Identifican restos de José Francisco Juárez tras 18 años; familia denuncia entrega indigna y exige justicia 

-FUUNDEC-M y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios señalaron que la identificación no cierra el caso y demandaron esclarecer quién lo desapareció y asesinó, así como continuar la búsqueda de Javier Burciaga. 

COAHUILA, Coah. | Después de casi 18 años de búsqueda, los restos de José Francisco Juárez Adriano fueron identificados y entregados a su familia, que denunció irregularidades, falta de sensibilidad y revictimización durante el proceso de notificación e inhumación. 

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) y el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios informaron este martes que José Francisco había sido localizado en una fosa desde hace más de un año. Sin embargo, su familia fue notificada formalmente hasta el pasado 16 de julio. 

José Francisco Juárez Adriano desapareció junto con Javier Burciaga el 26 de octubre de 2008, en Matamoros, Coahuila. Diez meses después también desapareció Luis Carlos Burciaga Ramos. Hasta ahora, de acuerdo con las organizaciones, las autoridades no han esclarecido quiénes participaron en estos hechos ni las circunstancias en las que José Francisco fue privado de la vida. 

“Que regrese a casa no es una noticia alegre, pero representa un poco de descanso para una familia a la que le arrebataron a un padre y esposo”, expresaron los colectivos en un pronunciamiento público. 

Las organizaciones señalaron que la identificación de los restos no significa que el caso esté resuelto. La familia mantiene su derecho a conocer la verdad, acceder a la justicia, obtener una reparación integral y contar con garantías de no repetición. 

Denuncian revictimización durante la entrega 

FUUNDEC-M y el Centro Fray Juan de Larios denunciaron que la notificación fue realizada con tecnicismos y sin las condiciones de acompañamiento jurídico, técnico y psicosocial que requiere una familia después de casi dos décadas de búsqueda. 

También acusaron que las autoridades no informaron oportunamente a las asesoras de la familia que el dictamen del Centro Regional de Identificación Humana “Blanca Isabel Martínez Bustos” estaba disponible desde mayo. 

De acuerdo con el pronunciamiento, estas actuaciones incumplieron el Protocolo de Actuación Nacional para la Notificación y Entrega Digna de Personas Fallecidas Identificadas, así como disposiciones del Protocolo Homologado de Investigación. 

La familia también enfrentó dificultades para recibir apoyo funerario. Según las organizaciones, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le pidió seleccionar un ataúd mediante fotografías enviadas por teléfono. El féretro fue trasladado inicialmente en una unidad en malas condiciones y tuvo que ser reemplazado. 

Estos contratiempos retrasaron la ceremonia y provocaron que la inhumación concluyera alrededor de las 22:00 horas del sábado 18 de julio, en el panteón municipal, todo porque a partir de este lunes 20 de julio, iniciaban período vacacional las instituciones públicas. 

Para las organizaciones acompañantes, el trato recibido constituyó una nueva afectación a la familia, reconocida legalmente como víctima indirecta, y vulneró su derecho a participar en una entrega planificada, respetuosa y culturalmente adecuada. 

Exigen continuar la investigación 

FUUNDEC-M y el Centro Fray Juan de Larios solicitaron a las autoridades de Coahuila continuar las investigaciones para esclarecer la desaparición y muerte de José Francisco Juárez Adriano, identificar a las personas responsables y mantener la búsqueda de Javier Burciaga. 

También demandaron investigar administrativa y penalmente las posibles acciones u omisiones de personas servidoras públicas que hayan provocado retrasos, falta de información o revictimización. 

Entre sus exigencias se encuentran garantizar el cumplimiento de los protocolos nacionales de investigación, identificación y entrega digna; fortalecer la autonomía técnica y científica del Centro Regional de Identificación Humana; y reconocer el derecho de las familias a elegir libremente a las organizaciones que las acompañan y representan. 

Asimismo, pidieron que las autoridades informen por escrito las medidas adoptadas para garantizar la debida diligencia, la participación efectiva de las víctimas y la no repetición de las irregularidades denunciadas. 

La identificación y restitución de los restos permite a la familia realizar un acto funerario, pero no extingue las obligaciones del Estado. Mientras no se determine qué ocurrió, quiénes fueron responsables y por qué la búsqueda e investigación tardaron casi 18 años, la desaparición continúa produciendo efectos jurídicos, familiares y sociales. 

“Seguimos con la exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición”, señalaron las organizaciones. “No descansaremos hasta encontrarles y recibir un trato digno por parte de las autoridades”.  

El pronunciamiento fue dirigido al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; al secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González; al fiscal general del estado, Federico Fernández Ordóñez; al fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda; al comisionado de Atención a Víctimas, Ricardo Martínez Loyola; a la comisionada local de Búsqueda, Gabriela Noguez Sandoval, y al titular de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales. También fue enviado al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, con el propósito de que den seguimiento a las irregularidades denunciadas y a las demandas de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.