Por Anayeli García Martínez
Ciudad de México | Cimacnoticias.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, afirmó que no desaparecerán ni están en duda los recursos económicos para la protección a personas que están situación de riesgo por ejercer y defender la libertad de expresión o los Derechos Humanos.
Así lo expresó en una reunión virtual que se realizó este martes 9 de junio para revisar el funcionamiento del fideicomiso operado por el Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se creó con base en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida en junio de 2012.
En el foro las y los diputados de los diversos partidos políticos reconocieron la importancia del trabajo de periodistas y personas defensoras, por esa razón se comprometieron a garantizar los recursos para la protección a esta población, ya sea por medio del fideicomiso, que este año obtuvo 227.6 millones de pesos (mdp), o a través de otro mecanismo.
El diputado por Morena, Mario Delgado, explicó que luego de que en mayo su partido presentó una propuesta para desaparecer 44 fideicomisos, el Poder Legislativo está revisando si éstos funcionan adecuadamente y han logrado los objetivos para los cuales fueron creados y, en caso de ser necesario, acordar si continúan o cuál sería la mejor manera de administrar estos recursos.
Al respecto, el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Aarón Mastache, consejeras y consejeros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y representantes de organizaciones civiles explicaron que este fideicomiso no debe desaparecer porque se utiliza para salvaguardar vidas.
Mastache, quien también es coordinador ejecutivo nacional del Mecanismo de Protección explicó que esta institución otorga medidas para proteger la vida de población en riesgo por su trabajo periodístico o la defensa de Derechos Humanos. El último corte indica que hasta mayo sumaban mil 206 personas beneficiadas con medidas de protección.
El funcionario explicó que las medidas pueden ser desde sustraer a la persona en riesgo de su lugar de origen, hasta entregarles equipos de geolocalización, radio, telefonía satelital, cerraduras, cámaras de seguridad, chalecos antibalas o autos, entre otras.
Al presentar los antecedentes de este fideicomiso, explicó que comenzó a funcionar en 2012 con un monto de 40.8 millones de pesos, pero debido a la creciente cantidad de personas beneficiadas, los recursos no han alcanzado. Desde 2018 cada año el Mecanismo solicita ampliaciones presupuestales a la Cámara de Diputados.
Este año, dijo Mastache, el fideicomiso obtuvo 227.6 mdp, pero sus proyecciones indican que necesitarán 187 mdp para concluir 2020 e iniciar el primer trimestre de 2021. También recordó que todos los gastos de operación del Mecanismo están a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob, por tanto, los recursos del fondo no se utilizan para el pago de salarios, viáticos o actividades administrativos.
Además explicó que los recursos los entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHyP) y el fiduciario es el Banco del Bienestar. El funcionario alertó que cambiar la figura jurídica de fideicomiso a fondo público, provocaría que los pagos de servicios de protección se realicen a través de áreas administrativas de la Segob, y no de manera directa como hoy opera, lo que haría más complejo el gasto de este presupuesto.
En el encuentro participaron las y los consejeros del Mecanismo, entre ellos la periodista Lucía Lagunes Huerta, quien llamó la atención sobre la importancia de transparentar el uso de los recursos públicos de una institución que se dedica a proteger vidas. La periodista aseguró que entre abril y mayo hubo 39 agresiones contra periodistas y defensoras, de las cuales 33 fueron contra periodistas.
La también directora de Comunicación e Información de la Mujer A. C. (Cimac) expuso los riesgos que se atienden por medio de este fideicomiso y destacó que en lo que va del actual sexenio se han registrado 290 ataques a mujeres periodistas; por ello consideró que además de la importancia del ejercicio transparente de los recursos, el Estado mexicano debe atender la deuda que tienen con periodistas y defensoras.
A su vez, organizaciones como la Casa del Migrante de Saltillo, Artículo 19 y Amnistía Internacional llamaron la atención sobre los riesgos de pasar este fideicomiso a un fondo que operaría la Segob y del cual se podría hacer un uso discrecional; mientras que para Reporteros Sin Fronteras en esta revisión es necesario analizar por qué una empresa privada ha sido la única que puede ofrecer las medidas de protección y por qué no se diversifican los prestadores de servicios.
Las y los representantes de la sociedad civil reiteraron el llamado a no quitar el dinero para la protección de quienes están en peligro, sino de fortalecer este fideicomiso, promover medidas de transparencia del ejercicio de los recursos y no transformar el fideicomiso en un fondo que sólo dejaría la puerta abierta para más discrecionalidad.
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