Consejo Cívico cuestiona “trato preferencial” a empresas que aporten al programa Ponte Nuevo
- El organismo advirtió que la agilización de trámites, la certeza jurídica y la atención frente a posibles irregularidades son obligaciones del Estado que deben garantizarse en igualdad de condiciones.
Por Rosa María Rodríguez Quintanilla
Monterrey, NL.- El Consejo Cívico de Nuevo León cuestionó el “trato preferencial” anunciado por el gobernador Samuel García Sepúlveda para las empresas que participen en el programa Ponte Nuevo y advirtió que la certeza jurídica, la agilización de trámites y la actuación transparente de las autoridades deben garantizarse a todas las personas, sin condicionarse a colaboraciones o aportaciones económicas.
En un posicionamiento difundido este 23 de agosto, el organismo reconoció el valor de la colaboración entre el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil, pero sostuvo que esa corresponsabilidad no debe utilizarse como criterio para otorgar una atención diferenciada por parte de las dependencias estatales.
El pronunciamiento se produjo después de que, el 21 de agosto, el mandatario estatal anunciara la institucionalización de Ponte Nuevo, un esquema de colaboración público-privada surgido en el contexto del Mundial 2026, mediante el cual empresas y cámaras empresariales aportaron recursos para proyectos de imagen urbana, movilidad y desarrollo social.
Durante la presentación, García Sepúlveda aseguró que las empresas participantes recibirían un “trato preferencial” en la agilización de trámites y permisos, además de contar con un canal directo de atención ante posibles irregularidades cometidas por servidores públicos estatales.
“Ante cualquier acto de molestia del Estado, cualquiera, fíjense lo que digo, SAT, Medio Ambiente, Inspección Laboral, el que sea, Fuerza Civil, cualquier competencia de Samuel, del Estado, ustedes tienen un trato preferencial porque ayudaron a Nuevo León a ser su mejor versión”, expresó el gobernador, de acuerdo con la cita incluida en el posicionamiento.
También se informó que estas medidas serían formalizadas mediante un decreto del Ejecutivo estatal. Sin embargo, en el comunicado del Consejo Cívico no se detallan el contenido, los alcances ni la fecha de publicación de ese instrumento.
El organismo consideró necesario definir con claridad los términos del anuncio, especialmente porque la atención oportuna, la simplificación administrativa, el combate al cohecho y la certeza jurídica forman parte de las responsabilidades ordinarias del gobierno.
“Un Estado que funciona bien —que agiliza trámites, que no tolera el cohecho, que atiende con oportunidad— debe serlo para todas las personas, no solo para quienes participan en un programa”, señaló.
El Consejo Cívico aclaró que la participación empresarial y ciudadana ha contribuido históricamente al desarrollo de Nuevo León y forma parte de la identidad de la comunidad. No obstante, puntualizó que esa colaboración no debería requerir como contraprestación un trato diferenciado de las autoridades.
Por ello, llamó al Gobierno estatal a eliminar las barreras que enfrentan las personas y las empresas al realizar trámites o interactuar con las dependencias públicas, así como a garantizar que la atención ágil, la certeza jurídica y las acciones contra la corrupción beneficien a toda la población.
El organismo pidió que el acceso a esos servicios no quede condicionado a la participación en Ponte Nuevo ni a la entrega de aportaciones económicas.
“Nuestro estado merece un gobierno que funcione bien y en igualdad de condiciones para todas las personas”, concluyó el Consejo Cívico.
