar los artículos 73 y 121 de la Constitución Política de México, orientada a modernizar y fortalecer el sistema de Fe Pública.
Su objetivo es garantizar seguridad jurídica, transparencia y equidad en el acceso a los servicios que ofrecen notarios, corredores y servidores públicos.
Fernández destacó que la Fe Pública es fundamental para la confianza social y económica; de ella depende la validez y autenticidad de innumerables actos y contratos que protegen los derechos, el patrimonio y las relaciones jurídicas de la ciudadanía, pero sobre todo la paz social.
Sin embargo, reconoció que el sistema presenta serias deficiencias, como:
– Cobertura limitada de notarios públicos.
– Escasa transparencia y falta de mecanismos de supervisión.
– Regulación ineficaz con normativas diferentes en cada estado.
– Tarifas inaccesibles para la ciudadanía.
– Ausencia de legislación nacional sobre requisitos y procedimientos notariales.
– Falta de estándares uniformes de formación y certificación para los profesionales de la Fe Pública.
Ante esto, Fernández afirmó: “Al Senado de la República nos toca legislar para establecer principios rectores que garanticen un sistema homogéneo, transparente y accesible para todos”.
Su iniciativa incluye:
– Modernizar el sistema de Fe Pública, asegurando principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y equidad.
– Permitir al Congreso expedir una Ley General de Fe Pública que homologue la validez nacional de actos jurídicos y establezca criterios uniformes para la función notarial.
– Profesionalizar el acceso a estas funciones mediante exámenes públicos y transparentes, respetando los derechos de los involucrados.
– Establecer que los fedatarios públicos sean abogados altamente capacitados y que operen bajo un sistema de supervisión riguroso, garantizando imparcialidad y eficiencia.
– Asegurar que cualquier acto jurídico validado por un fedatario federal cuente con validez en todo el territorio nacional, eliminando trabas y fortaleciendo la seguridad patrimonial de los ciudadanos.
Fernández concluyó enfatizando la urgente necesidad de combatir la opacidad y las prácticas discrecionales, asegurando que los ciudadanos merecen un sistema de Fe Pública justo y eficiente.
