Congreso indaga patrimonio de Samuel García y solicita información a 163 notarías
Por Jorge Maldonado Díaz
MONTERREY, NL. | La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado solicitó información a las 163 notarías públicas de Nuevo León como parte de las diligencias relacionadas con el procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, por una presunta triangulación de recursos.
Armida Serrato Flores, presidenta de la Comisión, explicó que los oficios fueron enviados para conocer si existen actos jurídicos vinculados con la adquisición o protocolización de bienes inmuebles atribuidos al mandatario estatal o a integrantes de su familia que todavía no aparezcan inscritos ante el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León.
“Empezamos a enviar el pasado viernes 163 oficios a las notarías del estado de Nuevo León, para efecto de poder saber qué propiedades pudo haber obtenido el gobernador del Estado y su familia, y que no haya agotado el proceso de protocolización”, declaró.
La legisladora precisó que la intención es detectar posibles operaciones registradas ante alguna notaría, pero que aún no hayan concluido el trámite correspondiente ante el Instituto Registral y Catastral.
Serrato Flores señaló que esta información se sumará a los datos solicitados a dependencias estatales, al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el propósito de integrar el expediente del procedimiento.
Dependencias estatales no respondieron
La presidenta de la Comisión Anticorrupción informó que el pasado viernes venció el plazo otorgado a la mayoría de las 69 dependencias estatales para responder los requerimientos de información; sin embargo, afirmó que ninguna de las secretarías presentó contestación.
Ante la falta de respuesta, anunció que enviará nuevos oficios a los titulares de las dependencias, en los que les advertirá sobre las posibles consecuencias legales y administrativas de incumplir con los requerimientos del Congreso.
“A partir del día de hoy, más tardar mañana, voy a continuar enviándoles recordatorios a los secretarios de Estado, dándoles prácticamente esta segunda oportunidad de contestar la información que se les solicitó, porque, de lo contrario, serían sujetos a juicio político y también a responsabilidades administrativas”, sostuvo.
La diputada también cuestionó un oficio firmado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, Héctor Mateos Urbina, mediante el cual, aseguró, se pretende centralizar la atención de las solicitudes enviadas a las dependencias estatales.
Serrato Flores consideró que el funcionario no cuenta con facultades para concentrar dichos requerimientos y adelantó que en los nuevos oficios se especificarán las disposiciones y sanciones que podrían aplicarse en caso de persistir la falta de respuesta.
La legisladora recordó que las secretarías estatales han entregado información a la Comisión Anticorrupción en otros procedimientos de juicio político que permanecen abiertos, por lo que afirmó que las diligencias continuarán hasta completar la integración del expediente.
Estimó que esta etapa del procedimiento podría prolongarse aproximadamente una semana más. La información que se recabe será evaluada por la Comisión y no implica, por sí misma, que se hayan acreditado las conductas señaladas contra el gobernador.
