Propone PRI hasta 12 años de prisión por fraude automotriz en Nuevo León
- La iniciativa busca sancionar a quienes reciban anticipos o mensualidades por vehículos que no sean entregados en el plazo pactado y sin causa justificada
Por Jorge Maldonado
Monterrey, NL.— La bancada del PRI en el Congreso local propuso tipificar el fraude automotriz y sancionar con hasta 12 años de prisión a quienes, sin autorización legal, ofrezcan vehículos o financiamientos, reciban anticipos o mensualidades y no entreguen las unidades en el tiempo pactado, sin causa justificada.
La diputada Gabriela Govea López explicó que la iniciativa plantea adicionar el artículo 391 Bis al Código Penal para el Estado de Nuevo León, con una pena de cuatro a 12 años de prisión y una multa de mil a 10 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
“En el Código Penal también se contemplan agravantes cuando para cometer el ilícito se utilicen oficinas simuladas, se emplee publicidad digital de los créditos, la conducta se realice de manera sistemática o se amenace o coaccione a quienes denuncien”, señaló.
La propuesta también contempla reformas en materia de protección a las personas consumidoras, con el objetivo de establecer mayores controles para quienes participan en la comercialización y el financiamiento de vehículos.
Entre las medidas planteadas se encuentra la obligación de que las personas físicas o morales que ofrezcan vehículos, financiamientos automotrices o planes de pago cuenten con un registro vigente ante la autoridad financiera competente.
Asimismo, se busca prohibir la oferta de créditos automotrices sin la autorización correspondiente y considerar como práctica abusiva la simulación de convenios con agencias o plataformas de venta.
“Estas prácticas han derivado en afectaciones económicas graves para cientos de familias y en una carga significativa para las autoridades investigadoras”, afirmó Govea López.
La legisladora sostuvo que la falta de regulación específica y de controles administrativos eficaces ha permitido que empresas dedicadas a estas prácticas operen con impunidad y cambien de ubicación, afectando el patrimonio de las familias y la confianza de la ciudadanía en el mercado automotriz.
“Ante la magnitud del problema y la reiteración de los casos, resulta indispensable establecer mecanismos que permitan prevenir estas conductas, fortalecer la supervisión y garantizar una mayor seguridad jurídica para quienes realizan operaciones relacionadas con la adquisición de vehículos”, expresó.
Govea López destacó que la reforma pretende cerrar espacios de impunidad y evitar que empresas fraudulentas aprovechen vacíos regulatorios para captar recursos mediante la promesa de entregar vehículos o conceder financiamientos.
