Nuevo León tipifica como robo la retención de vehículos arrendados no devueltos
Por Jorge Maldonado
MONTERREY, NL. | La reforma que equipara al delito de robo la retención indebida de vehículos arrendados que no sean devueltos al concluir el contrato entró en vigor en Nuevo León, luego de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
La modificación legal fue promovida por el diputado local de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza, ante los casos en los que personas obtienen vehículos mediante contratos de arrendamiento y posteriormente se niegan a devolverlos, los desmantelan o los comercializan con documentación presuntamente falsificada.
Durante un encuentro con representantes de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (AMAVe), legisladores de Movimiento Ciudadano y funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Garza sostuvo que la reforma busca cerrar un vacío legal aprovechado para cometer fraudes.
“Esta iniciativa ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, con lo que se convierte formalmente en ley. Nació a partir de una reunión con la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, en la que identificamos un vacío legal que estaba siendo aprovechado por quienes delinquen”, declaró.
El legislador explicó que algunas personas obtenían vehículos mediante contratos aparentemente legítimos, pero no los devolvían y posteriormente los desmantelaban para vender sus piezas o los comercializaban con documentos alterados.
Advirtió que estas prácticas no sólo provocan pérdidas a las empresas arrendadoras, sino que también afectan a personas que compran vehículos o autopartes sin conocer su procedencia ilícita.
“Ciudadanos de buena fe adquieren automóviles o autopartes aparentemente a buen precio, utilizando incluso sus ahorros o créditos, sin saber que se trata de bienes robados”, afirmó.
Fernando Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos, reconoció el trabajo realizado por el Congreso local y consideró que la reforma fortalece la protección patrimonial de empresas y consumidores.
“Nuevo León vuelve a poner el ejemplo a nivel nacional al construir un marco legal que garantice que las herramientas y los vehículos destinados al desarrollo no sean utilizados para delinquir”, señaló.
El representante empresarial llamó a los congresos de otras entidades a analizar y replicar la modificación legal.
En representación de la fiscalía general de Justicia del Estado, Michael Gustavo Núñez Torres, director general de Derechos Humanos y Análisis Normativo de la Vicefiscalía Jurídica, destacó la coordinación entre autoridades, legisladores y representantes del sector privado.
Sostuvo que la participación de las instituciones encargadas de procurar justicia permite construir reformas que respondan a problemáticas concretas y faciliten su aplicación.
“La Fiscalía celebra que se nos tome en cuenta en estos procesos legislativos. Cuando se unen el conocimiento técnico y el trabajo político se obtienen grandes resultados”, expresó.
Núñez Torres añadió que las normas elaboradas mediante el diálogo y el análisis institucional permiten atender las necesidades de la ciudadanía y contribuir al fortalecimiento de la confianza en las autoridades.
