REFLEXIONES 2023
Por Mtra. Emilia Vela González
A propósito de reformas legislativas y algo más
En abril del 2021 trascendió que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión, contenía un artículo, el décimo tercero transitorio, que no había sido discutido y que ampliaba el periodo del cargo del presidente de la Suprema Corte por dos años adicionales a los cuatro para el cual había sido designado.
Si bien dicha noticia propició un rechazo generalizado, el ministro presidente Arturo Zaldívar, supuesto beneficiario de tal modificación y en quien estaban enfocados los reflectores, por algún tiempo guardó un silencio que no dejaba de llamar la atención. En junio del citado año se publicó en el diario oficial de la federación la reforma del Poder Judicial Federal y en agosto el ministro manifestó que él ocuparía el cargo hasta el 31 de diciembre del 2022, fecha en la cual concluiría su encargo.
Derivado las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra la referida reforma legislativa, si bien se analizaron otros aspectos de la misma, el relacionado a la ampliación del periodo fue rechazado por unanimidad por los once ministros que integran el pleno de la Corte al señalar que violaba los artículos 97 y 100 constitucionales, la ministra Norma Piña expresó entonces que “… La misión de los Tribunales judiciales, no es complacer a las mayorías políticas en turno, si no hacer valer la Constitución…”.
Si tomamos en consideración que actualmente se debate en la Corte, la Constitucionalidad o no de las reformas legislativas en materia electoral aprobadas por los legisladores de Morena y sus aliados, cobra sentido la pretensión de ampliar el período del ministro Zaldívar de quien se ha señalado su cercanía al presidente López Obrador. Ante tales circunstancias y ante la proximidad de la renovación de la presidencia de la Corte, trascendió el interés de este último de que Yasmín Esquivel, ministra identificada como cercana al obradorismo, presidiera el máximo órgano Constitucional, sin embargo una investigación del académico Guillermo Sheridan puso de manifiesto que la tesis de 1987 con la cual esta había obtenido su grado de licenciatura tenía sospechosas semejanzas, por decir lo menos, con otra diversa escrita un año atrás, la atención que tal hecho produjo en los medios fue definitiva para que tal opción no se concretara.
Una frase que, desde el púlpito presidencial, se repite cada mañana, es aquella de que “No somos iguales”. Más allá de pretender calificar como mejor o peor este gobierno a sus predecesores, se puede advertir que a diferencia de los anteriores que presentaban sus iniciativas de reforma en materia electoral en el primer trienio de su gobierno, la cual se ponía a prueba con la renovación de la cámara de diputados, el presidente López Obrador, pretendió en el cuarto año de su gobierno una reforma Constitucional en virtud de la cual desaparecía el INE y se modificaban estructuralmente las reglas del juego electoral, esto es a meses de que iniciara el proceso electoral federal 2023-2024 en el cual se renovarán la presidencia de la república y ambas Cámara del Congreso de la Unión.
Desde el 2021 Morena perdió la mayoría calificada en la referida cámara, la cual, si había tenido en los primeros tres años, esto y la multitudinaria marcha en defensa del INE en noviembre del 2022, sin duda fueron determinantes para que no pasara la pretendida reforma constitucional. Entonces la mayoría simple en el congreso aprobaron el denominado plan B relativo a reformas legislativas en materia electoral, mismas que ya fueron publicadas y respecto de las cuales algunos de sus efectos están en suspenso, en espera de la decisión final de la Corte atendiendo a las diferentes acciones de Inconstitucionalidad promovidas en contra de las mismas.
Por lo pertinente del caso, vale la pena hacer memoria de los temas de algunas de las reformas Constitucionales y legislativas más significativas en materia electoral y la época en que estas tuvieron lugar. En 1988 se llevaron a cabo una de las elecciones presidenciales más controversiales, quedando para la Historia la expresión “caída del sistema”. La presidencia de la república fue asumida por Carlos Salinas de Gortari. Con la reforma Electoral 1990 se crea el Instituto Federal Electoral IFE, como un organismo autónomo encargado de organizar elecciones, que sustituyó a la Comisión Federal de Elecciones que dependía de la Secretaría de Gobernación.
En 1996 ya con Ernesto Cedillo como presidente, se logra una autonomía absoluta del IFE, se incluyen los principios que rigen la materia electoral; se fijan topes de gastos de campaña; se incluyen las fotografías en las listas nominales; se establecen los límites del financiamiento público y privado. Así mismo se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se publica la Ley de medios de Impugnación en materia electoral, se tipifican los delitos electorales, por señalar algunos.
Durante el gobierno de Vicente Fox, si bien no hubo cambios estructurales respecto a la autoridad electoral, la participación política de las mujeres si se vería beneficiada. El 24 de junio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas al COFIPE, en la que se estableció la obligación de los partidos políticos de observar la igualdad de oportunidades y equidad entre hombres y mujeres para acceder a cargos de elección popular, se incluyeron las cuotas de género en las candidaturas a legisladores para no exceder de un 70% de candidatos propietarios de un solo género, y en las listas de candidatos de representación proporcional se estableció que de cada segmento de tres, uno debería ser de distinto género.
En el 2008 con posterioridad a otra controvertida elección en la que Felipe Calderón asume la presidencia con una diferencia de medio punto porcentual con respecto a Andrés Manuel López Obrador, y derivado de la llamada “guerra sucia” se cambia el modo de comunicación política, prohibiendo a partidos políticos y particulares la compra de tiempos de radio y televisión, y será el Estado el que distribuya a los primeros los que correspondan, atendiendo a los resultados obtenidos en las elecciones previas para diputados federales
Ya en el poder Enrique Peña Nieto, en el 2014 se experimenta una importante reforma Constitucional en materia política electoral, el IFE es sustituido por el Instituto Nacional Electoral INE, con mayores atribuciones, la paridad en las candidaturas a legisladores federales y locales se eleva a principio constitucional para cuya observancia no se contemplarían excepciones.
Ignoro si el presidente López Obrador, pudo imaginar que en el segundo trienio de su gobierno perdería la mayoría calificada de la cámara de diputados, que si tuvo en el período 2018-2021, o que alguien que no fuera él pudiera reunir al número de personas que, en noviembre del año anterior y febrero del presente, marcharon o se concentraron para expresar su apoyo al INE.
Lo cierto es que hemos vivido en los últimos meses circunstancias inéditas. La iniciativa de reforma electoral, provienen del partido en el poder y no de la oposición; el veto presidencial a dos comisionados electos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales INAI, para hacer inoperante un órgano que ha permitido conocer la irregularidades de distintas dependencias gubernamentales; la selección de candidatos a consejeros del INE por insaculación; la falta de respeto a la titular del Poder Judicial de la Federación y la cada vez menos discreta actividad de visibilización que a través del país despliegan los funcionarios del gobierno federal y la jefa de gobierno de la ciudad de México, que aspiran a suceder al presidente López Obrador.
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