Luego del ataque a las instalaciones de El Monitor de Parral, 53 medios de comunicación han sufrido atentados en México del 2006 a la fecha, refiere la CNDH
CIUDAD DE MÉXICO | Con el fin de salvaguardar la vida e integridad de personal, directivos y colaboradores del periódico “El Monitor de Parral”, cuyas instalaciones fueron atacadas con artefactos similares a bombas molotov, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió a la Secretaría de Gobierno y Fiscalía General, ambas del estado de Chihuahua, la implementación de medidas cautelares.
Este Organismo Constitucional Autónomo expresa su solidaridad al personal de dicho medio de comunicación y al gremio periodístico del estado de Chihuahua, al tiempo que demanda a las autoridades de procuración de justicia la investigación exhaustiva de los hechos, para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponde.
Con estos hechos ocurridos la mañana de este miércoles suman ya 53 los atentados contra instalaciones de medios de comunicación desde 2006, lo que da cuenta de la forma violenta en que se pretende inhibir la labor periodística y generar temor entre quienes laboran en las distintas áreas de los medios de comunicación.
Para esta Comisión Nacional, la violencia contra periodistas, en todas sus formas, desde las descalificaciones, pasando por las amenazas hasta delitos más graves como los atentados a sus instalaciones, o incluso las desapariciones o los homicidios de comunicadores, generan un contexto hostil que hace de México el país más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano.
Este Organismo Nacional enfatiza que, ante este clima de inseguridad, son muchos los medios y periódicos que prefieren no escribir o difundir determinados temas ante el temor de represalias o ataques, con lo cual se generan autocensura y zonas de silencio en el país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos permanecerá atenta a la evolución de los acontecimientos y observará el cumplimiento de las autoridades sobre la implementación de las medidas cautelares que les fueron planteadas.
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