Las periodistas sí importan: excluir también es una forma de violencia

OTRA MIRADA

Las periodistas sí importan: excluir también es una forma de violencia

Por Rosa María Rodríguez Quintanilla

Lo ocurrido en Querétaro es una señal clara de que la violencia institucional contra las mujeres periodistas sigue operando, incluso en espacios públicos donde debería estar erradicada.

Un encuentro con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Querétaro —convocado para abordar temas de seguridad— se realizó sin la presencia de mujeres periodistas. No fue casualidad, fue una decisión. Y, como toda decisión, tiene implicaciones: quién accede a la información, quién pregunta y quién construye la narrativa.

Pero el hecho no terminó ahí. En el pódcast Blanco y Negro, el director del Diario de Querétaro, Mario León Leyva, afirmó que las periodistas “se ardieron” y que no fueron invitadas porque “no importan”. Estas expresiones fueron respaldadas —entre risas— por Aurelio Peña y Adán Olvera. No es una broma ni un comentario aislado: refleja una cultura que descalifica y minimiza la presencia de las mujeres en el espacio público.

Y aquí es necesario decirlo con toda claridad: las mujeres periodistas sí importan. Importan porque son sujetas de derechos; porque su trabajo está protegido por el derecho humano a la libertad de expresión, por el derecho de acceso a la información y por el principio de igualdad y no discriminación. Importan porque, sin su participación, el derecho colectivo de la sociedad a estar informada se ve limitado.

Cuando esa exclusión recae sistemáticamente sobre las mujeres, estamos frente a una forma de violencia institucional que se normaliza porque no deja huellas visibles, pero sí consecuencias profundas.

La Red Nacional de Periodistas lo señaló con claridad: esto es violencia simbólica. Pero hay que nombrarlo en toda su dimensión: es también una práctica institucional que restringe derechos. No se trata solo de “no invitar”, sino de impedir el acceso en condiciones de igualdad a espacios donde se construye la información pública.

Y eso tiene efectos.

Limita el trabajo periodístico de las mujeres, condiciona su acceso a fuentes, reduce su presencia en coberturas clave y, en consecuencia, disminuye su capacidad de incidir en la agenda pública. En términos de derechos humanos, implica restringir el ejercicio pleno de la libertad de expresión y del derecho a informar y ser informadas.

No es un tema de formas. Es un tema de derechos.

La organización CIMAC ha documentado durante años estas prácticas: exclusión de coberturas, bloqueo de información, descalificación y violencia digital. Lo ocurrido en Querétaro encaja en ese patrón. Es parte de una estructura que sigue resistiéndose a reconocer a las mujeres como interlocutoras legítimas.

Aquí hay que decirlo con toda claridad: no puede haber espacios públicos sin mujeres.

No puede haber foros, reuniones, conversatorios o conferencias en los que las mujeres no estén presentes. No en 2026. No después de décadas de lucha. No después de compromisos internacionales como la Plataforma de Acción de Beijing, que obliga a los Estados a garantizar la participación igualitaria de las mujeres en los medios y en la producción de información.

Y, sin embargo, sigue pasando.

Persiste una resistencia —a veces abierta, a veces silenciosa— a compartir el poder, a abrir espacios y a reconocer que las mujeres no están “de más”, sino que son indispensables. Cuando las mujeres periodistas participan, se amplían las preguntas, se diversifican las fuentes y se enriquecen las narrativas.

También persiste un argumento engañoso: que la igualdad ya existe porque hay mujeres en el periodismo. No es cierto. Estar no es lo mismo que participar en condiciones de igualdad. Si las decisiones siguen tomándose sin mujeres, la desigualdad permanece intacta.

Este hecho registrado en la XVI Zona Militar de Querétaro nos deja una lección que no se puede ignorar: Es políticamente incorrecto excluir a las mujeres.

Así como hoy resulta inaceptable la discriminación abierta en otros ámbitos, también debe serlo la ausencia de mujeres en cualquier evento público, institucional o informativo. No puede seguir pasando sin consecuencias. Frente a hechos como este, la respuesta no puede ser la indiferencia, sino la exigencia y la acción.

Y aquí hay una responsabilidad colectiva.

Las audiencias deben incomodarse. La sociedad debe señalar. La academia debe cuestionar. Las organizaciones y los propios medios de comunicación deben revisar sus prácticas. No basta con reconocer el problema: hay que exigir cambios.

La exigencia es simple, pero no negociable: participación, acceso y voz en condiciones de igualdad.

No como favor. No como cuota. Como derecho.