OTRA MIRADA
Por Rosa María Rodríguez Quintanilla
Tlatelolco: del discurso a la corresponsabilidad real en los cuidados
La región acaba de enviar un mensaje que ya no admite demoras: el cuidado no puede seguir siendo un asunto privado, relegado a los hogares ni, mucho menos, impuesto como obligación natural de las mujeres. Ese es el trasfondo más profundo del Compromiso de Tlatelolco y del llamado que ministras y altas autoridades realizaron esta semana en Santiago de Chile, durante la 67ª Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe.
En esta cita, la región pareció entender —al fin— que hablar de igualdad sustantiva exige asumir un principio político, ético y económico que durante generaciones se nos escamoteó: el cuidado es un bien público. Y si es un bien público, entonces su sostenimiento debe involucrar a todas las personas, instituciones, sectores y niveles de gobierno.
Por ello, en Santiago el llamado fue inequívoco: pasar de los acuerdos a los hechos. Las delegaciones reconocieron que la región ya no puede conformarse con declaraciones bien intencionadas. Se insistió en trazar una hoja de ruta con metas verificables, financiamiento real y mecanismos de seguimiento, para que el compromiso asumido en Tlatelolco se traduzca en políticas concretas en los territorios, allí donde la desigualdad se vive de manera más cruda y cotidiana.
Durante décadas, América Latina depositó las tareas del cuidado sobre los hombros de millones de mujeres —madres, abuelas, hijas, trabajadoras del hogar, cuidadoras comunitarias— a quienes se les exigió atender la vida de los otros como si se tratara de un mandato biológico. Ese arreglo injusto produjo una paradoja: los Estados crecieron sin invertir lo suficiente en sistemas de cuidado, las economías se sostuvieron con el trabajo no remunerado de las mujeres y la desigualdad se volvió estructural.
Por eso, el Compromiso de Tlatelolco, celebrado en agosto pasado y firmado por todos los países de la región, tiene una relevancia inusual: declara que el cuidado es un derecho humano universal. Derecho a cuidar, a ser cuidados y a cuidarse. Esa afirmación, que pareciera obvia, implica desmontar siglos de roles de género y obliga a redistribuir cargas históricamente depositadas en las mujeres y, sobre todo, cambiar la lógica con la que se ha sostenido el bienestar a costa del tiempo, la salud y la vida de millones de cuidadoras invisibles.
Lo que se discutió en Santiago confirma que la región ya no puede postergar esta transformación. El secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, lo expresó con precisión: no bastan las palabras, hay que “acelerar el paso”. Y acelerar el paso significa exigir que los sistemas de cuidado sean responsabilidad del Estado, del sector privado, de las comunidades y, de manera indivisible, de los hombres.
Porque seguir naturalizando que “ellas” cuidan mientras “ellos” proveen es perpetuar un pacto desigual que limita la autonomía económica de las mujeres, reduce sus oportunidades educativas y laborales e impide su participación plena en la vida pública. No habrá igualdad sustantiva mientras la mitad de la población cargue con el tiempo y el trabajo que hace posible la vida de todos.
ONU Mujeres, a través de su directora regional, Bibiana Aido, insistió en otro punto crucial: esta redistribución no ocurrirá sin presupuestos ni infraestructura. Los centros de cuidado, las estancias infantiles, los servicios para personas mayores o con discapacidad y los apoyos comunitarios requieren inversión sostenida. No se puede pedir corresponsabilidad social sin proveer mecanismos que la faciliten.
México, en su papel de Presidencia de la Mesa Directiva, colocó sobre la mesa la urgencia de territorializar estas políticas: llevarlas a donde la desigualdad es cotidiana y no un concepto. Territorios donde las mujeres indígenas, rurales y trabajadoras enfrentan múltiples opresiones y donde la ausencia de servicios públicos obliga a que las niñas abandonen la escuela para cuidar a sus hermanos o a que las mujeres interrumpan sus vidas laborales para hacerse cargo de personas dependientes.
Esa realidad contradice cualquier narrativa de igualdad. Y revela otra verdad incómoda: si los hombres y las instituciones no asumen su parte, el sistema de cuidado será siempre injusto y siempre frágil.
La sociedad del cuidado —ese horizonte planteado por Tlatelolco— no es un proyecto exclusivo del feminismo ni un ideal progresista; es una condición para el desarrollo sostenible. Significa reorganizar el tiempo social, redistribuir poder y repensar la economía desde la vida, y no desde el mercado. Exige, además, transformar la cultura: cuestionar los estereotipos que aún dictan que las mujeres “sirven para” cuidar y que los hombres “ayudan”, como si el cuidado fuera un favor y no una obligación universal.
La región enfrenta resistencias profundas. Cambiar prácticas arraigadas y desmontar la arquitectura patriarcal de los cuidados requerirá políticas sólidas, campañas permanentes, educación con perspectiva de género, participación comunitaria y una voluntad política que no se achique ante los embates conservadores.
Pero es urgente. No solo porque lo exijan los compromisos multilaterales, sino porque lo demandan las vidas reales: las mujeres que trabajan jornadas interminables dentro y fuera de casa; las que renuncian a su futuro para sostener el presente de otros; las que cuidan sin descanso mientras los Estados aún discuten quién debe hacerse cargo.
Si algo deja claro la reunión de Santiago es que el tiempo de las promesas se agotó. La igualdad no se logra con declaraciones; se logra con corresponsabilidad. Cuidar no es destino femenino. Cuidar es una responsabilidad colectiva.
Y es hora de que todas y todos, sin excepción, respondamos a esa responsabilidad.
– Rosa María Rodríguez Quintanilla es Consejera de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género
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