noviembre 4, 2026

La Talacha Noreste

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Lleva Clara Luz a la FGR denuncia contra Samuel y Mariana por desvíos.

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Monterrey, Nuevo León.-La disputa política en Nuevo León escaló nuevamente al terreno judicial. Clara Luz Flores Carrales presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos que involucran al gobernador Samuel García Sepúlveda y a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú.

La acción busca que las autoridades federales investiguen los señalamientos de una presunta triangulación de recursos públicos estatales y federales mediante contratos otorgados a proveedores del gobierno de Nuevo León.

El caso tiene como antecedente una denuncia presentada por Morena ante la FGR el pasado 26 de mayo, en la que se señaló un posible desvío de hasta mil 400 millones de pesos.

De acuerdo con los señalamientos del partido, parte de esos recursos habría seguido una ruta financiera a través de empresas proveedoras hasta llegar a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho relacionado con el gobernador y su padre.

Las acusaciones también apuntan a posibles beneficios indebidos y conflictos de interés relacionados con Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León.

En septiembre pasado, Morena presentó otra denuncia, esta vez ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León, en la que amplió los señalamientos contra el mandatario estatal, su esposa, familiares y funcionarios.

Entre los posibles delitos que se solicitó investigar figuran peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con esta nueva actuación ante la Fiscalía federal, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos en la administración emecista.

Será la FGR la instancia encargada de determinar si existen elementos para iniciar o ampliar investigaciones y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Hasta ahora, los señalamientos constituyen acusaciones que deberán ser acreditadas ante las autoridades y no equivalen a una declaración de culpabilidad contra las personas mencionadas.

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