MC propone obligar a identificar vehículos y bienes oficiales en Nuevo León
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Por: Jorge Maldonado Díaz
Con miras a prevenir el uso indebido de recursos públicos rumbo al proceso electoral de 2027, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León impulsará una reforma constitucional para obligar a las dependencias públicas a identificar sus vehículos y demás bienes muebles.
La diputada Brenda Velázquez Valdez informó que la iniciativa plantea modificar el artículo 191 de la Constitución Política del Estado para que los bienes adquiridos o arrendados con recursos públicos cuenten con la imagen institucional correspondiente, salvo las excepciones que establezca la ley.
La propuesta busca que la ciudadanía pueda reconocer fácilmente los vehículos oficiales y otros bienes públicos, incluso cuando se encuentren fuera de las instalaciones gubernamentales, y detectar posibles usos ajenos a las funciones institucionales.
La obligación abarcaría a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los municipios y los organismos constitucionalmente autónomos.
De acuerdo con la exposición de motivos, contar con bienes plenamente identificables permitiría inhibir su utilización para fines personales o políticos, facilitar las denuncias ciudadanas y aportar elementos para las investigaciones de los órganos internos de control.
Velázquez Valdez destacó la relevancia de establecer mecanismos de vigilancia ciudadana ante la proximidad de las elecciones de 2027, a fin de evitar que vehículos oficiales, incluidos los arrendados, sean utilizados con fines distintos a los autorizados.
La iniciativa contempla un plazo de 90 días naturales para que los entes públicos emitan los lineamientos técnicos correspondientes y de 180 días naturales para adecuar sus bienes a las nuevas disposiciones.
De aprobarse la reforma, la identificación de los bienes públicos dejaría de depender únicamente de decisiones administrativas y se convertiría en una obligación constitucional, con el propósito de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión ciudadana sobre el uso de los recursos públicos.
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