SER NOMBRADAS COMO EXISTIMOS ES EJERCER PODER.
Reflexiones sobre el caso de Lorena Ortiz Ramírez.
Por Zayonara Pérez
Resumen
El caso de Lorena Ortiz Ramírez, primera mujer trans regidora en un ayuntamiento de Tamaulipas, revela cómo el lenguaje opera como un dispositivo de poder en la política. El debate no es semántico, ni anecdótico, es profundamente democrático. Nombrar desde la autopercepción no es corrección política, sino una condición mínima de justicia simbólica y de democracia sustantiva.
Se escribe y se habla con frecuencia sobre mujeres diversas, pero rara vez se escribe y se habla desde nosotras, desde un lugar situado como mujeres diversas.
Esta afirmación no es menor, nos remite a una pregunta central basada en el pensamiento crítico y feminista: ¿quién produce conocimiento, desde dónde y con qué legitimidad?
Amelia Valcárcel, Donna Haraway y el feminismo crítico coinciden en que el conocimiento situado no debilita el análisis, sino que lo hace más honesto. Frente a la falsa objetividad —que con frecuencia encubre privilegios— el análisis situado permite comprender con mayor profundidad las relaciones de poder que estructuran la vida social y política. De ahí la importancia de que seamos las mujeres diversas quienes agenciemos nuestra propia narrativa. No todas las mujeres vivimos el género, el poder y la exclusión del mismo modo.
Desde los derechos humanos y el principio de igualdad sustantiva, la inclusión de identidades diversas no es una concesión ni una agenda secundaria: es una consecuencia lógica del orden constitucional. Sin embargo, entre el reconocimiento formal y la experiencia cotidiana persiste una distancia que no es mínima ni superficial.
Por ello la importancia de reducir esa brecha que define quién interpreta la realidad, quién ejerce autoridad simbólica y quién queda reducida a objeto de análisis.
En el espacio público —y particularmente en la política— esta asimetría se traduce en silencios, minimizaciones y violencias que suelen normalizarse bajo el discurso de la neutralidad. Las identidades que incomodan suelen ser las primeras en ser silenciadas. El uso de lenguaje ofensivo o discriminatorio hacia personas por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género no constituye una desviación aislada; es una práctica estructural que reproduce jerarquías históricas.
En este marco se inscribe el caso de Lorena Ortiz Ramírez, primera mujer trans en ocupar el cargo de regidora en un Ayuntamiento de Tamaulipas, quien recientemente ha denunciado ser sujeta de violencia política de género. El núcleo de la denuncia radica en el uso intencional de pronombres y términos masculinos como «regidor» o «señor» para referirse a Lorena Ortiz Ramírez, a pesar de su identidad y expresión de género en femenino, derecho reconocido legalmente.
Lo que está en juego no es una disputa partidista ni una exageración identitaria, sino el derecho mínimo a ser nombrada y reconocida como autoridad política sin que su identidad sea puesta en duda.
El derecho a la identidad y a la expresión de género es un derecho humano fundamental que garantiza que todas las personas puedan vivir, nombrarse y ser reconocidas conforme a su autopercepción, sin discriminación ni violencia. Su esencia es clara. Nadie debe justificar quién es para acceder a derechos, y mucho menos cuando ejerce un cargo público.
Este derecho implica, en primer lugar, el reconocimiento legal de la identidad de género autopercibida en documentos oficiales y registros institucionales. No se trata de una formalidad administrativa, sino de una condición básica de ciudadanía.
Cuando el Estado reconoce legalmente una identidad y, aun así, esta es negada en espacios de poder, la violencia deja de ser individual para convertirse en institucional.
Desde una perspectiva académica y feminista, es imprescindible señalar que la violencia política no se limita a impedir el acceso a un cargo, sino que se manifiesta —y se profundiza— cuando se niega simbólicamente la legitimidad de quien ya lo ocupa, cuestionando su identidad, su autoridad y su derecho a nombrarse y ser nombrada. En el caso de Lorena Ortiz, al ser nombrada incorrectamente de manera deliberada, no solo se le agrede simbólicamente, sino que se vulnera su derecho humano a existir y ejercer poder con dignidad.
Entonces, nombrar mal no es un error técnico; es una forma de ejercer poder.
Llamar en masculino a una mujer trans en un espacio institucional no es un desliz casual, sino un acto profundamente político. Implica imponer una norma que pretende definir quién puede ser reconocida como autoridad y quién debe permanecer en los márgenes. Como advierte Valcárcel, una de las formas más eficaces de dominación es aquella que se presenta como costumbre, como algo “normal”, imposible de cuestionar. Así, la violencia se vuelve cotidiana y, por tanto, invisible.
La reacción social en redes sociales frente a este caso concreto confirma ese diagnóstico, lo que circula no son argumentos deliberativos, sino dispositivos discursivos de odio y de clausura que se reproducen una y otra vez. Afirmaciones como que “sólo le dicen la verdad”, que “solamente es una palabra”, que “es exagerado”, que “hay problemas más importantes para abordar” o que “se trata de un tema partidista” no buscan explicar la realidad; buscan clausurar la discusión y legitimar la discriminación. Cuando el lenguaje se naturaliza, se cancela la posibilidad de disputa y, con ello, la posibilidad misma de la igualdad.
Esta discusión aparentemente aletargada constituye, en sí misma, otra forma de violencia amplificada por discursos de odio en espacios digitales, al pretender jerarquizar qué derechos merecen defensa inmediata y cuáles pueden postergarse indefinidamente.
Podría pensarse que mi análisis conduce inevitablemente a la revictimización. Sin embargo, reducirlo a ese plano sería otro error. Nombrar la violencia no implica fijar a las mujeres en el lugar de víctimas, sino reconocerlas como sujetas políticas capaces de confrontar el orden simbólico. En este sentido, la denuncia pública realizada por Lorena Ortiz no es una queja individual, sino un acto de agencia política que disputa quién tiene derecho a definir el significado del lenguaje en la esfera pública.
En este sentido, la respuesta de Lorena Ortiz —al señalar públicamente la agresión y activar los mecanismos institucionales— no es sólo una reacción frente a la violencia, sino un acto de empoderamiento político. Desde la lectura de Valcárcel, disputar el lenguaje es disputar el poder, y hacerlo desde la visibilidad pública es una forma legítima de resistencia democrática.
Desde esta perspectiva, resulta irrelevante si la agresión fue dirigida a sujetas políticas del partido en el poder o que provino de las opositoras, etc. La violencia política de género no cambia de naturaleza según el color partidista. Desplazar el foco hacia la coyuntura electoral es una estrategia conocida para evitar nombrar lo esencial: que el poder continúa mostrando resistencias profundas cuando es ejercido por mujeres, y aún más cuando esas mujeres desafían las normas tradicionales de género.
El caso de Lorena Ortiz nos obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué tipo de democracia estamos defendiendo si todavía se discute si las mujeres deben ser nombradas correctamente para ejercer autoridad? La pregunta se vuelve aún más incómoda cuando la negación de la identidad es ejercida por otra mujer, pues evidencia que la democracia no se agota en la presencia de mujeres en el poder. El orden patriarcal se reproduce también cuando mujeres asumen como propias normas que niegan la existencia y la autoridad de otras mujeres. La igualdad no se alcanza únicamente con derechos formales, sino cuando el lenguaje deja de ser un campo de batalla desigual.
Ante este caso, el derecho obliga al Estado y a la sociedad a prevenir, sancionar y erradicar la discriminación, el acoso y la violencia por motivos de identidad o expresión de género.
Nombrar bien no es corrección política. Es justicia simbólica. Y sin justicia simbólica, la democracia se reduce a un enunciado vacío.
Ser nombrada como deseamos existir es ejercer poder. Y también es la condición mínima para una democracia que aspire a ser verdaderamente incluyente.
Zayonara Pérez
Consultora independiente con enfoque de género en participación política y gobernanza.
Integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas.
Integrante de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria, AMPROVIC A. C.
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