Las agresiones no son casos aislados, en México es cada vez más frecuente el abuso de la fuerza policial para reprimir las protestas del movimiento feminista, inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y bloquear el derecho de la sociedad a ser informada, alerta la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) expresó su preocupación y más enérgica condena por la represión y violencia ejercida en contra de al menos 16 mujeres periodistas de México, durante la cobertura de protestas o movilizaciones feministas en el último mes, en distintas entidades federativas de ese país, como Guanajuato, Chihuahua, Sonora y el Estado de México.
La organización refiere a través de un comunicado que, el pasado viernes 11 de septiembre, 12 reporteras, blogueras y fotoperiodistas fueron víctimas de agresiones, amenazas, intimidación y abuso de la fuerza ejercida por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuando cubrían la protesta de colectivos feministas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, frente al Centro de Justicia en Atizapán de Zaragoza y la toma de las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en Ecatepec.
De igual manera, el día 22 de agosto en el municipio de León, Guanajuato, las periodistas Melissa Esquivias de Informativo Ágora, Alfonsina Avila de Zona Franca, Martha Silva y Brenda Orozco de PopLab Mx fueron agredidas física y verbalmente por policías municipales, para impedir que documentaran la detención de al menos 23 mujeres manifestantes que exigían justicia por un presunto caso de acoso sexual en agravio de una joven.
«Actos de represión como estos, son reprobables e inaceptables, contravienen tratados internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, y por lo tanto, deben ser sancionados hasta sus últimas consecuencias», sostiene la Red Internacional que agrupa a periodistas feministas de más de 30 países.
Alertó que «lo más grave es que no son un hecho aislado, en México se está volviendo cada vez más frecuente el abuso de la fuerza policial para reprimir las protestas del movimiento feminista, inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y bloquear el derecho de la sociedad a ser informada»
Cabe destacar que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. En lo que va del 2020 se ha perpetrado el asesinato de los periodistas: Maria Elena Ferral y Julio Valdivia en Veracruz, Jorge Armenta en Sonora y Pablo Morrugares en Guerrero.
El Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC) ha documentado 198 atentados contra mujeres periodistas en México en lo que va del año.
La organización Artículo 19, en el primer semestre del 2020 reportó 406 agresiones en contra de la prensa en el país y 65 de ellas se cometieron durante la cobertura de protestas y movimientos sociales.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe “Mujeres Periodistas y Libertad de Expresión”, reconoció que además de ser objeto de la amplia gama de violaciones de los derechos humanos que afectan a los periodistas en general, las mujeres periodistas enfrentan riesgos adicionales en el ejercicio de su profesión en razón de su género y otros factores interseccionales de discriminación.
En ese contexto, quienes integran la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, hacen un llamado a las diferentes instituciones del Estado Mexicano, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen y castiguen con todo el rigor de la ley a los funcionarios públicos y elementos policiales que han incurrido en violaciones a la libertad de prensa, a reparar el daño a las víctimas; garantizar la no repetición y las condiciones para que las y los periodistas puedan informar sin restricciones al público sobre las protestas así como realizar un mayor esfuerzo para capacitar a las fuerzas de seguridad sobre los derechos relativos a la libertad de expresión y manifestación de movimientos sociales.
El pronunciamiento de la RIPVG está dirigido a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza y a la Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas Irene Zubalda Khan.
De igual manera al Presidente de México Andres Manuel López Obrador, a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración Alejandro Encinas Rodríguez, al Titular del Mecanismo Federal de Protección a Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Aarón Mastache, al Gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza y al Gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
También a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra, al Fiscal General del Estado de México Alejandro Gómez Sánchez, al Fiscal de Justicia del Estado de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre y al Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
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