Proponen hasta 8 años de cárcel por prestar o vender cuentas de Uber y DiDi

La iniciativa plantea sanciones de tres a ocho años de prisión y multas de hasta 234 mil 620 pesos para quienes vendan, faciliten o permitan el uso de perfiles digitales vinculados a su identidad.

MONTERREY, NL.— La diputada local del PRI, Armida Serrato Flores, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Nuevo León y ampliar las sanciones relacionadas con la suplantación de identidad en plataformas digitales de movilidad y reparto.

La propuesta plantea modificar el artículo 444 del Código Penal para sancionar a quienes faciliten, vendan o permitan que terceras personas utilicen perfiles digitales vinculados a su identidad.

De acuerdo con el comunicado difundido por la legisladora, las penas propuestas serían de tres a ocho años de prisión y multas de mil a dos mil cuotas, equivalentes a entre 117 mil 310 y 234 mil 620 pesos.

Serrato Flores sostuvo que en el área metropolitana de Monterrey se ha detectado un mercado ilegal de cuentas previamente verificadas para aplicaciones de movilidad y reparto, lo que, señaló, permitiría que personas distintas a las titulares de los perfiles presten servicios sin haber pasado necesariamente por los filtros de seguridad establecidos por las plataformas.

“La suplantación de identidad en el área metropolitana de Monterrey ha encontrado un nuevo y preocupante canal a través del mercado negro de perfiles para plataformas de movilidad y transporte de alimentos como Uber y DiDi”, afirmó.

La iniciativa también contempla aplicar las mismas penas previstas para el delito de suplantación de identidad a quien otorgue su consentimiento para que otra persona utilice su identidad bajo esas condiciones.

Asimismo, propone aumentar hasta en una mitad la sanción cuando la conducta implique la administración, adquisición, obtención, reproducción o utilización sin autorización de documentos, sellos, certificados, firmas digitales o electrónicas, así como datos biométricos.

La legisladora presentó la iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado con el objetivo de incorporar de manera expresa al Código Penal conductas relacionadas con plataformas digitales, sistemas informáticos y el uso indebido de información biométrica.