Más de 25 mil habitantes del municipio viven desde hace 50 años en la ilegalidad, tras el litigio entre el Ayuntamiento, el Gobierno de Nuevo León y 200 ejidatarios; estos últimos reclaman la legítima propiedad de 8 mil 340 hectáreas (la superficie total de Hidalgo) respaldados por un decreto presidencial de 1934.
Por Francisco Cuéllar Cardona
HIDALGO, Nuevo León | Este es un municipio fuera de la ley. Aquí nadie es dueño de nada. Nadie puede comprar, pero tampoco nadie puede vender.
Los 25 mil habitantes de este municipio, desde hace 50 años están en el limbo jurídico; ninguna casa, ni comercio, ni edificio de gobierno tiene título de propiedad porque no cuentan con escrituras, y las que existen, no tienen validez; sólo el predio de Cemex que ya cerró y que fue fuente de riqueza y empleos en el municipio, está legalizado porque los ejidatarios así lo decidieron en su asamblea.
200 vecinos del ejido Hidalgo de este municipio se dicen dueños absolutos de ocho mil 340 hectáreas amparados en un Decreto Presidencial firmado por Lázaro Cárdenas en 1934. Decreto que fue ratificado por la autoridad agraria en 1969.
La Acta del deslinde
Desde entonces, los ejidatarios han librado una batalla jurídica con el municipio de Hidalgo y el Gobierno del Estado. «Ha sido una larga lucha donde alcaldes y gobernadores se han hecho de la vista gorda y se han vuelto cómplices de los caciques del pueblo para mantener en el atraso a Hidalgo, privándolo del desarrollo y las inversiones; pero vamos a ganar ésta batalla», dice con seguridad el Comisariado Ejidal, Luciano Flores Dimas.
La situación jurídica y territorial de Hidalgo, es insólita y única en el país: todo el municipio está en la ilegalidad, porque está asentado en terrenos del ejido, «literal, se puede decir, que el Ejido, es el dueño del municipio», aseguran los ejidatarios.
Donde está construida la presidencia municipal, la iglesia, el panteón y todas las 20 colonias del municipio, es tierra ejidal, insiste Flores Dimas.
Panteón en municipio de Hidalgo
Ningún habitante en Hidalgo es sujeto de un crédito de Infonavit o hipotecario, porque nadie puede documentar legalmente sus propiedades. Tampoco pueden llegar a instalarse fábricas o aterrizar inversiones que detonen el desarrollo, «este es un municipio zombie; todos están muertos jurídicamente», dicen los comerciantes entrevistados.
El conflicto lo revivió y lo puso en la agenda el Consejero Nacional del PRD, el abogado Aníbal Garza, quien el pasado 16 de julio, acompañado de familias hidalguenses entregó en la oficina del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón un oficio en donde exige la urgente regularización de la tierra en el municipio de Hidalgo, donde las familias no tienen documentos de su propiedad.
«Solo tenemos un papelito, un planito hecho a mano donde se dice que nosotros somos los dueños, pero no tiene validez. Así los hemos heredado de nuestros antepasados», dice Monserrat Elizabeth Leos, quien dice ser dueña de una tienda de abarrotes, pero sólo de palabra porque no tiene ningún papel o documento oficial que la valide.
«Tengo viviendo aquí 20 años porque mi papá me dio este pedazo, pero no tengo un papel que me avale. Aquí no se puede vender ni comprar nada», asegura Monserrat Elizabeth.
LA BATALLA LEGAL
Después que la autoridad federal agraria, ratificó la propiedad de las 8 mil 340 hectáreas a favor del Ejido «Hidalgo» en 1969, se inicio la lucha jurídica por parte de los ejidatarios, pero la sordera de los alcaldes durante trienios silenció el problema de la tenencia de la tierra. Fue en el gobierno de Natividad González Parás, el 21 de octubre del 2007 cuando se firmó un convenio para la regularización de la tierra en la que Fomerrey empezaría a expedir escrituras. A decir de Edgar Puebla, Director Jurídico del municipio, el gobierno estatal habría pagado 16 millones de pesos como indemnización a los ejidatarios, pero no pudo probar con documentos ese pago.
El alcalde Hernán Cortés Lozano, por su parte se negó a dar una opinión sobre el tema y es acusado por los hidalguenses de esconderse y darles la espalda cuando le han solicitado atender sus reclamos, toda vez que este problema fue una de las banderas de su campaña electoral, «hoy se esconde y nos da la espalda», dijeron vecinos que se congregaron en la plaza principal del municipio.
Convenio incumplido por el Gobierno de natividad Gonzalez Parás
Ante el incumplimiento del Gobierno del Estado al Convenio firmado por Natividad González Parás, en el 2014, los ejidatarios interpusieron una demanda a través del expediente 1294/2014 quedando anulados los acuerdos del 2007. Y fue el 7 de noviembre del 2018, cuando el Tribunal Agrario emite la resolución de la nulidad absoluta e ineficacia jurídica del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Hidalgo a favor de los ejidatarios.
Este pleito arrastra y enreda al Congreso del Estado quien aprobó el Plan Municipal de Desarrollo sin valorar el conflicto jurídico en el que está envuelto el municipio de Hidalgo, «los diputados, pese a tener fuero alcanzan responsabilidad jurídica por aprobar un Plan de Desarrollo de forma ilegal», dice un abogado consultado para este reportaje.
La resolución del Tribunal Agrario del 7 de noviembre del 2018, llevó al Gobierno del Estado encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, a la Tesorería Estatal y al gobierno municipal de Hernán Cortés Lozano a promover tres amparos, agudizándose así la lucha entre las partes.
LOS RESPONSABLES DEL CONFLICTO
¿A quién le conviene que el municipio de Hidalgo siga en la ilegalidad?, se le pregunta al comisariado Luciano Flores Dimas.
La respuesta es directa:
«A los caciques de Hidalgo, a la familia Lozano que son los dueños del poder político y económico del municipio. Ellos ponen y quitan a los alcaldes y los manipulan. A los presidentes municipales les conviene el caos porque ellos cobran el impuesto predial a su antojo y el dinero se lo quedan. Eso es ilegal porque no pueden cobrar el Predial cuando no hay escrituras. Y al Gobierno del Estado también le conviene porque sin papeles, no los obliga a promover servicios ni inversiones».
El actual alcalde Hernán Cortés Lozano, del Partido Verde, cuando anduvo en campaña se comprometió a encabezar una cruzada por la regularización de Hidalgo. La gente creyó en él y le dio su voto, pero hoy se esconde y no da la cara, insisten los hidalguenses.
El gobierno del Bronco es omiso e irresponsable, dicen, porque esta viendo que el problema está creciendo y no hace nada.
El problema de la tenencia de la tierra está convertido en un problema social en Hidalgo y si no lo resuelven puede estallar en un conflicto de grandes dimensiones, «el derecho a la propiedad, es un derecho humano y aquí se están violentando los derechos de 25 mil habitantes. Los hidalguenses no pueden seguir así», afirmó el abogado Anibal Garza que adelantó que esta lucha por la legalidad y contra la pobreza patrimonial en Hidalgo, apenas comienza.
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