La Presidenta de CEDHNL Sofía Velazco destacó que la iniciativa incluye, entre otros, los derechos a la vida digna, a la igualdad y no discriminación de personas en situación de migración y sus familias
MONTERREY | La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco Becerra, el Diputado Melchor Heredia Vázquez, presidente de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios del Poder Legislativo local, integrantes de dicha Comisión Especial y Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas Casa Monarca, presentaron hoy en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, una iniciativa de Ley para proteger los derechos de las personas en situación de migración.
Durante dicho acto, Velasco Becerra destacó que la iniciativa que se presenta enumera una serie de derechos inherentes a las personas en situación de migración y a sus familias, que incluyen entre otros, el derecho a la vida digna, a la igualdad y no
discriminación, a que se respete su integridad física y psicológica, a su libertad personal y a recibir un trato respetuoso por parte de las autoridades.
“Las personas en situación de migración gozarán del derecho de acceso a la procuración e impartición de justicia, que incluirá el derecho a ser asistidas por un traductor o intérprete, por un representante legal y a obtener la asistencia consular que
requieran”, precisó.
“Respecto a sanidad y educación, podrán acceder a los servicios educativos y a recibir atención médica provistos por el sector público”, dijo.
Además, señaló que la propuesta incluye la creación de una Unidad que se propone dependa de la Secretaría General de Gobierno, cuya principal función será la de promover, proteger y garantizar los derechos de las personas en situación de migración en el Estado de Nuevo León.
La presidenta de la CEDHNL añadió que la iniciativa contempla también la creación de un registro de personas en situación de migración, cuya inscripción será totalmente voluntaria y gratuita.
“Su objetivo principal será el de apoyarles para que puedan tener una identificación estatal oficial, a fin de impulsar el respeto de sus derechos y contar con información para implementar acciones y políticas públicas a favor de su protección “, indicó.
Agregó que esta Ley aplica para las y los servidores públicos del Estado y de los municipios, que tienen la obligación de realizar acciones de protección en beneficio de este grupo vulnerable.
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