Piden auditar al municipio de Juárez por presunto abandono de obra y desaparición de materiales
Por Jorge Maldonado
Monterrey, Nuevo León.— La bancada Independiente del Congreso de Nuevo León presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión de situación excepcional al Gobierno Municipal de Juárez, ante señalamientos sobre el presunto abandono de la construcción de un centro comunitario y la supuesta desaparición de materiales destinados a la obra.
La diputada Rocío Montalvo Adame señaló que el proyecto, denominado “Polivalente” o “Espacio de Unidad”, estaba previsto para desarrollarse en la colonia Praderas de San Juan, donde, de acuerdo con su exposición, los trabajos preliminares comenzaron el 22 de febrero de 2024.
Según la legisladora, en el lugar fueron instalados una valla perimetral y personal de vigilancia, además de que se almacenó material de construcción; sin embargo, sostuvo que la obra no avanzó y que actualmente existen dudas sobre el destino de esos insumos.
Ante esta situación, la bancada Independiente pidió que la Auditoría Superior del Estado revise el ejercicio de los recursos públicos destinados al proyecto y determine, en el ámbito de sus atribuciones, si existen irregularidades.
Montalvo Adame argumentó que el municipio ha contado con recursos presupuestales suficientes para desarrollar infraestructura y programas contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.
Indicó que para el ejercicio fiscal 2025 se aprobaron recursos por 2 mil 114 millones de pesos, además de 140 millones de pesos en financiamiento, mientras que para 2026 se autorizó una bolsa de mil 759 millones de pesos.
La diputada sostuvo que estos recursos dieron capacidad financiera tanto a la administración encabezada por el entonces alcalde Félix Arratia como a la actual alcaldesa sustituta, Mónica Oyervides, para avanzar en los compromisos establecidos en el plan municipal, entre ellos el anuncio de la construcción de 100 centros comunitarios.
No obstante, afirmó que en el caso de Praderas de San Juan el compromiso no se concretó, por lo que consideró necesario esclarecer el estado que guarda la obra, los recursos ejercidos y el destino del material que, según su señalamiento, permanecía en el sitio.
El Punto de Acuerdo plantea que sea la Auditoría Superior del Estado la que determine, mediante una revisión excepcional, si existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos relacionados con el proyecto.
