Samuel, sentado sobre la deuda y envuelto en un negro futuro
- La historia de un gobierno atrapado entre la mayor deuda del país y una guerra permanente con el Congreso.
Por Regina Cardona Jasso
Monterrey.- Nuevo León presume ser la locomotora industrial de México, líder en inversión extranjera, manufactura y exportaciones. Sin embargo, detrás de esa fortaleza económica se esconde una realidad que preocupa a especialistas en finanzas públicas: el estado concentra el mayor monto de deuda pública de todo el país y atraviesa una de las peores crisis de gobernabilidad de su historia reciente.
Las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocan a Nuevo León como la entidad con el mayor saldo de deuda entre las 32 entidades federativas, una carga financiera que supera ampliamente a la de estados como Chihuahua, Estado de México, Coahuila, Veracruz y Sonora. Aunque el gobierno estatal sostiene que el endeudamiento es sostenible conforme al Sistema de Alertas de Hacienda, el monto absoluto representa miles de millones de pesos que deberán pagarse durante los próximos años, reduciendo el margen para nuevas inversiones públicas.
Pero el problema de Nuevo León no es únicamente financiero.
La deuda coincide con una prolongada confrontación política entre el gobernador Samuel García y un Congreso dominado por PRI y PAN, una disputa que desde 2022 ha derivado en vetos, controversias constitucionales, juicios políticos, denuncias penales, desacuerdos presupuestales y una parálisis institucional sin precedentes.
Un gobierno sin capacidad de negociación
La política consiste, esencialmente, en construir acuerdos. Y precisamente ahí es donde analistas ubican la principal debilidad del gobierno de Samuel García.
En casi cinco años de administración, el mandatario no ha logrado consolidar una relación funcional con el Poder Legislativo. La confrontación permanente ha provocado que el estado opere durante distintos periodos mediante esquemas de reconducción presupuestal, es decir, ejerciendo recursos con base en presupuestos anteriores ante la imposibilidad de aprobar uno nuevo.
Esta condición genera incertidumbre para municipios, organismos autónomos, inversionistas y dependencias estatales, que carecen de certeza sobre la disponibilidad de recursos para nuevos proyectos.
Mientras otras entidades aprueban oportunamente sus paquetes fiscales, Nuevo León ha dedicado buena parte de su energía institucional a resolver conflictos políticos.
El costo económico del pleito: Samuel-Congreso del Estado
Obras retrasadas. Programas sujetos a litigios. Municipios enfrentados con el Ejecutivo. Organismos autónomos reclamando recursos. Empresarios pidiendo certidumbre.
Especialistas advierten que ningún estado puede sostener indefinidamente un ambiente donde el Ejecutivo y el Legislativo funcionan como adversarios permanentes y no como aliados.
A la crisis política se suman diversos señalamientos realizados por partidos de oposición, organismos fiscalizadores y actores políticos sobre el manejo de recursos públicos y posibles irregularidades administrativas.
Existen investigaciones, auditorías y denuncias relacionadas con diversas actuaciones del gobierno estatal; sin embargo, hasta ahora no existe una resolución judicial firme que establezca responsabilidad penal del gobernador Samuel García. Por ello, cualquier señalamiento debe entenderse como parte de procesos legales aún en curso y no como hechos acreditados.
¿Hacia una anarquía presupuestaria?
Expertos en derecho constitucional y finanzas públicas advierten que prolongar la ausencia de consensos presupuestales puede generar una especie de “anarquía presupuestaria”: un escenario donde el gobierno mantiene su operación cotidiana mediante mecanismos extraordinarios, pero pierde capacidad para planear estratégicamente el desarrollo del estado.
No significa ausencia de gobierno.
Significa ausencia de acuerdos.
El desafío rumbo a 2027
Samuel García entra a la etapa final de su sexenio con una deuda histórica, un Congreso adverso y un clima político polarizado.
Su principal reto ya no parece ser financiero. Es político.
Porque ningún gobernador puede transformar un estado sin construir mayorías. Y ningún proyecto de gobierno puede sostenerse cuando la confrontación sustituye al diálogo.
Nuevo León conserva la fortaleza económica para seguir siendo uno de los motores del país.
Pero esa ventaja puede diluirse si la crisis política continúa imponiéndose sobre la capacidad de gobernar.
Al final, la mayor deuda del estado podría no ser la financiera.
Podría ser la deuda pendiente con la gobernabilidad.
