Perdidos en los congeladores de la justicia, los expedientes del asesinato de seis precaristas por parte de policías de Protección Ciudadana aguardan desde hace 43 años la sentencia judicial contra los responsables, algo difícil para un juez, ya que la Procuraduría de Justicia nunca consignó la averiguación a pesar de testimonios y la versión de un militar que sostiene que la policía balaceó sus propias patrullas para así culpar a los vecinos del predio Pancho Villa de agresión y justificar los homicidios
Por Luis Alvarado
Primera de Dos Partes
Dentro de la historia moderna de las llamadas luchas populares en Nuevo León, al 18 de febrero de 1976 corresponde la fecha de un crimen sin castigo del gobierno estatal al disparar policías de Protección Ciudadana en contra de precaristas del predio Pancho Villa en el sector Granja Sanitaria y provocar la muerte de seis personas. Crimen de Estado, también se le llama.
Los colonos asesinados: Canuto Cruz, Pablo Hernández, Rubén Gutiérrez, Antonio Franco, Antonio Olivares y José Nava, más otros cinco heridos de bala, más dos policías heridos por piedras.
Diversos participantes han declarado que en el lugar se realizaba una asamblea de colonos y posesionarios en la cual discutían posibles soluciones a los problemas que enfrentaban, como la falta de una escuela, un dispensario y los servicios de agua y luz, reunión que sería interrumpida por un operativo policiaco ordenado por el gobierno estatal.
La tragedia marcaba las demandas por la tierra urbana, los conflictos de los sin tierra, la represión del gobernador Pedro Zorrilla Martínez, los abusos policiacos contra estudiantes, colonos, campesinos desplazados agrupados en el movimiento Tierra y Libertad y conflictos internos entre líderes.
Y ante todo, una masacre, la cual nunca se esclareció como tampoco se castigó a los policías responsables al mando del capitán Juan Manuel Urrutia Paura y que a la fecha, cada año, sigue sacando a la calle a cientos o miles de manifestantes del FPTL exigiendo justicia a 43 años de la matanza.
Las “investigaciones” de la Procuraduría de Justicia en aquel año de 1976 no dejaron nada en claro, pues se basaron en las declaraciones de policías de 10 patrullas y granaderas, quienes argumentaron que ellos fueron primero agredidos a balazos por los colonos y que solo repelieron la agresión.
Y tan así fue que la instrucción superior estancó la averiguación de la Procuraduría sin que jamás se consignara a algún juzgado Penal como debió haber sucedido, no obstante la promesa del gobernador Zorrilla de hacer justicia y de que se castigaría a los responsables.
Un capitán militar acusa falsedad de la Policía para cubrir homicidios
Sin embargo, ninguna autoridad nuevoleonesa contaba con que el testimonio de un hombre del sistema desmentiría la versión oficial de que los policías respondieron con fuego a los disparos hechos por los colonos -desgraciadamente 18 años después- con la declaración de un oficial de inteligencia militar asignado a monitorear los conflictos urbanos, quien en apego a la verdad reveló que la supuesta agresión con armas de fuego fue solo un invento de la policía y por ende, de la Procuraduría.
El oficial –capitán- Gilberto Carretero publicaría el libro Revelaciones de un militar en coautoría con Ramón Azpiri Pavón (Monterrey, Ediciones Castillo, 1994) en el que asienta que él siguió a las patrullas dirigidas por Urrutia Paura cuando salieron a toda velocidad por la avenida Aztlán después de haber disparado los policías a los colonos y presenciar cuando los agentes se detienen cerca de Gonzalitos y Constitución.
El militar dice atestiguar cuando los policías empiezan a disparar contra sus propias patrullas en los parabrisas, guardafangos y puertas para simular disparos recibidos por los colonos, pues evidentemente no habían recibido impacto alguno ya que los posesionarios solo les habían lanzado piedras.
“No alcanzaba yo, en ese momento, a comprender la actitud de los uniformados, hasta que recapacité: Simplemente estaban dejando la evidencia de que habían sido agredidos”, escribe el soldado Carretero citado por el periodista Asael Sepúlveda.
Pero en el lugar del crimen en colonia Granja Sanitaria, avenida Aztlán y Emiliano Zapata en la ahora colonia Valle de Santa Lucía, frente a la colonia Unidad Modelo, la versión del capitán militar señala que el día del conflicto él buscaba datos fidedignos para acompañar su reporte castrense y que al indagar con colonos éstos le dijeron que los primeros disparos provenían de donde estaban estacionados a dos calles unos policías judiciales que permanecieron expectantes, pues oficialmente no intervinieron.
“Por aquellos años, había un choque frontal entre el Gobernador Zorrilla y los dirigentes de Tierra y Libertad. Una agresión armada contra la policía hubiera sido el pretexto ideal para encarcelarlos y dar un golpe contundente a los movimientos de posesionarios”, escribió el 18 de febrero de 2010 en http://www.15diario.com/15diario/10/02/100218/18asael.html Asael Sepúlveda, ahora diputado local por el PT.
Carretero agrega en su libro, citado el testimonio de los policías de Protección Ciudadana; “cerca del lugar de los hechos recabé la versión de la policía. Unas personas se quejaron de haber sido asaltadas cerca de Granja Sanitaria y al rastrear la zona vieron a unos que corriendo se metieron a una casa, ahí fueron a tratar de detenerlos pero opusieron resistencia, vinieron más patrullas, les lanzaron piedras, llegaron más vecinos y sonaron disparos, entonces los policías repelieron la agresión a tiros matando a varios colonos”.
El capitán de inteligencia castrense añade: “La versión de los colonos fue que la policía uniformada intentó aprehender a unos vecinos que dormían fuera de su casa debido al calor, éstos no se dejaron, llegaron otros colonos, apedrearon a los policías y de repente se escucharon unos disparos (señalaron el rumbo por donde estaban los judiciales) y entonces los preventivos o uniformados dispararon contra los colonos”.
Versión de actor
“El 18 de febrero de 1976, con el pretexto de impedir que los compañeros de la colonia Francisco Villa expresaran su apoyo a los colonos de San Angel Sur, que mantenían un diferendo con Fomerrey, el gobierno ordenó que un destacamento policíaco vigilara este último sector. Lo que pasó esa noche ha sido objeto de controversias entre los distintos actores de esos trágicos acontecimientos”.
“Lo cierto es que fueron asesinados seis compañeros por las balas asesinas de la policía. Esto generó gran descontento entre todos los segmentos del pueblo en lucha. Al día siguiente 50 mil personas marchábamos a Palacio de Gobierno exigiendo la renuncia del gobernador del estado, el castigo y encarcelamiento de los autores intelectuales y materiales del cobarde crimen y la inmediata reparación del daño moral a las viudas e hijos de los compañeros muertos”, escribe el abogado Agustín Acosta Zavala en su libro Así lo recuerdo, (Imprenta Río Nazas, Torreón, 2015, p.p. 90, 91).
Acosta expresa que los días subsecuentes se establecieron campamentos permanentes de protesta en varios lugares de la ciudad, “mientras que al interior del grupo dirigente arreciaba la lucha interna, cruzándose acusaciones de irresponsabilidad ante los trágicos hechos; acusaciones tales como aventurerismo de un lado y excesiva práctica negociadora y arreglos en lo oscurito con el gobierno del otro lado”.
Información de El Porvenir
El periódico El Porvenir publicaba el jueves 19 de febrero de 1978 (sección 2-A) que prevalecía una división interna entre los precaristas, “ya que unos desean que Fomerrey regularice y construya viviendas, pero al parecer la mayoría no está de acuerdo y se inclinan por la estrategia de dirigentes de Tierra y Libertad…”, según la nota del reportero Antonio Contreras.
Añade el matutino que recientemente uno de los dos grupos se quejó con el secretario de Gobierno César Santos, solicitando protección policiaca y que por ello se ordenó situar una patrulla, la número 54, a la entrada del predio San Angel.
Según la versión del periodista, la policía entró como a las 2:00 de la madrugada del miércoles 18 a solicitud de quienes denunciaban latrocinios, versión que negaron los dirigentes de colonos indicando que “estaban de guardia”. El capitán policiaco Urrutia Paura llegó con apoyo de patrulleros conminando a los bandos a dialogar y llegar a un arreglo, para luego descender de las colonias Francisco Villa, Tierra y Libertad y Genaro Vázquez unas 50 personas para apoyar.
La Balacera, “por confusión”
“Al verlos armados de piedras, los policías que se encontraban a unos 50 o 60 metros del capitán Paura, sin orden y llevados por (el) temor a ser agredidos abrieron fuego rápida e inesperadamente. El temor, pues, desencadenó el zafarrancho. El propio Paura estuvo en un tris de ser atacado por sus hombres”, refiere la nota del rotativo.
Incluso señala que “Paura y Héctor Camero explicaron que hubo confusión, pero que la agresión partió de la policía. El parte policial señaló que en esa colonia no se encontró ni recogió ninguna arma (de fuego). Los precaristas heridos, todos son de bala”, escribe el reportero Contreras. El diario publica una foto de cuchillos, machetes, palos, varillas y un magnavoz decomisados.
El Porvenir consigna declaraciones del procurador de Justicia del estado, Fernando Guajardo quien “dejó entrever la posibilidad de que todo se haya iniciado por pifia policiaca, por temor de ser agredidos…El gobernador (Zorrilla Martínez) por su parte, afirmó que se castigará a los responsables y se indemnizará a los deudos, de acuerdo a lo que hace Fomerrey”.
Mientras, “la colonia San Angel lloraba anoche a sus muertos. Silenció sus ruidosos equipos de sonido, usados en sus mítines… Un crespón negro en las viviendas de 600 personas precaristas, simbolizaban el luto, la pena que la madrugada del miércoles nació de la ignorancia y el miedo”.
Lo que declararon los policías
Los 60 patrulleros que intervinieron en la refriega declararon ante el Ministerio Público; algunos dijeron disparar al aire, otros que no dispararon y otros más que “dispararon directamente para repeler la agresión de que fueron objeto”.
“El comandante Juan Urrutia Paura, que comandaba a las patrullas, ignora quien dio la orden de hacer fuego y estima que lo hicieron los propios patrulleros ante el temor de una agresión”, añade El Porvenir, para luego señalar que el director de Protección Ciudadana, mayor Santiago Pérez Rincón había ordenado a la patrulla 54 vigilar que posesionarios no cometieran ilícitos.
Pérez Rincón agregó que tras dialogar Paura con los posesionarios que se habían reunido amenazadoramente, otros “trataron de secuestrar las patrullas bloqueando con toda clase de obstáculos las vías de acceso al área”.
El jefe policiaco afirmó que “al llegar a las calles de Aztlán y Emiliano Zapata, los elementos de protección ciudadana fueron atacados con disparos de arma de fuego y los posesionarios, armados de machetes y varillas, lanzaron bombas molotov, entonces los elementos de Protección Ciudadana desmontaron de sus unidades y repelieron la agresión con disparos de sus armas, haciendo uso de pistolas y metralletas”, todo esto basado en el reporte oficial del capitán Paura, a cargo de la represión.
Ese miércoles 18 durante el día, una comisión de Tierra y Libertad, Granja Sanitaria, San Angel y predio Francisco Villa encabezados por Alberto Anaya, Camero y Maximino Hernández se reunieron con el secretario de Gobierno, César Santos Santos, quien “dijo que existe una disposición conjunta de dar solución al problema”.
Agente declara que colonos balacean las patrullas
En su declaración ministerial, el patrullero Rubén Ramírez Aldaco dijo que cuando los policías ya se habían replegado, “la muchedumbre se nos echó encima, se oyeron balazos… Empezaron a balacear las patrullas. Yo me di cuenta”. “A otro compañero vi cómo le dieron la pedrada en la nariz”, declaró por su parte el subteniente Peña.
Peña agrega que “No obstante la balacera, Paura siguió dialogando con los líderes y cuando supimos que balaceaban a las patrullas en la carretera (Aztlán), ordenó que nos reconcentráramos también y todos nos fuéramos hacia el Palacio de Justicia (exterior del penal Topo Chico)”. D}
Pero dentro de lo decomisado a los precaristas no se encontró ninguna arma de fuego, sólo cuchillos y varillas.
El Porvenir ilustra las notas con dos patrullas balaceadas en los parabrisas, una, la número 19 “al parecer de metralleta” porque guarda una línea a lo largo del vidrio y la otra una camioneta granadera con dos impactos de mayor calibre o grosor, al parecer hechos a muy corta distancia en dirección al conductor, “que se había arrojado fuera del vehículo”, (p. 2-A).
La lección de Apura
Actor también en los hechos, Guillermo Dorantes Yedra afirma en su cuenta de Facebook el 18 de febrero de 2014: “Llegaron a la Granja Sanitaria 500 efectivos de “Protección Ciudadana” para agruparse y entrar a la Pancho Villa, arribamos más de 700 compañeros a intentar negociar con Paura pero me recibió a culatazos y golpes (yo encabezaba la comisión, entonces era dirigente de la colonia Pancho Villa)”.
“Cuando me llevaban esposado, soltaron el primer balazo del lado de la policía, así inició la balacera, se detuvo el tiroteo pero inició otro en la avenida Aztlán; otro grupo se compañeros de la Pancho había cerrado el paso a la policía por ese flanco. Llegaron compañeros de colonias hermanas (un contingente importante de Tierra y Libertad) pero la masacre se consumó sobre la avenida Aztlán”, sostiene Dorantes.
Expresa que los asesinados eran todos de la colonia “Francisco Villa”; Canuto Cruz, Pablo Hernández, Rubén Gutiérrez, Antonio Franco, Antonio Olivares y José Nava.
Afirma Dorantes que desde noviembre de 1975, “compañeros de la colonia “San Ángel” habían solicitado el apoyo a la Pancho Villa para electrificar un sector, el dirigente era el compañero “Quico”. Los “charros” (priístas contrarios) corrieron el rumor que se iba a llevar a cabo un robo de postes de luz de CFE, era en realidad un pretexto; el capitán Juan Urrutia Paura había decidido “dar una lección» a los posesionarios de la “Pancho”, observa el ahora miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional en el PT.
Evocación en el Congreso
Hace días, el pasado 18 de febrero el diputado del PT, Zeferino Juárez Mata, recordó en la tribuna del Congreso del Estado la tragedia: “El 18 de febrero de 1976 ocurrió en nuestra ciudad de Monterrey una matanza sin precedentes a manos de las fuerzas policíacas, entonces llamada Protección Ciudadana. Dicha fuerza represora se mantuvo al asecho durante varios lustros, persiguiendo, encarcelando, torturando y asesinando a miembros de las organizaciones urbano-populares que hoy conforman el Frente Popular ‘Tierra y Libertad’.
Esto mientras que cientos de manifestantes de varias organizaciones populares marchaban por las calles del centro de Monterrey demandando justicia como año tras año desde 1976, exigiéndose castigo para los responsables.
También actor en su momento del movimiento popular, Pedro Bernal dijo en entrevista que toda la investigación de la Procuraduría quedó detenida, que nunca se consignó a un juez.
“El gobernador Zorrilla nunca tuvo voluntad de cumplir con su promesa de que se hiciera justicia…el que vino arreglando las cosas fue el presidente Echeverría, con quien se logró que las autoridades de Nuevo León cumplieran parte del pliego petitorio de indemnizar a las viudas, dar becas de estudio para los hijos y otras cosas, pero la justicia es fecha que no se aplica, eso es lo que se demanda, justicia”.
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