Si el fondo funciona, ¿por qué siguen solas las víctimas?

OTRA MIRADA

Por Rosa María Rodríguez Quintanilla

Si el fondo funciona, ¿por qué siguen solas las víctimas?

El Congreso de Nuevo León rechazó crear un Fondo Estatal de Reparación Integral para víctimas de violencia de género y sus familias. La explicación fue simple: “ya existe un fondo”.

En el papel, quizá sí. En la realidad, las mujeres siguen enfrentando violencia, abandono institucional y miedo.

Ese es el problema.

La iniciativa presentada por María Antelma Flores Cruz y la organización Mujeres Líderes Empoderando México-Capítulo Nuevo León no pedía un favor político ni un programa de asistencia social. Pedía algo básico: que el Estado ayudara de verdad a mujeres que sobreviven a la violencia y a familias destruidas por feminicidios, desapariciones o trata.

Porque muchas familias quedan rotas económica y emocionalmente después de un feminicidio o tras denunciar a sus agresores.

Y en Nuevo León, el Estado sigue dejando a muchas mujeres solas frente a esa realidad.

Mientras el Congreso sostiene que no era necesario crear otro fondo, diputadas de distintos partidos han venido denunciando exactamente lo contrario: falta de recursos, programas detenidos y acciones insuficientes para enfrentar la violencia feminicida.

La diputada priista Armida Serrato acusó que el Gobierno estatal se negaba a entregar los 25 millones de pesos destinados a municipios con alerta de género. La panista Claudia Caballero cuestionaba la falta de respuesta de las autoridades frente a los feminicidios. Y la morenista Anylú Bendición Hernández la escuchamos poner en duda el funcionamiento de las Puertas Violeta.

Entonces, si todo funciona tan bien como dice el Congreso, ¿por qué las propias legisladoras están denunciando abandono institucional?

Nuevo León vive desde hace años una crisis grave de violencia contra las mujeres. La alerta de género sigue activa desde 2017 en municipios como Monterrey, Guadalupe, Apodaca, Juárez y Cadereyta. Y aun así, los asesinatos de mujeres continúan.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León cerró 2025 con 99 mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio; sin embargo, solo 15 casos fueron investigados como feminicidio.

Ese dato revela otra realidad incómoda: muchas muertes violentas de mujeres siguen sin investigarse con perspectiva de género.

Porque en México no basta con que maten a una mujer para que el caso sea reconocido como feminicidio.

Y detrás de cada cifra hay familias enteras destruidas.

Niñas y niños que quedan sin madre. Mujeres que tienen que huir de sus casas. Madres buscando hijas desaparecidas. Familias endeudadas por funerales, abogados, terapias o traslados.

Eso era lo que la iniciativa quería atender.

La reparación integral no significa únicamente dinero. Significa apoyo psicológico, vivienda temporal, protección, becas para hijos e hijas de víctimas, ayuda jurídica y acompañamiento real para que una mujer no tenga que regresar con su agresor porque no tiene cómo sobrevivir.

Pero el Estado sigue viendo la violencia de género como un asunto de discursos, campañas y estadísticas.

Las autoridades celebran reducciones porcentuales mientras las mujeres siguen desapareciendo, siendo asesinadas o viviendo con miedo.

Y cuando colectivos o ciudadanas proponen nuevas herramientas, la respuesta institucional suele ser la misma: “ya existe”.

Ya existe la alerta de género.

Ya existen refugios.

Ya existen fondos.

Ya existen protocolos.

Pero también siguen existiendo feminicidios.

La discusión de fondo no es si legalmente ya hay un mecanismo. La verdadera pregunta es mucho más dura: ¿les está sirviendo realmente a las mujeres?

Lo cierto es que, si las víctimas siguen solas, si los municipios no reciben recursos y si las familias tienen que enfrentar el dolor y la justicia por cuenta propia, entonces el problema no es la falta de leyes.

Es la falta de voluntad política.