Refuerzan Alertas Amber ante crisis de más de 6 mil personas desaparecidas en Nuevo León

Por Rosa Maria Rodriguez Quintanilla

Ante una crisis de desapariciones que mantiene a Nuevo León entre los cinco estados con más personas no localizadas del país, el Congreso local aprobó reformas para fortalecer la capacidad de reacción de la Fiscalía General de Justicia mediante la emisión de Alertas Amber en tiempo real a teléfonos celulares y nuevos mecanismos de coordinación institucional.

La modificación legal permitirá a la Fiscalía celebrar convenios con compañías de telefonía móvil para difundir mensajes SMS, notificaciones push y otras alertas digitales orientadas a agilizar la búsqueda de niñas, niños, adolescentes y demás personas reportadas como desaparecidas, en un contexto donde la entidad acumula 6 mil 733 casos y México supera las 133 mil personas desaparecidas.

El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública advierte que la desaparición de personas continúa siendo una de las crisis de seguridad y derechos humanos más graves en el país, con un incremento sostenido de casos y una respuesta institucional insuficiente frente a la magnitud del problema.

La iniciativa fue presentada por la diputada Lorena de la Garza Venecia, integrante del Grupo Legislativo del PRI, quien sostuvo que la problemática de las desapariciones ha permanecido durante distintos gobiernos sin que las autoridades hayan logrado construir mecanismos suficientemente eficaces de búsqueda.

“No es un secreto para nadie que México tiene un problema con la desaparición de personas. Y tampoco es un tema político, porque no es un tema que solamente haya pasado en esta administración. Han pasado muchas administraciones y el problema de las personas desaparecidas sigue siendo una constante”, expresó la legisladora durante su intervención en tribuna.

Añadió que las autoridades continúan enfrentando dificultades para implementar esquemas de localización eficientes y acordes a la realidad tecnológica actual.

“Pareciera que no hemos encontrado como autoridades el mecanismo con el cual podamos hacer una búsqueda eficiente de las personas que tienen reporte de desaparición”, afirmó.

La reforma adiciona nuevas atribuciones al titular de la Fiscalía General de Justicia, entre ellas coordinarse con autoridades de los tres órdenes de gobierno para implementar la Alerta Amber y ejecutar procedimientos de localización inmediata, particularmente en casos de niñas, niños y adolescentes.

Además, faculta a la Fiscalía para celebrar convenios de colaboración con empresas de comunicación móvil y utilizar herramientas tecnológicas de difusión masiva para ampliar el alcance de las alertas.

El dictamen legislativo señala que actualmente existe una limitada coordinación formal entre las autoridades de procuración de justicia y las compañías telefónicas, situación que reduce la capacidad de difusión inmediata de las alertas en casos donde el tiempo puede resultar determinante para localizar con vida a las víctimas.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas citadas en el documento, México cerró 2025 con 133 mil 500 personas desaparecidas y no localizadas, lo que representa un incremento de 10.5 por ciento respecto al año anterior.

El análisis elaborado por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública advierte que desde 2022, cuando el país superó por primera vez las 100 mil personas desaparecidas, la tendencia no ha dejado de crecer: los casos aumentaron 7.3 por ciento en 2023, 6.3 por ciento en 2024 y 12 por ciento en 2025.

Nuevo León aparece entre las cinco entidades que concentran el mayor número de desapariciones en México, junto con Jalisco, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz, que en conjunto agrupan el 44.3 por ciento de los casos registrados a nivel nacional.

La legisladora promotora de la iniciativa sostuvo además que los protocolos tradicionales de búsqueda ya no responden a la forma en que actualmente se comunica la sociedad y advirtió sobre la necesidad de reducir los tiempos de reacción institucional.

“Un protocolo que te obliga a que pasen 24 o 48 horas sin tener contacto con una persona desaparecida, no corresponde a la realidad que vivimos, ese tiempo hoy es muy amplio”, señaló.

“Quizá antes, cuando no había teléfonos celulares, era un tiempo prudente. Pero hoy en día, cuando tienes comunicación prácticamente las 24 horas del día, pues también hay que hacer una actualización que responda a la forma en la que nos comunicamos, que es prácticamente en tiempo real”, agregó.

El Congreso local también expuso una situación particularmente preocupante respecto a las desapariciones de menores de edad.

Durante 2025 se registraron en México 10 mil 707 reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes, equivalente a 29 casos diarios. Al inicio de 2026, 2 mil 856 menores continuaban sin ser localizados.

Aunque el 77 por ciento de las personas desaparecidas en el país son hombres, el dictamen advierte una vulnerabilidad específica en adolescentes mujeres. En el rango de edad de entre 12 y 17 años, las mujeres representan el 45 por ciento de los casos.

La Comisión legislativa sostuvo que estos datos evidencian la necesidad de fortalecer las medidas de protección para las infancias y adolescencias, así como garantizar mecanismos de búsqueda más rápidos y eficaces.

“El número de sentencias condenatorias sigue siendo muy bajo para un universo de miles de casos registrados”, advierte el documento, el cual también reconoce que muchas desapariciones no llegan siquiera a denunciarse formalmente, ampliando los márgenes de impunidad.

La reforma aprobada en Nuevo León establece además que la Fiscalía General deberá actualizar su reglamento interno en un plazo máximo de 90 días y que el Poder Ejecutivo estatal deberá contemplar recursos suficientes en el presupuesto para garantizar la operación de las nuevas disposiciones.

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Seguridad y Justicia y posteriormente aprobado por unanimidad por el pleno del Congreso local.