EU guarda silencio ante regreso de Rocha; oposición habla de impunidad y Morena se deslinda
- Washington no ha emitido hasta ahora una postura oficial sobre la reincorporación del gobernador de Sinaloa. El embajador Ronald Johnson publicó, poco después del anuncio, un mensaje sobre la cooperación contra el financiamiento de los cárteles.
Ciudad de México.- El regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, después de 112 días de licencia y en medio de las acusaciones formuladas en Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, abrió un nuevo capítulo de tensión política y diplomática.
Hasta la noche de este viernes 21 de agosto, el gobierno de Estados Unidos no había emitido una reacción oficial específica contra la decisión de Rocha Moya de reasumir la gubernatura. La agencia Reuters reportó que Washington todavía no había respondido formalmente a su reincorporación.
El dato es relevante porque las acusaciones que provocaron originalmente la separación temporal de Rocha procedieron precisamente de Estados Unidos. En abril, fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York acusaron al mandatario sinaloense y a otros funcionarios y exfuncionarios de presuntamente haber colaborado con Los Chapitos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, Rocha habría recibido apoyo de esa organización durante el proceso electoral de 2021 y posteriormente habría facilitado sus operaciones. Se trata de acusaciones de la fiscalía estadounidense, no de hechos probados mediante una sentencia, y Rocha las ha rechazado.
El mensaje de Ronald Johnson
Sin mencionar directamente el regreso de Rocha, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, difundió este viernes un mensaje en el que destacó la cooperación bilateral para combatir las estructuras financieras de los cárteles.
La publicación ocurrió poco más de una hora después de conocerse la reincorporación del gobernador y fue destacada por medios mexicanos debido al contexto. Sin embargo, no existe hasta ahora elemento suficiente para presentarla como una respuesta directa de Washington a Rocha Moya.
La posición formal estadounidense que permanece vigente es la acusación presentada por sus fiscales. El expediente sostiene que funcionarios sinaloenses habrían utilizado posiciones gubernamentales para favorecer las operaciones de Los Chapitos y recibir beneficios a cambio.
Segob toma distancia
En México, la Secretaría de Gobernación dejó claro que el retorno de Rocha no fue una determinación del gobierno de Claudia Sheinbaum.
“La decisión del doctor Rubén Rocha Moya de reincorporarse a sus funciones como gobernador del estado de Sinaloa responde exclusivamente a una determinación de carácter personal”, señaló Gobernación.
La dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez agregó que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre el avance de sus investigaciones y recordó que México ha solicitado reiteradamente a Estados Unidos las pruebas que sustentarían los señalamientos contra Rocha, sin que —según Gobernación— éstas hayan sido entregadas en los términos requeridos.
La postura resulta políticamente significativa: el gobierno federal no condenó el regreso, pero tampoco lo hizo suyo ni expresó un respaldo explícito.
Morena también se deslinda
La dirigencia nacional de Morena adoptó una posición semejante. El partido calificó la reincorporación como una decisión personal de Rocha y se deslindó de ella. Incluso Ricardo Monreal pidió al gobernador reconsiderar su retorno.
Esto contrasta con algunas expresiones locales. Legisladores morenistas en Sinaloa y figuras políticas del estado reconocieron la facultad constitucional de Rocha para regresar, mientras la alcaldesa de Rosario, Claudia Valdez, expresó públicamente su respaldo.
La oposición: “impunidad” y “vergüenza nacional”
Las reacciones negativas fueron considerablemente más fuertes.
Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, calificó el regreso como un “día de vergüenza nacional” y cuestionó que Rocha pudiera retomar el poder después de los señalamientos estadounidenses.
Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano sostuvo que utilizar el argumento de la soberanía frente a las acusaciones estadounidenses constituye un encubrimiento, mientras otros dirigentes priistas insistieron en que Rocha no debería mantenerse en el cargo mientras existan cuestionamientos sobre su actuación.
Las reacciones positivas
Los respaldos públicos fueron más limitados y se concentraron principalmente en actores políticos de Sinaloa.
Quienes ven favorable su retorno sostienen que Rocha mantiene constitucionalmente el cargo, que se separó temporalmente para permitir las investigaciones y que, hasta ahora, en México no se ha hecho pública una resolución judicial que acredite responsabilidad penal en su contra.
El propio Rocha utilizó ese argumento para justificar su regreso. Afirmó que durante los 112 días de licencia se sometió al escrutinio de las instituciones mexicanas y sostuvo que no fueron encontrados elementos suficientes para demostrar la comisión de algún delito.
Un problema que rebasa Sinaloa
El regreso de Rocha tiene, sin embargo, una dimensión que rebasa la política sinaloense.
Estados Unidos mantiene abierta una acusación penal contra un gobernador mexicano en funciones, mientras las autoridades mexicanas sostienen que Washington no ha entregado elementos suficientes para proceder en su contra.
Por eso, quizá la reacción estadounidense más importante hasta ahora sea precisamente la ausencia de una reacción oficial inmediata.
Washington no ha retirado sus acusaciones; México tampoco ha procedido contra Rocha y Gobernación se ha limitado a señalar que su regreso fue una decisión personal.
Rubén Rocha vuelve así al Palacio de Gobierno de Sinaloa, pero no vuelve en las mismas condiciones en las que salió: regresa con una acusación penal estadounidense todavía vigente, con una oposición que convierte su caso en bandera política, con Morena tomando distancia de la decisión y con una relación México-Estados Unidos que tendrá en este expediente uno de sus temas más delicados.
La incógnita ahora es qué hará Washington y, sobre todo, si presentará finalmente ante México las pruebas que asegura tener contra el gobernador sinaloense
