El NoresteNuevo León

Exige Rocío Montalvo a Felix Arratia censo de lotes baldíos, las multas impuestas y a no usar “embargos” ilegales contra sus propietarios

La diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame, coordinadora del Grupo Legislativo «Únete Pueblo», presentó un Punto de Acuerdo en el cual exige al alcalde de Juárez, Félix Arratia, a abstenerse de aplicar «políticas de embargo» contra propietarios de lotes y terrenos baldíos, luego de que el edil anunciara medidas para confiscar predios que considera abandonados, como reacción a una serie de incendios ocurridos en el municipio.

La legisladora advirtió que estas declaraciones, además de ser mediáticas y exageradas, pretenden sobrepasar los límites legales y constitucionales, violando derechos fundamentales como la propiedad privada y el debido proceso.

«Buscar embargar la propiedad privada con el argumento de la protección civil está fuera de las facultades de cualquier Cabildo. El artículo 115 Constitucional establece que los municipios deben proveer servicios de limpia, pero no para privar a un ciudadano de su patrimonio sin un proceso judicial. Estas actitudes autoritarias ya lo denunciamos aquí por el retiro ilegal de automóviles de la vía pública, sin respeto a los reglamentos y al debido proceso. Ahora anuncian que lo quieren repetir con terrenos», declaró Montalvo Adame.

La diputada recordó que el Código Fiscal de Nuevo León establece que el embargo solo procede como medida cautelar para garantizar el cobro de un crédito fiscal, como adeudos de Impuesto Predial o multas en firme, y siempre siguiendo un protocolo estricto que garantice el debido proceso. Además, mencionó que e artículo 22 Constitucional prohíbe la confiscación de bienes y las multas excesivas.

«El alcalde justifica estas medidas por los incendios de los días pasados, cuya causa aún no se ha determinado. Si fueron provocados por terceros, el propietario no puede ser sancionado por una conducta sobre la que no tiene control. Pero más grave aún: ¿qué ha estado haciendo el municipio para prevenir estos basureros clandestinos? ¿Dónde está el patrullaje, la limpieza, la supuesta «División Ambiental? La autoridad está incurriendo en omisión y quiere culpar a los ciudadanos», cuestionó.

El Punto de Acuerdo presentado por Montalvo exige al alcalde Félix Arratia que remita al Congreso un informe detallado con:

  1. La cantidad de terrenos o lotes baldíos detectados como «en situación de abandono», cuántos son usados como basureros clandestinos y cuántos tienen declaratoria de «riesgo inminente» de acuerdo al Artículo 44 Fracción V del Reglamento Orgánico Municipal.
  2. La cantidad de diligencias de limpia y desmonte realizadas por el municipio conforme a sus obligaciones legales.
  3. La cantidad de sanciones impuestas a propietarios, los montos de las mismas, los cobros por derecho de desmonte, y los procedimientos de notificación y audiencias para garantizar la legítima defensa de los propietarios.

La legisladora vinculó esta actitud con un patrón de abusos por parte de la administración emecista de Juárez, que ya ha sido sancionada por INFO NL ante la falta de transparencia al ocultar la nómina y los contratos de servicios municipales, y que mantiene operativos recaudatorios con multas y grúas contra familias trabajadoras.

«Esta administración tiene un doble discurso: uno para las redes sociales, para subir fotos al Instagram, y otro que se vive en las calles con baches, falta de seguridad, inspectores abusivos y ahora amenazas de embargo. Ya los multaron por esconder la nómina, y en lugar de transparentar, prefieren pelear en los tribunales. Tan sencillo que es publicar la nómina y los contratos y cumplir con la ley que lo obliga», cuestionó Montalvo.

Finalmente, la diputada hizo un llamado enérgico: «El municipio no puede excederse imponiendo multas altas y poniendo en riesgo el patrimonio de las familias por conductas que ellos mismos han omitido prevenir. Le exigimos al alcalde Félix Arratia que gobierne con legalidad y no con ocurrencias. Juárez merece un gobierno que resuelva, no que amenace a la ciudadanía trabajadora».

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