OTRA MIRADA
Alcaldías no son patrimonio familiar
Por Rosa María Rodríguez Quintanilla
La reciente reforma aprobada por el Congreso de Nuevo León para impedir que alcaldes dejen como sustitutos a esposas, familiares o personas cercanas no debería verse solamente como un ajuste legal. En realidad, refleja el cansancio de una ciudadanía que durante años ha observado cómo muchos políticos siguen tratando el poder como una herencia familiar.
Los municipios no tendrían que manejarse como patrimonio privado ni como espacios reservados para familiares, compadres o grupos cercanos al poder.
Y aunque pareciera increíble, en pleno 2026 seguimos discutiendo temas que en una democracia madura ya tendrían que estar superados.
Durante demasiado tiempo se normalizó que alcaldes, gobernadores y dirigentes partidistas colocaran en cargos públicos a familiares o personas cercanas, muchas veces sin experiencia ni preparación, solamente por pertenecer al círculo del poder.
La reforma en Nuevo León surgió precisamente después de uno de esos casos. El entonces alcalde de Juárez, Félix Arratia, solicitó licencia para integrarse al gabinete estatal como secretario de Igualdad e Inclusión, y el Cabildo designó como alcaldesa sustituta a su esposa, Mónica Oyervides. El episodio generó cuestionamientos públicos y abrió el debate sobre este asunto.
Por eso resulta importante revisar el fondo del dictamen aprobado por el Congreso local. Los propios diputados reconocen que existía un vacío legal en el artículo 60 de la Ley de Gobierno Municipal, ya que la legislación vigente no establecía ninguna limitación para impedir que un alcalde dejara como sustituto a un familiar directo.
Y el dictamen es todavía más contundente cuando admite que esas prácticas vulneran principios básicos que deben regir el servicio público, como la equidad, la meritocracia y el combate a la corrupción.
Es decir, el propio Congreso reconoce algo que durante años la ciudadanía ha señalado: que muchas veces los cargos públicos no se asignaban por capacidad, experiencia o preparación, sino por cercanía familiar y control político.
El documento también advierte que estas designaciones terminaban convirtiéndose en una simple “ratificación de la voluntad del funcionario saliente”, como si un alcalde pudiera decidir quién se queda con el poder por encima del interés público y de los principios democráticos.
Ahí está, quizá, la parte más importante de toda la discusión.
El nepotismo no es solamente un problema ético o político. También es un problema de derechos.
La ciudadanía tiene derecho a gobiernos imparciales, democráticos y a que el servicio público se ejerza bajo condiciones de igualdad, mérito y transparencia, no bajo relaciones familiares o privilegios políticos.
La discusión local también conecta con la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para limitar el nepotismo electoral en todo el país. Su propuesta original planteaba aplicar estas restricciones desde 2027; sin embargo, partidos aliados como el Verde y el PT presionaron para aplazarla hasta 2030.
Y ahí quedó exhibida una enorme contradicción política.
Muchos partidos hablan de democracia y combate a la corrupción, pero cuando se trata de poner límites reales al nepotismo terminan defendiendo las mismas prácticas que dicen combatir.
El aplazamiento de la entrada en vigor de esa reforma dejó abierta la puerta para posibles candidaturas familiares en la renovación de gubernaturas en estados como Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León.
La reforma aprobada por el Congreso de Nuevo León representa un avance importante para cerrar esos espacios de control familiar en los gobiernos municipales. Sin embargo, el retraso de la reforma nacional demuestra que las resistencias políticas siguen intactas.
La ciudadanía no vota por familias.
Vota esperando gobiernos honestos, capaces y con legitimidad propia.