Acusa MC a Armida Serrato de exceder facultades en investigación contra Samuel García
Por Jorge Maldonado
Monterrey, NL.— La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, Sandra Pámanes Ortiz, acusó a la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato Flores, de exceder sus facultades al enviar 163 oficios a notarías públicas del estado para solicitar información sobre bienes inmuebles relacionados con el gobernador Samuel García Sepúlveda y su familia.
La legisladora sostuvo que dichos requerimientos fueron emitidos sin la autorización de la Comisión Anticorrupción y, aseguró, rebasan el alcance del Acuerdo de Diligencias de Investigación aprobado para el procedimiento de juicio político que se sigue en contra del mandatario estatal.
Pámanes recordó que el acuerdo avalado por la comisión ya contemplaba solicitudes de información a 69 dependencias, medida que calificó como excesiva, por lo que consideró que la ampliación a las notarías públicas carece de sustento legal.
“Resulta evidente que la solicitud rebasa por completo los términos autorizados, exigiendo información que jamás fue sometida ni aprobada por la Comisión”, manifestó.
La coordinadora de Movimiento Ciudadano afirmó que tanto el acuerdo aprobado por la Comisión como la legislación vigente constituyen el único marco legal para requerir información a terceros dentro del procedimiento de juicio político, por lo que cualquier actuación fuera de esos límites, dijo, carece de validez jurídica.
“No se trata de un error administrativo menor. Es una actuación arbitraria, fuera de todo marco legal, que convierte una investigación legislativa en una cacería política sin fundamento ni control”, declaró.
La diputada advirtió que este tipo de actuaciones vulneran el debido proceso y podrían comprometer la legalidad del procedimiento de juicio político, además de generar responsabilidades para quienes promovieron dichas diligencias.
Asimismo, exigió que Armida Serrato explique públicamente con qué atribuciones decidió ampliar el alcance de la investigación, al considerar que esa determinación nunca fue discutida ni aprobada por los integrantes de la Comisión Anticorrupción.
“El uso del procedimiento de juicio político como instrumento de persecución política, al margen de la legalidad, no será tolerado”, concluyó.
Las declaraciones de Pámanes se producen después de que la presidenta de la Comisión Anticorrupción informó sobre el envío de oficios a 163 notarías públicas de Nuevo León como parte de las diligencias relacionadas con el procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García.
