El Congreso del Estado aprobó reformas al artículo 386 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en materia de fraudes inmobiliarios.
En el dictamen, que fue presentado por la Diputada Melisa Peña, se señala que el crecimiento urbano en el área metropolitana de Monterrey es uno de los problemas más apremiantes que se debe afrontar. Derivado de ello ha resultado como consecuencia una falta de espacios dignos y privatización de espacios. En este contexto, diversos agentes han ideado nuevas formas de delinquir.
Una de estas nuevas maneras es a través de esquemas de fraude. En concreto, se observa la incidencia de este delito alrededor de la industria inmobiliaria. Particularmente, el crecimiento de vivienda vertical en la ciudad de Monterrey ha ido en aumento. El pujante crecimiento y desarrollo económico es una de las razones por las cuales ha crecido la demanda de vivienda. Entonces, no resulta extraño que exista una correlación entre el crecimiento y la incidencia delictiva.
«Por lo anterior es necesario reformar el Código Penal para el Estado de Nuevo León, para incluir estos nuevos modelos de delincuencia y eliminar cualquier ambigüedad en el tipo penal de fraude. Busca realizar lo anterior con modificaciones a dos fracciones, ampliando aspectos técnicos y adicionando conductas», aseguró la Legisladora.
Entre las reformas se aprobó que el fabricante, empresario, comerciante, contratista o constructor de una obra que suministre o emplee en ésta materiales o realice construcciones de cantidad o calidad inferior a las estipuladas, siempre que haya recibido una parte o la totalidad de su precio.
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