El Gobierno de Monterrey emitió un pronunciamiento oficial respecto a la detención de Karina Barrón Perales, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad, en el que señaló que dará seguimiento institucional al caso y mantendrá plena colaboración con las autoridades competentes.
En el comunicado, la administración municipal precisó que la detención corresponde a una actuación ministerial ajena a las funciones ordinarias del Ayuntamiento y subrayó que será la autoridad judicial quien determine la situación jurídica de la funcionaria. Asimismo, indicó que se respetará en todo momento el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
El Gobierno municipal informó que la Secretaría continuará operando con normalidad a través de los mecanismos internos previstos para garantizar la continuidad de los programas sociales y de atención a grupos prioritarios. Reiteró que no se verán interrumpidos los servicios dirigidos a población en situación de vulnerabilidad.
La administración encabezada por el alcalde de Monterrey Adrián de la Garza sostuvo que se mantendrá atenta al desarrollo del procedimiento legal y que cualquier información adicional será comunicada por las vías oficiales, a fin de evitar especulaciones.
La detención de la funcionaria ocurre en un contexto político que ha generado reacciones públicas; sin embargo, el Ayuntamiento enfatizó que el asunto debe dirimirse exclusivamente en el ámbito judicial.
Con este posicionamiento, el Gobierno de Monterrey buscó acotar el impacto institucional del caso y trasladar la definición del mismo al terreno estrictamente legal.
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